El procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, aseguró que actuó con total autonomía y en respeto al marco legal al momento de participar en las negociaciones para lograr el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht, que ha reconocido haber pagado coimas por obras públicas en el Perú.
“Los procuradores actuamos con autonomía. Yo tengo el cargo desde varias gestiones ministeriales anteriores. Desde la época de la Dra. Pérez Tello, luego del Dr. Mendoza, luego siguió (Salvador) Heresi y el actual ministro de Justicia. En todo este periodo, no he recibido ninguna directiva de ninguno de estos ministros y hemos actuado de manera autónoma en ejercicio de nuestras funciones”, dijo en declaraciones a Canal N.
Jorge Ramírez confirmó que mantuvo informado a Vicente Zeballos, ministro de Justicia y Derechos Humanos, sobre los avances y los montos que se establecieron en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Sin embargo, destacó que estos números se calcularon en respeto a la ley 30737 aprobada por el Congreso.
“Yo, al ministro actual, como a los anteriores, he informado de los avances respecto a la reparación civil. Es de conocimiento público que existe el reglamento de la ley 30737 que establece la fórmula para calcular el monto de reparación civil. En ese contexto, hemos informado sobre estos montos, pero la responsabilidad y la capacidad técnica corresponde a la procuraduría pública que yo represento”, precisó.
Jorge Ramírez advirtió que las tensiones políticas que se pueden apreciar en la aprobación de una moción de interpelación contra Vicente Zeballos en el Parlamento pueden disuadir a otras personas que quieran acceder a mecanismos de colaboración eficaz.
“Preocupa que las tensiones políticas puedan repercutir en futuros colaboradores. Me refiero a empresas que ya se estarían sometiendo y que se mantienen en reserva a la colaboración eficaz. Pero soy respetuoso de la decisión del Congreso y el ministro estará yendo la próxima semana”, indicó.
La procuradora ad hoc adjunta, Silvana Carrión, también recordó que hasta el momento el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, que cuenta con más de mil folios, se mantiene en reserva y que solo se ha conocido del acuerdo preliminar que tiene unas 33 páginas.
En ese sentido, aseguró que el punto en el cual se plantea que Odebrecht se exima de la ley 30737, cuestionado por la congresista Yeni Vilcatoma en su moción de interpelación, no afectará de ninguna manera la cifra de reparación civil.
“La eximencia de la ley implica que Odebrecht está liberado del fideicomiso legal que tiene hasta este momento creado por la norma. Que estará exonerado de pedir autorización para hacer algunas transferencias fuera del país, exonerado de pedir autorización al Ministerio de Justicia para la venta de sus activos porque se supone que ya arribó a un acuerdo con el Estado peruano [...] El acuerdo trae candados con condiciones que, si no se cumplen, establece que pueden revocarse. No es un cheque en blanco”, garantizó.