La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César San Martín, inició el trámite para analizar el recurso de casación que presentó la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, con la finalidad de anular la orden de prisión preventiva que se le dictó como parte de la investigación por los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht para su campaña electoral.
Fujimori, a quien la fiscalía imputa el presunto delito de lavado de activos, permanece hace 140 días en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple 36 meses de prisión preventiva que le dictó el juez Richard Concepción Carhuancho el 31 de octubre del 2018.
Este recurso de casación alcanzó la última instancia del Poder Judicial (PJ) luego de que la Segunda Sala de Apelaciones confirmara la prisión preventiva.
Giulliana Loza, abogada de la ex candidata presidencial, cuestionó –entre otros puntos– el debido proceso y la valoración de pruebas.
—Hacia la calificación —En los próximos días, el tribunal supremo deberá determinar, inicialmente, si el recurso de casación es admisible o no. ¿Qué implica esto? Según el penalista André Sota, una casación es un recurso extraordinario que procede bajo determinadas causales y contra determinadas resoluciones.
Por ejemplo, dijo, no procede contra una resolución que haya confirmado una prisión preventiva. Es decir, el recurso de Fujimori no podría ser declarado admisible.
Sin embargo, advirtió Sota, existe una excepción: “Se admitiría si es que la Corte Suprema decide que el caso planteado por la defensa podría servir para desarrollar una doctrina jurisprudencial”.
Según Sota, lo que podría interesarle desarrollar a la Corte Suprema es “la naturaleza de cómo se debe considerar al testigo protegido o colaboradores eficaces para dictar una prisión preventiva. Eso no está claro”.
Dicha decisión deberá ser tomada en una audiencia privada entre los magistrados integrantes de la Sala Penal Permanente. Si la Corte Suprema considera que lo planteado por la defensa de Fujimori servirá para sentar jurisprudencia, se pasará a una segunda etapa.
En esta segunda etapa, según el abogado penalista y ex decano del Colegio de Abogados de Lima Mario Amoretti, se convocará una audiencia pública en la que la defensa de Fujimori deberá sustentar su pedido.
—San Martín se aparta—Si bien la Sala Suprema Penal Permanente está presidida por César San Martín, el juez supremo adelantó a El Comercio que no participará en este proceso.
Indicó a este Diario que meses atrás se inhibió de todos los casos vinculados a Fujimori y por tanto, en este nuevo recurso tampoco participaría. “Yo antes ya me inhibí y eso fue para todos los casos de la señora”, dijo.
En consecuencia, anunció que la presidencia de la sala la asumirá el juez supremo Aldo Figueroa.
Cabe indicar que este magistrado fue mencionado en el informe de la fiscal contra el crimen organizado Sandra Castro, como uno de los altos funcionarios vinculados al caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Consultado por El Comercio, Figueroa prefirió no pronunciarse sobre el tema de Keiko Fujimori. Aseveró que no tenía conocimiento que deberá asumir la presidencia de dicha sala.
Completan la sala penal permanente los jueces supremos Iván Sequeiros Vargas, Hugo Príncipe Trujillo y Zavina Chávez Mella. Además, un nuevo juez deberá ser designado para cubrir la ausencia de San Martín en este caso.
—A la espera—Mientras todo este trámite sigue su curso en el PJ, Keiko Fujimori pasa sus días dedicada a la lectura de libros de historia, según señaló su abogada. “Ella está leyendo mucho. Lo que es historia y literatura. Yo la visito casi todos los días y lo comentamos”, indicó Giulliana Loza.
La letrada dijo que confía en que la Corte Suprema revertirá la decisión de las dos primeras instancias y liberará a su patrocinada.Su prisión preventiva, afirmó, implica una afectación a su “derecho a la libertad y el que ella pueda estar con sus menores hijas”.