El CNM ocupa un lugar fundamental en nuestro sistema de justicia: nombra a los jueces y fiscales del país. Si el CNM está podrido, el sistema está podrido.
Uno esperaría, por ello, que los líderes políticos del país se pronuncien indignados sobre el contenido de los audios difundidos por IDL-Reporteros y “Panorama”, exijan la remoción de los jueces y consejeros cuestionados, impulsen las investigaciones del caso y den propuestas de reforma para salir del fondo del pozo en el que nos encontramos.
Sin embargo, ni Alan García ni Keiko Fujimori se han pronunciado sobre el fondo del asunto. El primero reclamó en su Twitter por la gravedad del “chuponeo fiscal en manos de gente vinculada a la subversión”. Le hicieron eco Aurelio Pastor y Luis Gonzales Posada, ex ministros apristas, quienes escribieron sobre la existencia de una supuesta red de chuponeo ilegal. Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, explica en una entrevista publicada hoy en El Comercio que los audios son legales y que fueron recabados por la fiscalía con una orden judicial.
Keiko Fujimori, en cambio, guardó silencio hasta que el escándalo le salpicó. Como se sabe, en uno de los audios difundidos por “Panorama” el cuestionado juez César Hinostroza coordina con un interlocutor desconocido una reunión con la “señora K” de “la… de la… caramba, caramba… la fuerza número 1”. El audio también revela que Hinostroza ya habría estado antes en la casa de la señora K.
Fujimori, entonces, también a través de Twitter, indicó que, para evitar suspicacias, ella no conocía sobre la coordinación para la reunión y que esta no se dio. Hasta que terminé de escribir esta columna, eso fue todo. Ningún pronunciamiento respecto a la necesidad de reformar el sistema de justicia, ninguna declaración a la prensa mostrando su indignación por los hechos de flagrante corrupción exhibidos en los audios.
Por el contrario, los simpatizantes de Fuerza Popular prefirieron concentrar sus energías, al igual que sus colegas apristas, en cuestionar la fuente de los audios.
En esa línea, son particularmente alarmantes las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Galarreta, luego de la junta de portavoces, donde expresó su preocupación porque IDL haya dicho que tiene más información que puede salir en cualquier momento “ y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras instituciones”.
Francamente, no se entiende cómo no dar a conocer al público el contenido de los audios faltantes salvaguardaría la institucionalidad del país. O mejor dicho, la institucionalidad democrática, porque la corrupción institucionalizada estaría más que feliz de que las conversaciones que quedan por aparecer no vean la luz.
En estos momentos tal vez vale recordarle a la lideresa de Fuerza Popular sus palabras en junio del 2016, luego de que la ONPE diese a conocer los resultados de las elecciones, cuando declaró que serían “una oposición responsable”, que pensaría siempre “en el futuro de nuestro país”. “Tengan la plena seguridad de que no les vamos a fallar”, afirmó.