La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó declarar la procedencia de la denuncia constitucional presentada por la congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) contra los miembros del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Miranda, Ernesto Blume, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.
La denuncia fue presentada en el 2016. Vilcatoma cuestionó una decisión del TC relacionada a los beneficios tributarios por reinversión de utilidades otorgados a las universidades privadas, tales como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad Privada del Norte (UPN).
Para la legisladora Yeni Vilcatoma, al permitir el fallo que se otorguen los beneficios, se favoreció indebidamente a esas universidades privadas.
En el debate de informe de calificación, realizado esta mañana, hubo cuatro votos a favor (Mario Mantilla, Milagros Salazar, Karina Beteta y Federico Pariona, de Fuerza Popular) y cuatro en contra (Gilbert Violeta y Juan Sheput, de PpK;, Marco Arana, del Frente Amplio; y Oracio Pacori, de Nuevo Perú. El voto dirimente en contra fue del presidente de la subcomisión, César Segura, de Fuerza Popular.
“Me gustaría que no presuman que aquí se está tratando de tomar esto como una venganza, una posición de revanchismo. Como presidente de esta subcomisión, no lo voy a permitir y no está dentro de nuestras funciones”, dijo previamente Segura.
—Antecedentes—En julio de 2011, el ex presidente Alan García promulgó la Ley N° 29766, que dejaba sin efecto el crédito fiscal para universidades desde el 2008.
Tras ello, los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos suscribieron un fallo señalando que el marco constitucional prohíbe disponer la caducidad retroactiva del beneficio fiscal. Por esta sentencia, Vilcatoma los denunció.
En dialogo con El Comercio, el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) señalo antes del debate que se debería de respetar la autonomía de las instituciones y “mucho más” sus decisiones, y agregó que no se puede permitir que por haber sentenciado de una manera determinada ello sea calificado de “infracción constitucional”.
“Llama poderosamente la atención, que la primera propuesta de la secretaria técnica en esta denuncia, por parte de la subcomisión, haya sido de improcedente y ahora su propuesta sea procedente, luego que el congresista Velásquez Quesquén insistiera”, dijo Pacori.
Por su lado, el congresista Marco Arana (Frente Amplio) indicó que la acusación busca generar una situación de inestabilidad en el TC de parte de Fuerza popular y el Apra, pero consideró que hay elementos “seriamente preocupantes” como la exoneración tributaria a las universidades señaladas.
“Nosotros evaluaremos todos los elementos de prueba que se planteen, pero en realidad no deja de ser una respuesta del fujimorismo y el Apra al intento que ellos tenían para defenestrar a los miembros del Tribunal Constitucional ya por otras razones”, agregó Arana antes de la sesión de la subcomisión de este martes.
Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, la presentación de la denuncia constitucional no tenía base alguna para acusar a los magistrados del TC, ya que esta “colisiona” directamente con la Constitución, porque los integrantes del citado organismo cuentan con la misma inmunidad que los congresistas.
Añadió que existe un debate sobre si los magistrados del TC pueden cometer o no el delito de prevaricato, ya que, en el Código Penal, existe este delito para los jueces del Poder Judicial, pero no para los magistrados del TC.
“Si aplicamos el principio de legalidad están fuera de eso. Finalmente, me parece una acusación absolutamente impertinente, porque, en este momento, si se acaba de conformar la comisión para seleccionar los futuros magistrados que son seis para el 2019. Una acusación extemporánea como esa resulta claramente perturbadora”, agregó Quiroga.
—Otra decisiones—De otro lado, por mayoría se aprobó archivar la denuncia constitucional interpuesta por Tamar Arimborgo (Fuerza Popular) contra el parlamentario Carlos Bruce (PpK) por haber solicitado resguardo policial para su restaurante. Cabe recordar que por este hecho, el congresista fue sancionado en agosto pasado por el pleno con una amonestación pública y una multa equivalente a 60 días de remuneración y gastos de representación.
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