La Comisión Permanente se reúne mañana para debatir y votar el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propone acusar a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico, y destituirlos por infracción a la Constitución. Esto en el marco de la investigación por las grabaciones de Moisés Mamani (Fuerza Popular). Si bien cada sanción requiere una votación distinta, ambas pueden dejar a los tres congresistas fuera del Parlamento.
1) Las matemáticas de los votos.Se debe tener en cuenta que los miembros de las bancadas que voten en la Permanente no podrán hacerlo en el pleno. Para aprobar el informe de la subcomisión en la Comisión Permanente, se requieren 16 votos (la mitad más uno) si los 30 miembros asisten a la sesión. Es decir, Fuerza Popular tiene un voto más de lo necesario [ver recuadro] para aprobar el referido informe con sus votos. Esa mayoría les da el margen para prescindir de al menos de uno de sus miembros para que vote en el pleno.
De hacerlo, Fuerza Popular podría necesitar solo ocho votos, y así sucesivamente. Los votos faltantes estarían en el Apra y el Frente Amplio.
2) Las sanciones contempladas.Fuerza Popular requiere al menos 25 votos para destituir o inhabilitar a los ex miembros de su bancada, y no los tiene. El aprista Javier Velásquez indicó a este Diario que su bancada apoya la acusación por delitos (antejuicio político), pero no la infracción constitucional (juicio político), sobre la cual –dijo– existen deficiencias en el informe de la subcomisión.
“Si se aprueba en la Permanente tal como está, en el pleno se tendrán que hacer votaciones separadas para cada sanción y en la infracción no tienen los [67] votos [necesarios]. Si prospera la posición de retirar la infracción y dejar la acusación por delito, el informe tendría mayor respaldo y se votará su aprobación y el reemplazo de los accesitarios”, refirió a El Comercio.
El artículo 25 del reglamento del Congreso estipula que “si un congresista ha sido suspendido en antejuicio político [acusación por delito] [...] y mientras esta situación dure, será reemplazado por el accesitario. En tales casos, sus haberes serán depositados en una cuenta especial. Si es absuelto, le será entregada la suma acumulada y recobrará todos sus derechos”.
Sobre esta figura, existen antecedentes. El más antiguo es el de José Luna, a quien se lo suspendió en el 2002 por el proceso que se le siguió por la presunta recepción de dinero de Vladimiro Montesinos.
Luna incluso postuló a la reelección en el 2006 y, aun electo, la suspensión se mantuvo hasta el 2009, cuando fue absuelto. Mientras duró su suspensión, fue reemplazado por su accesitario Wilder Ruiz Silva.
3) Las posturas de las bancadas.El Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza para el Progreso y Acción Popular sostendrán reuniones desde hoy para fijar sus posturas sobre su voto final.
Edmundo del Águila, vocero alterno de AP, dijo que primero tendrán que escuchar los descargos que den los acusados ante el pleno. Richard Acuña, de APP, prefirió guardar cautela. “Kenji es mi amigo, prefiero no adelantar opinión”, aseveró.
En el Frente Amplio, según fuentes de la bancada, existe división. “Más allá de la infracción ética, no está claro el delito”, dijeron.
Milagros Salazar, vocera alterna de FP, indicó que la acusación se verá en el pleno entre la primera y segunda semana de junio, tras la semana de representación.
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