La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó este viernes al voto la apelación del abogado Vicente Silva Checa a la orden de 36 meses de prisión preventiva que dispuso el juez Richard Concepción Carhuancho.
Silva Checa es investigado por el delito de lavado de activos por los aportes que Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) recibió para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011. De acuerdo a la fiscalía, el abogado sería asesor en la sombra de la lideresa de Fuerza Popular.
En la audiencia de este viernes, la sala presidida por el juez César Sahuanay además revisa las apelaciones del ex tesorero de Fuerza Popular Luis Alberto Mejía Lecca y del empresario Giancarlo Bertini Vivanco, para quienes también se ordenó 36 meses de prisión preventiva.
La sesión se lleva a cabo en la Sala Penal Nacional, ubicada en Cercado de Lima.
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De acuerdo al Ministerio Público, Silva Checa habría enviado a Luis Mejía Lecca a San Martín para instruir a falsos aportantes con el objetivo de ocultar los presuntos aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht.
En el caso de Mejía Lecca, el juez Concepción indicó cuando evaluó su caso que existe “sospecha grave respecto a los delitos de lavado de activos y obstrucción a la justicia”.
Giancarlo Bertini, para quien también se ordenó captura nacional e internacional porque se encuentra prófugo, ha sido señalado por la fiscalía como un falso aportante de Fuerza 2011.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bertini aportó S/171.575 a la campaña del 2011. Además, fue gerente general de Italia Import Export, la cual figura en la relación de personas jurídicas que aportaron a la campaña de Keiko Fujimori del mismo año.
El último miércoles, el coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, solicitó al juez Sahuanay la reprogramación de la audiencia. Argumentó que no se les había alcanzado la documentación correspondiente a la apelación de los investigados, así como tampoco diversas resoluciones del juez Richard Concepción Carhuancho.
No obstante, el titular de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional denegó el pedido del fiscal. Sostuvo que los documentos entregados fueron anexados con todo el expediente.