Tras el rechazo de Uruguay al asilo político del ex presidente Alan García, el congresista Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) afirmó ahora el ex mandatario “está obligado a ponerse a disposición” de la justicia y “respetar las decisiones que tomen la Fiscalía y el Poder Judicial”.
El legislador dijo, además, que la decisión ratifica que vivimos en un Estado de Derecho.
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Por su parte, el vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, saludó la decisión del gobierno de Uruguay en rechazar el pedido de asilo diplomático solicitado por el ex presidente Alan García.
“Evidentemente con satisfacción escuchar la posición del gobierno uruguayo. Era importante que nos ayuden en esta lucha contra la impunidad”, manifestó a Canal N.
Para Richard Arce, que Uruguay haya negado la solicitud de asilo del líder aprista marca una “cruzada de toda Latinoamérica” en la lucha contra la corrupción.
“Es muy importante en el marco de la lucha contra la corrupción, que el gobierno del Uruguay [...] se haya pronunciado para que nos puedan ayudar en esta lucha contra la corrupción que es una cruzada de toda Latinoamérica”, sostuvo.
Por su parte, el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, recalcó que ahora corresponde al Ejecutivo y al Legislativo garantizar la independencia de poderes para reafirmar que no existe persecución contra opositores políticos.
“Creo que en el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo tenemos que abocarnos a pedir que haya la mayor independencia del Poder Judicial para poder actuar”, señaló.
Asimismo, Marco Arana consideró que existen razones para evaluar una prisión preventiva contra Alan García debido a que se cumplen las premisas de obstaculización de la justicia y peligro de fuga para dictar esta medida, según estimó.
“Evidentemente Alan García ha estado buscando interferir con la justicia. [...] Y efectivamente Alan García ha dicho que hay persecución política para poder huir, para poder fugarse, y eso no se puede seguir permitiendo”, indicó.
Alan García es investigado por la fiscalía por el presunto pago de coimas de parte de la empresa brasileña Odebrecht durante su segundo gobierno (2006-2011).