El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, reinició desde las 11 a.m. de este martes la audiencia en la que evalúa el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Adriana Tarazona, fundadora de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), partido liderado por Keiko Fujimori.
Como se sabe, el juez ya resolvió ordenar prisión preventiva contra Fujimori. Aún resta conocer su decisión sobre otros diez investigados.
Al momento, si bien Keiko Fujimori ya se encuentra en prisión preventiva, se ha evaluado además la situación jurídica de Ana Herz, Pier Figari, Jaime Yoshiyama, Vicente Silva Checa y Augusto Bedoya.
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De acuerdo al requerimiento fiscal, Tarazona estaba a cargo de administrar y colocar el dinero ilícito que había captado la presunta organización delictiva en la campaña del 2011, aprovechando su cargo de tesorera alterna entre los años 2009 y 2012.
Es fundadora de Fuerza Popular, partido al que sigue afiliada. Trabajó como economista al lado de Keiko Fujimori desde que era primera dama y la acompañó como asesora cuando fue congresista. Tarazona fue quien compró el kit para inscribir a Fuerza 2011. De igual modo, fue la encargada de las actividades proselitistas de dicho partido. En la actualidad, es la tesorera suplente del fujimorismo.
El fiscal José Domingo Pérez fundamentó ayer el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra el ex secretario de Economía de Fuerza 2011 Augusto Bedoya Cámere, por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a la campaña electoral de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, en el 2011.Según el fiscal, Bedoya se habría desempeñado como uno de los “captadores” del dinero ilícito que recibió la presunta organización criminal en el interior de Fuerza 2011. Incluso, indicó que el ex directivo de Odebrecht Jorge Barata lo habría identificado como una de las personas a las que le entregó el dinero. El abogado Rafael Vega –defensor de Bedoya– señaló que su patrocinado “no es un agente captador de dinero ilícito y de ninguna manera es integrante de una organización criminal”. Agregó que la fiscalía no logró probar “en alto grado de probabilidad” la comisión del delito de lavado de activos que se imputa a su patrocinado.