El fiscal anticorrupción destacado al Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ratificó este jueves su pedido de prisión preventiva por 36 meses para la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.
El juez Richard Concepción Carhuancho retomó la audiencia este viernes, y la finalizó pasadas las 8 p.m. Se retomará la sesión este sábado desde las 10 a.m.
Han sido tres días de sesiones en los que el fiscal y la defensa de Fujimori, y el presunto asesor Vicente Silva Checa, han debatido ante el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho los argumentos a favor y en contra del requerimiento.
A criterio de la fiscalía, existe la necesidad de que la lideresa de FP afronte bajo prisión preventiva la investigación que se le sigue por lavado de activos por presuntamente haber recibido aportes ilícitos de la empresa Odebrecht para su campaña electoral del 2011.
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—INFORMACIÓN PREVIA—En el debate, que duró más de 15 horas, el fiscal trató de demostrar que sí se cumplen los requisitos para dictar la prisión, como el peligro de fuga y obstaculización a la investigación.
“No podría darse comparecencia con restricciones porque podría impedir la averiguación de la verdad y porque se ha demostrado que Keiko Fujimori ha cometido el hecho delictivo por el cual se le investiga”, concluyó el fiscal.
—Testigo denuncia coacción—Uno de los alegatos que el fiscal usó para sustentar que la presunta organización criminal que encabezaría Fujimori Higuchi estaría actuando para obstaculizar las investigaciones es que la testigo Liz Documet Manrique habría sido coaccionada. Ella fue detenida el pasado 10 de octubre, el mismo día de la detención de Fujimori.
Según narró el fiscal, Documet Manrique, quien sería una falsa aportante, lo convocó el pasado 15 de octubre para confesar que el 12 de octubre, cuando se encontraba detenida, la visitó una mujer que se identificó como integrante de FP y le aseguró que el partido le iba a brindar un abogado.
Documet, agregó el fiscal, manifestó que sentía temor pues la mujer le dijo que le convenía seguir diciendo que fue aportante.
Liliuth Sánchez Bardalez –otra de las personas detenidas– también declaró al fiscal que un abogado de FP le hizo firmar unos papeles.
Sánchez negó ante el fiscal haber aportado al partido los S/13 mil que se consignan a su nombre.
Ambas habrían corroborado así la versión del TP 2017-55-3, que también ha señalado la existencia de falsos aportantes.
Para sustentar que Fujimori pretende obstaculizar las indagaciones, mencionó que “en casa de Vicente Silva Checa –otro investigado– se hallaron documentos que tienen como objetivo cuestionar las pesquisas fiscales”.
El fiscal también sostuvo que Fujimori no tiene arraigo domiciliario pues carece de vivienda propia y tiene varios domicilios legales. Además, que pese a contar con medios económicos, no tiene bien inmueble a su nombre.
Sobre el arraigo laboral, manifestó que el testigo protegido TP 2017-55-5 afirmó que Erika Yoshiyama Koga,encargada de las finanzas de FP, lo buscó para “fabricar” boletas de pago del partido para Fujimori.
—Niega fuga—Giuliana Loza, abogada de la investigada, centró sus argumentos en indicar que el fiscal no pudo demostrar que existan fundamentos para dictar una prisión preventiva. “No solo no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de obstaculización”, dijo. Añadió que tampoco corroboró las imputaciones realizadas.
Loza argumentó que el hecho de recibir un sueldo del partido acredita su arraigo laboral. Remarcó que sus hijas viven con ella y que los diversos viajes al extranjero que realizó la ex candidata fueron por invitaciones o por estudios.
Durante la audiencia, Loza afirmó que personas desconocidas realizaban seguimientos a Fujimori.
“No hay un vínculo entre la medida solicitada [prisión] y la situación actual del proceso”, añadió Loza.
Al término de la audiencia, Keiko Fujimori hizo uso de la palabra. “En ningún momento me corrí. No me fugué antes, no me voy a fugar ahora. Enfrentaré este proceso en nombre de la verdad, de mi partido político y de mi familia”, manifestó.
Cuestionó la veracidad de lo dicho por los testigos protegidos y la falta de corroboración por parte de la fiscalía.
“Tengo toda una vida que confirma que no me voy a ir del país. Cuando cayó el régimen de mi padre [Alberto Fujimori], no me fui del país”, expresó.