Las demandas por una educación y una sanidad gratuitas y de calidad han monopolizado las protestas en Chile, pero hay un reclamo que ha pasado más desapercibido y que cobra especial importancia ahora que el país vive su peor sequía en medio siglo: el agua.
“El agua es de todos, no de los ricos ni de los políticos corruptos” o “El agua es un derecho, no un negocio” son algunas de las consignas que se leen en las marchas que recorren Chile casi a diario desde hace dos meses y que han sumido al país en su peor crisis desde el retorno a la democracia, con al menos 24 muertos, miles de heridos y graves quebrantos económicos.
Pero, ¿por qué es tan polémico el sistema de agua chileno?
EL AGUA CHILENA TIENE DUEÑOS
La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), alentada por los llamados "Chicago Boys" -un grupo de economistas chilenos ultraliberales y discípulos de Milton Friedman-, instauró un modelo económico que es duramente cuestionado por los manifestantes y que privatizó servicios como la educación, la sanidad o las pensiones.
El agua no se libró y se calcula que hoy en día el 80 % de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.
Tanto la Constitución (1980) como el Código de Aguas (1981) otorgaron a particulares derechos de aprovechamiento gratuitos y a perpetuidad y les dejaron libertad para usar el agua como quisieran o vender esos derechos a precio de mercado.
“Se buscó deliberadamente convertir al agua en un bien transable. Es un caso único en el mundo y en Latinoamérica que está mostrando ahora sus verdaderos resultados”, explicó a Efe el portavoz de Greenpeace en el país, Mauricio Ceballos.
Años más tarde, durante el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000), se abrió la puerta también a la privatización de las sanitarias.
“En Chile hay una doble privatización del agua, tanto en su origen como en su gestión. Los particulares no son dueños de los ríos como tal, pero sí de los litros por segundo que tienen los cauces”, indicó Efe Alejandra Carmona, profesora de la Universidad de Chile y coautora del libro “El negocio del agua: cómo Chile se convirtió en tierra seca”.
Para la también profesora del centro y coautora del libro, Tania Tamayo, el gran problema del desregulado modelo chileno, más allá del coste final que pagan los usuarios, es que la priorización del uso del agua para consumo humano no está garantizada y que el rol fiscalizador del Estado es casi nulo.
"En países como Francia o Inglaterra el sistema es mixto, pero el Estado cumple un rol muy importante de fiscalización y entiende que más allá de subsidiar tiene que asegurar a sus ciudadanos este recurso", apuntó Tamayo, en cuyo libro examinan quiénes son las principales familias políticas y empresariales que se han beneficiado de este sistema.
“Hay comunidades rodeadas de pozos privados que no tienen acceso al agua porque no es rentable para las empresas”, agregó.
Según la campaña “Agua de todos”, que recoge firmas para cambiar el modelo, el 98 % del agua chilena se usa para actividades mineras, agrícolas y energéticas -el país andino es una de las principales potencias mineras y frutícolas del mundo-, mientras que solo el 2 % se destina al consumo humano.
AGRAVANTE DE LA SEQUÍA
AGRAVANTE DE LA SEQUÍA
Hay expertos que señalan que la privatización sí es un modelo exitoso, pero solo en escenarios de abundancia de agua, algo que no ocurre hoy en Chile, el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y donde el 76 % del territorio está afectado por la sequía.
“Hay ríos que tienen más derechos que la cantidad de líquido que corre por su cuenca y eso se ha ido agravando por la sequía. Lo que está sucediendo en muchas cuencas es prácticamente una guerra por el agua”, alertó el portavoz de Greenpeace.
A partir del análisis de seis cuencas, la Fundación Chile aseguró en un reciente informe que el 44 % de los problemas hídricos del país tienen su origen en una deficiente gestión del agua.
El que el Estado no sea dueño del agua significa también que tiene que acudir al mercado cada vez que necesita el líquido y gastarse ingentes cantidades de dinero.
El ingeniero y fundador del portal para intercambiar derechos Agua Circular, Christian Valenzuela, explicó a Efe que el mercado hídrico funciona como cualquier otro y que en tiempos de sequía puede llegar a haber especulación, aunque dijo que eso no tiene por qué influir en el precio final que pagan los consumidores.
El acuífero de Caleta Matanzas, en el centro del país, es el lugar con los derechos de agua más caros de Chile, según el portal, y donde el litro por segundo se llegó a vender por 200 millones de pesos (250.000 dólares).
Un estudio de la Fundación Aquae reveló en 2018 que siete de las 10 ciudades de Latinoamérica con el precio del agua más caro se encuentran en Chile.
Si bien ha habido intentos en los últimos tiempos por reformar la legislación, ninguna reforma ha llegado a término por los grandes intereses políticos que hay detrás.
“La situación de crisis social que vive el país va a llevar muy probablemente a cambiar el sistema”, aseguró Carmona, convencida de Chile debe transitar hacia una nueva Constitución que devuelva el agua al Estado y blinde el acceso al agua como un derecho humano, como han hecho otros países de la región.
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