El Poder Judicial de nuestro país aún no halla a los responsables del denominado ‘baguazo’, que el 5 de junio del 2009, es decir hace 3 años, dejó 33 muertos (23 policías y 10 nativos), un desaparecido (el mayor Felipe Bazán), decenas de afectados y al menos siete procesos judiciales abiertos.
Hasta el momento, hay dos civiles en la cárcel esperando juicio y un tercero cumple arresto domiciliario. Sin embargo, los procesos se dilatan y los expedientes se empolvan en los juzgados de Bagua, en la región Amazonas. El proceso que avanza más lento es el abierto por familiares de los policías caídos contra los responsables de las operaciones.
RESPONSABILIDAD DE MERCEDES CABANILLAS Para Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), el Poder Judicial está cometiendo negligencia por dilatar el pedido para incluir a la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, como responsable directa. En febrero del 2009, la militante aprista asumió el cargo de ministra del Interior del gobierno de Alan García.
Sin embargo, Quispe considera que el proceso por el que se inculpa a nativos que participaron en la toma de la estación 6 de Petro-Perú debe volver a cero. “La fiscalía acusa a los pobladores sin pruebas. Los mismos testigos del caso han reconocido que los inculpados no participaron en la captura de policías”, indicó a El Comercio.
Por su parte, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Melissa Ramírez, insistió en la negligencia de la justicia. “Agotaremos todas las instancias para revertir esto, así como para incluir a Cabanillas en el juicio y demostrar su responsabilidad política. Si es preciso, iremos a instancias internacionales”, aseguró.
Mientras tanto, Leodoro Gonzales, presidente de la Asociación de Víctimas y Heridos del 5 de junio, sostuvo también que la justicia tiene una deuda que debe ser pagada pronto. “Es una burla la demora en los procesos, sobre todo cuando ya se han dado nombres de los responsables de las muertes de policías y civiles”, señaló.
¿CÓMO SE GENERÓ? Dos decretos legislativos que regulaban el tema forestal y el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, el 1090 y el 1064, generaron alerta en los pueblos indígenas. Al demostrarse que estos eran incompatibles con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece la consulta previa, se pidió su derogación durante 10 meses.
En abril del 2009 comenzaron las protestas. Luego de 58 días de tensión y once días de bloqueos de la carretera Belaunde Terry en la región Amazonas, el fatal 5 de junio enfrentó a policías e indígenas en la Curva del Diablo. Trece días después, el Congreso aprobó la derogación de los decretos.
CRONOLOGÍA Los decretos de la discordia 28/6/2008 Se publican los decretos legislativos sobre la ley de la Amazonía, entre ellos el 1090 y el 1064. 26/5/2009 Pobladores de Bagua y Utcubamba acatan un paro indefinido para exigir que deroguen dichos decretos. 28/5/2009 Se suspende en el Congreso el debate sobre el proyecto de ley que derogaría el decreto 1090. 5/6/2009 La policía se enfrenta a los nativos que bloquean la carretera Belaunde Terry. Se produce el secuestro de los policías ubicados en la estación 6. Hubo 33 muertos. 17/6/2009 El Gobierno y los dirigentes nativos acuerdan derogar los decretos 1090 y 1064. El presidente García acepta que hubo una sucesión de errores en el manejo del conflicto. 18/6/2009 El Congreso aprueba la derogación de los cuestionados decretos.