Las autoridades dominicanas esperan que el pez loro, una de las especies “vitales” para el mantenimiento de los mares y que representa el 40 % de las presas que caen en las redes de los pescadores locales, sea el principal beneficiado con las vedas de pesca vigentes hoy en el país.
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La medida del Ministerio de Medio Ambiente, anunciada el 17 de junio, protege a tiburones y rayas por tiempo indefinido, al pez loro por dos años y al erizo negro por cinco, prohibiendo su captura y comercialización en todo el territorio nacional, así como la de sus productos derivados, incluyendo su exportación o importación.
La viceministra de Recursos Costeros y Marinos, Ydalia Acevedo, explicó en declaraciones a la agencia Efe que el pez loro, “primer renglón, y por mucho”, en lo que a capturas pesqueras se refiere, es una especie herbívora que se alimenta de las algas que crecen en los corales, y es “fundamental para el mantenimiento de los arrecifes”.
Si desaparece, las algas crecerían de forma descontrolada causando la muerte de los corales, lo que afectaría drásticamente al ecosistema, dado que se detendría la producción de arena de las playas, provocando un deterioro progresivo que degeneraría en la “desaparición en cadena de cientos de especies”. Es por eso que “pocos países permiten la pesca de peces herbívoros”, aseguró la viceministra.
Además del costo medioambiental, Acevedo destacó las consecuencias que esto traería para el sector turístico en un destino de sol y playa como es la República Dominicana.
Dado que esta especie suma “entre el 40 y el 45 %” de las presas, los pescadores se verán “muy afectados porque sus capturas disminuirán” pero, de no tomarse medidas ahora, “no va a quedar nada”, y no habrá futuro para esos ecosistemas marinos ni para los propios pescadores.
Antes de aplicar la veda, el Ministerio estuvo haciendo levantamientos en las zonas costeras y mantuvo encuentros con entidades y asociaciones de establecimientos que comercializan este pescado, para concienciar sobre la necesidad de frenar su consumo.
“Hubo muy buena acogida, aunque la mayor presión la hemos recibido de los pescadores comunes. Pero los pescadores están asociados y hay organizaciones que se han mostrado dispuestas a colaborar” en la observación de la veda.
También se ha buscado el consenso con las distintas entidades municipales antes de aplicar la medida, de carácter preventivo pero contundente porque “lo que no podemos hacer es esperar a que se extinga en pez loro para tomar decisiones drásticas”, dijo.
Si la situación del pez loro es preocupante, más alarmante es aún la del tiburón, totalmente diezmado en aguas caribeñas por la pesca para consumo local, por deporte y, especialmente, “por la gran demanda de sus aletas por parte de países asiáticos”, hasta el punto de que está considerada como “un producto tradicional de exportación”.
Según relató Acevedo, el Ministerio recibe denuncias de forma recurrente sobre la pesca del tiburón y calificó de imprescindible la existencia de una buena disposición por parte de las comunidades costeras para erradicar su captura, puesto que también juega un importante papel en la conservación de los arrecifes.
“El aleteo es terrible, porque no se mata directamente al animal, pero al cabo de un tiempo muere” como consecuencia de su mutilación, apuntó la viceministra.
En su propósito de salvaguardar el ecosistema marino, el ministerio de Medio Ambiente cuenta con aliados como el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca), el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), y la Armada Dominicana, aunque también existen asociaciones pesqueras conservacionistas que son conscientes de cómo les afectan las malas prácticas y están dispuestas a colaborar.
La responsable de Recursos Marinos reconoció que esta es “una tarea ardua” y queda por delante un “largo proceso que empieza con la educación y sensibilización de las comunidades costeras y de los pescadores”.
Sin embargo, el trabajo de concienciación debe ir acompañado de sanciones económicas, contempladas en la Ley, que van desde medio salario mínimo (unos 3.900 pesos) a 3.000 salarios (unos 23,4 millones de pesos), es decir, que las multas oscilan, aproximadamente, entre los 82 dólares y cerca del medio millón, en función de cada caso.
Esta medida es un primer paso para proteger las especies marinas por la salud y supervivencia de sus ecosistemas y, aunque servirá para detener la degradación del entorno, sus efectos no serán inmediatos, ya que la naturaleza tarda años en construir estructuras como los arrecifes coralinos, responsables de los paisajes paradisíacos de las playas dominicanas.
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