La fábrica ilegal de conservas de pescado pasaba casi desapercibida en medio de unas chacras en la zona rural de Tangay, en Nuevo Chimbote, al norte de Lima. Estaba construida con material ligero y no la hicieron volar con explosivos porque muy cerca de ella había cuatro casas de agricultores que podrían haber sufrido daños, dice la fiscal Evelyn Lamadrid. En cambio, una retroexcavadora la demolió como si fuera un castillo de naipes.
Antes de eso, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de la provincia del Santa, la Superintendencia Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y la División de Inteligencia de Medio Ambiente de la Policía habían intervenido la fábrica en un operativo que ya venían planeando desde hace meses, pero que por la pandemia se vieron obligados a posponer.
Lo que encontraron fue que la caballa que se utilizaba para producir las conservas era toda juvenil, es decir, que no contaba con la talla mínima autorizada para ser pescada. “Le cortaban la cola y la cabeza y entera la metían en la lata”, cuenta Lamadrid, fiscal de la FEMA del Santa. Pero, además, las condiciones sanitarias en las que se producían estas latas estaban muy lejos de cumplir con lo mínimo aceptable.
El agua que utilizaba la planta para cocinar el pescado provenía de una acequia y a tan solo cuatro metros de donde las dos bombas captaban el recurso la planta vertía sus aguas residuales, cuenta Lamadrid. “Estas personas juegan con la salud de la gente humilde que no puede comprar una conserva de marca porque con toda esta pandemia trata de buscar lo más económico”, dijo indignada la fiscal.
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Otras tres plantas ilegales en la mira
Cuando allanaron el lugar, 16 personas se encontraban trabajando en condiciones “paupérrimas” y entre ellas había un menor de edad, asegura Lamadrid. En medio de la crisis del COVID-19, que le ha costado la vida a más de 3400 personas en el Perú, estos trabajadores no llevaban más que una mascarilla. Varios de ellos eran venezolanos.
Apiladas en cajas, 9600 latas estaban listas para ser comercializadas y 977 kilogramos de caballa esperaban, en sucias cubetas, ser procesadas con el agua de la acequia acumulada en baldes de plástico.
Normalmente una lata lleva un número impreso que permite identificar a qué empresa corresponde el producto. La fiscalía verificó entonces el número que aparecía en las latas “para ver si encontrábamos alguna empresa que podría haberles mandado a preparar estas conservas, pero el código que tenían era falso, se lo inventaron”, cuenta Lamadrid.
Juan Carlos Sueiro, director de pesquerías de Oceana, señala que la producción de conservas con escasos controles sanitarios no es algo nuevo. “Yo he encontrado en la frontera con Bolivia, en una placita, gente que vende conservas de marcas que yo nunca he visto antes. He ido a lugares pequeños andinos por Cusco, donde hay otras marcas que tampoco nunca las he visto. Lo mismo en Piura, etcétera, pero no en la ciudad, sino en sitios alejados, pequeños”, cuenta Sueiro. Es ahí donde, según el experto de Oceana, “se percibe un circuito de producción de conservas que si no son completamente ilegales, al menos no cumplen con todos los requisitos sanitarios y terminan vendiéndose más baratas”.
Sin embargo, esta planta, la que desbarató la fiscalía en medio de las chacras de Tangay, supera todo lo antes visto. “Lo que a mí me sorprende es el nivel de precariedad e informalidad de esta producción. El lugar es un desastre, la caballa es de talla ilegal, el agua que tienen las conservas es asquerosa y además las latas no tienen los códigos que entregan información acerca de la producción”, dice Sueiro.
Respecto a la comercialización de estas caballas en conserva, Lamadrid señala que “como la demanda ahorita está en que todas las municipalidades a nivel nacional requieren de este producto que no es perecible por el tema de la pandemia, se hacen estas latas, imprimen una etiqueta de cualquier empresa, se la ponen y las venden”. Sin embargo, por ahora, no se sabe cuáles eran los puntos de venta de estas latas.
“Sería terrible que esto sea una forma de aprovechar el tema de la emergencia por el COVID-19”, dice Sueiro, porque lo que sí está claro, señala, es que esta producción es temporal, “porque no puedes estar dos, tres o cuatro años haciendo conservas con agua de una acequia”.
Esa es una de las preguntas que la FEMA del Santa deberá responder en la investigación que ya se abrió para determinar quién es el dueño de la industria. Para ello, la fiscalía ya cuenta con algunos cuadernos en donde se señala el nombre de la persona que supuestamente abastecía de caballa a la planta, un recurso que podría provenir de los terminales pesqueros del norte de Perú, en Chiclayo o Piura, aunque no se descarta que el abastecimiento fuera “a pedido” y que viniera directamente desde el desembarcadero.
La fiscal asegura que esta es la primera intervención que se realiza a una planta de conservas y enlatados de pescado, aunque agrega que ya se han identificado, en Chimbote, otras tres fábricas ilegales.
Para Lamadrid este caso es importante porque demuestra cómo un delito medioambiental está muchas veces asociado a otros delitos como el de atentar contra la salud pública, defraudación, falsificación, lavado de activos y explotación laboral.
En este caso, la primera ilegalidad es haber procesado pescado que no cumple con las tallas mínimas para ser capturado, precisa la fiscal. Según la ley peruana, una caballa debe tener al menos 29 centímetros para que pueda ser comercializada, de los contrario es considerada pesca ilegal. Esta medida se refiere al tamaño en el que un pez ha alcanzado la madurez sexual y ha desovado por lo menos una vez y “el objetivo fundamental es la conservación de las especies, ya que de esta forma se puede determinar si estas han transcurrido su etapa de juveniles y se han reproducido aumentando la biomasa del recurso”, señala la Sociedad Nacional de Pesquería.
La FEMA del Santa ya ha realizado, en lo que va del año, 20 intervenciones por tráfico de especies marinas que no cumplían con las tallas mínimas establecidas por ley y solo de caballa se han incautado este año, en total, unas 100 toneladas.
El artículo original de Michelle Carrere fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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