Jaguares en Bolivia: bajan incautaciones, crecen sospechas por nuevas modalidades de las mafias

En el 2016, en medio de las primeras investigaciones que se realizaban sobre el tráfico de jaguar en Bolivia, la bióloga Ángela Núñez recibió un corto audio por Whatsapp: “Dientes, tigre”. Eso fue todo lo que alcanzó a oír y fue suficiente. El archivo fue enviado por un informante que se encontraba muy cerca de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi-Heath, en Pando, y aseguraba que la voz era la de un obrero de nacionalidad china que trabajaba en la construcción de un puente en la zona. En ese momento, Núñez no sabía que en Asia a los jaguares los llamaban los tigres americanos, pero de lo que estaba segura era que se refería a un felino. Aunque la bióloga alertó a sus compañeros que trabajaban con ella en ese entonces en la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, confiesa que por falta de presupuesto no pudieron llegar al lugar.

Estas son algunas de las historias que en los últimos siete años Núñez y otros científicos que estudian al jaguar en Bolivia han recogido en campo. A esto se suma los avisos en radios locales y hasta papeles pegados en las calles que promueven la caza de jaguares para vender luego las partes del animal. En el camino las autoridades han logrado investigar y procesar judicialmente a algunos de estos traficantes.  Exactamente 21, según cifras de la DGBAP. De ellos, cinco fueron sentenciados.

Estos avances, sin embargo, empezaron a desacelerarse desde enero de 2019. La ausencia de nuevas incautaciones de partes de jaguares una de las evidencias más concretas. No obstante, Bolivia ha empezado a actuar en estos vacíos y actualmente participa en una de las campañas más fuertes a nivel latinoamericano que une a científicos con entidades públicas para detener la pérdida de una población de jaguar que se estima entre los 6 mil y 12 mil ejemplares dentro del país.

Para Marco Ribera, asesor científico de Operación Jaguar y socio de la ONG Savia, esta cifra es optimista, tomando en cuenta los incendios de 2019 en espacios importantes para el jaguar y la ausencia de incautaciones. ¿Qué está sucediendo con el jaguar en Bolivia?

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Las grietas que facilitan el tráfico

Las primeras denuncias en voz alta del tráfico de colmillos y partes de jaguar fueron hechas por los científicos que estudiaban al felino dentro de áreas naturales protegidas. Rob Wallace, que lidera junto a Guido Ayala y María Viscarra  un estudio de Wildlife Conservation Society (WCS) sobre la población de jaguares en el Parque Nacional Madidi, cuenta que en el 2014 en medio de la instalación de cámaras trampa escucharon un mensaje en la radio que no habían oído desde el 2000, cuando empezaron el trabajo en la zona. Como quien coloca un aviso de compra de una cocina, el anuncio ofrecía comprar dientes de jaguar.

La Operación Jaguar, un proyecto desarrollado por la UICN en Holanda con la organización Savia en Bolivia, indica que entre el 2014 y 2016 se incautaron 760 colmillos en Bolivia. Lo alarmante vino cuando hicieron los cálculos: 200 jaguares tuvieron que ser asesinados. Solo el servicio postal boliviano, Ecobol, descubrió 300 de estos en 16 paquetes que se dirigían a Asia.

Un año más tarde, en el 2017, los biólogos Ángela Núñez y Enzo Aliaga empezaron a reunir todos los casos conocidos y reportados ante distintas entidades públicas. Encontraron decomisos de partes de jaguar hechos durante inspecciones en casas o en detenciones asociadas a otros delitos. También reunieron casos asociados a los avisos de radio, el método más usado para solicitar los colmillos, muchos de los cuales terminaron con la detención de los involucrados. En uno de ellos incluso se anunciaban los precios de los colmillos: entre US$120 y US$150 cada uno. “Este ofrecimiento es un incentivo económico fuerte y tentador para los locales (…) los traficantes toman ventaja de estas necesidades”, sostienen los especialistas.

Las incautaciones continuaron hasta el 2018. Pero desde enero de 2019 hasta la fecha, es decir, en 19 meses, la Policía Forestal Medio Ambiental y Ecológica (Pofoma) no volvió a reportar nuevos hallazgos de partes de jaguar. “No sabemos si lamentar o estar felices de ya no haber recibido reportes sobre tráfico de jaguar en Bolivia, mucho menos denuncias”, señala Rodrigo Herrera, asesor legal  de la DGBAP del Ministerio de Medio Ambiente. No están en condiciones de afirmar que se ha registrado una baja en el tráfico de este felino, pues podría tratarse también de nuevas modalidades para continuar con el comercio ilegal. Sin embargo, lo que sí pueden confirmar es que el tráfico de otras especies de vida silvestre ha aumentado, incluidos otros felinos como el puma y el ocelote. “Sabemos que el mercado asiático no solo se provee del jaguar”, dice Herrera.

La comunidad científica tiene claro que esta ausencia de incautaciones es una noticia alarmante. “Los biólogos estamos preocupados por esta situación, lo hemos discutido en los talleres que se han realizado este año. Nos preguntamos si es que la judicialización de 21 casos de tráfico ha tenido efecto o es que están trabajando de formas menos evidentes, como hacen las mafias”, comenta Marco Ribera de Operación Jaguar.

Frente a un escenario de incertidumbre, aparecen varias hipótesis. Rob Wallace de WCS comenta que la ausencia de incautaciones puede estar asociada a una forma de operar más clandestina de las mafias, aunque también podría ser que las acciones tomadas han dado resultado. Hay una tercera hipótesis que varios especialistas en temas de jaguar comparten y está vinculada al conflicto de jaguares con ganaderos.

“Siempre han existido conflictos entre jaguares y personas. Donde hay ganado, hay una posibilidad de conflicto. Entonces, durante todos estos años, el jaguar ha sido cazado sin fines comerciales, solo para controlar un problema”, señala el científico. Pero no se había considerado si estas personas tenían partes de jaguar guardadas (cabezas, pieles y colmillos). “Cuando aparece el mercado de tráfico es probable que haya habido un stock”, comenta.

Esto quiere decir que las mafias podrían estar abasteciéndose de estas personas, algo que no estaban considerando en sus pesquisas las autoridades bolivianas.

Melissa Arias, investigadora del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, sostiene que este conflicto entre jaguares y ganaderos hay que empezar a observarlo con mayor detenimiento. “Es posible que el comercio de colmillos de jaguar sea un subproducto de este conflicto con el hombre”, añade.

Nuno Negrões, científico que hasta el año pasado lideraba acciones de monitoreo en la Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos (Aceaa), publicó en diciembre pasado un estudio con otros científicos en el que analizan cómo la percepción sobre el jaguar, al que se suele calificar como peligroso, puede llevar a conflictos y la posterior muerte del animal.

Negrões indica que en la zona noroeste de Bolivia han encontrado que las muertes del jaguar son frecuentes pero que no tienen como principal motivo alimentar el tráfico. “No hemos encontrado evidencias de que la gente salga a matar jaguares para vender sus partes, pero esas partes sí pueden terminar siendo vendidas a traficantes”, agrega. El experto cree que la ausencia de estos datos tienen que ver con la falta de una respuesta rápida a las distintas maneras de tráfico de este felino.

La aparición de nuevas modalidades tendría cierta lógica frente a la fiscalización recurrente de los últimos años. La investigadora y abogada ambientalista especializada en crimen de vida silvestre, Pauline Verheij, señala a Mongabay Latam que puede haberse generado un efecto burbuja en esta actividad ilegal ante la mirada más alerta de las autoridades y la misma sociedad. “Ya no van a anunciar por radio porque están siendo vigilados. Lo que ha sucedido en otros países con problemas de tráfico de vida silvestre es que las rutas y metodologías cambian”, dice.

Por lo pronto, los especialistas que integran la Operación Jaguar, junto a guardaparques y autoridades ambientales de Bolivia, han identificado puntos de acopio y compra de partes del felino, además de otras potenciales ciudades desde donde saldrían los envíos internacionales. El análisis indica que las partes del animal se recolectan tanto en el noreste como en el sureste de Bolivia, en espacios donde se conoce habita el jaguar, para luego traficarlas a través de la frontera con Perú. Cada punto está detallado en el mapa que mostramos a continuación.

“El tráfico de partes de jaguar y otros animales salvajes es un delito y, al igual que el tráfico de drogas o de personas, utiliza rutas y sitios muy remotos, con poca vigilancia y una población reducida. Incluso podrían ser delitos interrelacionados”, comenta Marco Ribera, asesor científico de Operación Jaguar.

El biólogo Enzo Aliaga, quien desde enero es el director general de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP), es crítico con el papel que ha cumplido el Estado en este control. “Nosotros hemos conversado con Pofoma —la entidad policial— para saber la razón por la que no hay más incautaciones, pero no hay respuesta. Los resultados que se obtuvieron en los años anteriores fueron casuales, no se iba específicamente a buscar tráfico de jaguares”, indica.

El asesor legal de la DGBAP, Rodrigo Herrera, coincide con Aliaga y agrega que hasta la fecha no existe una ley que proteja a los animales silvestres. “No hay sanciones por tráfico. Los 21 procesos judiciales que hemos logrado es porque hemos construido con varias normas y leyes una acusación por destrucción del patrimonio público”, cuenta el abogado.

Este problema acarrea que las penas sean menores y que los más beneficiados sean las mafias, señala Enzo Aliaga. “De las cinco sentencias logradas solo tres han tenido pena de cárcel y son entre tres a seis años, con posibilidad a negociar libertad condicional”, dice. El siguiente paso, según Aliaga, es ir por los traficantes. Sin embargo, antes de hacerlo, hay que entender cómo operan y contar con penas más severas.

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Cercando a los traficantes

Hay un dato que no puede pasarse por alto: de los 21 procesados por tráfico de jaguar, 17 son ciudadanos chinos. De hecho, la abogada ambientalista Pauline Verheij señala en el reporte que realizó a inicios de 2019 —para la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) en Holanda—, que desde 2013 empezó a registrarse la compra de colmillos por ciudadanos chinos “para llevarlos de contrabando a China, a veces ayudados por bolivianos”. Verheij precisa en el informe que “los anuncios no solo aparecían en las radios, sino a través de posters y volantes distribuidos en áreas rurales”.

La abogada ambientalista confirma, además, que de los 16 paquetes que contenían 300 colmillos —detectados en el servicio postal boliviano y que tenían como destino Asia—, 14 fueron enviados por ciudadanos chinos que trabajaban en Bolivia.

“Ese país es el destino final. Cuando se han encontrado productos de felinos en otras partes de Asia era porque estaban en tránsito hacia China”, asevera Vincent Nijman, antropólogo de la Universidad Oxford Brookes. El investigador y Thaís Morcatty, entre otros científicos, publicaron recientemente un estudio sobre la relación entre la inversión china en proyectos de infraestructura y el tráfico de este felino, un patrón que ya se ha visto en África, donde las poblaciones de leones también están siendo reducidas.

El gobierno boliviano prefiere ser cauto y referirse en términos generales a Asia cuando habla del destino y mercado interesado en estas partes del jaguar. “No queremos alentar la xenofobia”, señala el abogado Rodrigo Herrera. Agrega también que ha habido una intención de trabajo conjunto con la embajada china que empezó en el 2018, cuando esta emitió una advertencia para resaltar la prohibición de compra y traslado de partes de jaguar; sin embargo, la embajada no ha vuelto a comunicarse desde entonces con la entidad estatal, sostiene el abogado.

“Nos dijeron que la mayor intervención que podían hacer era la de recomendar a sus ciudadanos no consumir estos productos”, cuenta Herrera. Ante eso, el asesor legal del Ministerio de Medio Ambiente dice que se intensificaron las visitas a las empresas chinas que operaban en territorios donde habita el jaguar, sobre todo en el departamento del Beni. “Ha sido difícil porque la mayoría de los operarios no habla español o no tiene interés en escuchar sobre el tema”, añade el especialista.

Una de las preocupaciones más grandes de las autoridades bolivianas es que el tráfico de este animal sea un canal que facilite el comercio ilegal de otras especies a Asia. “Hemos detectado interés en ese mercado por el oso andino, por ejemplo, que tenemos que empezar a proteger con más fuerza”, indica Herrera.

Para Thaís Morcatty, candidata a doctora en antropología de la Universidad Oxford Brookes y experta en tráfico de vida silvestre, los países que tienen una gobernanza débil y altos montos de inversión de China, así como una selva poco atendida son los que registran un mayor comercio ilícito de fauna silvestre, específicamente del jaguar. Esto ya ha sido advertido desde el 2016 por la bióloga Ángela Núñez, especialista en temas de tráfico en Operación Jaguar. “Sobre todo entre el 2016 y el 2017 —agrega— encontramos que se desarrollaban obras con capital chino en Pando y en la frontera entre La Paz y el Beni, donde se hallaron ciudadanos chinos pidiendo colmillos o a los que se les incautaron partes de este animal”.

Con respecto al trabajo liderado por Morcatty, la investigadora cuenta a Mongabay Latam que reunió información desde el 2012 de América Central y del Sur, y que pudo identificar que esta relación comercial establecida con China también permitía que se establezca una cadena legal de intercambio monetario que puede cubrir los envíos ilegales de dinero. Sin embargo, al analizar las incautaciones de partes de jaguar, encontró que solo el 34% de estas tenían a China como destino. “El otro 66% no tenía un destino claro o iba a ser utilizado para comercio ilegal dentro de Bolivia”, menciona Morcatty.

El antropólogo Vincent Nijman, quien también fue parte de esta investigación, comenta que es en ese 66% donde se puede seguir investigando y revelando quiénes más son parte de la cadena de tráfico. “La idea no es estigmatizar a una comunidad o a un país, sino trabajar en ambos lados del problema para solucionarlo. No queremos inferir que sean criminales todos los trabajadores chinos que vienen a las obras de infraestructura en Latinoamérica, probablemente la gran mayoría no están vinculados al delito”, comenta.

“En nuestras investigaciones buscamos criminales, no personas de cierta nacionalidad”, acota Andrea Crosta, director ejecutivo de Earth League International (ELI), entidad que investiga tráfico de vida silvestre a nivel mundial.

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Los refugios del jaguar y los planes para salvarlo

Las amenazas que acechan al jaguar en Bolivia —y en el resto de Latinoamérica— no se solucionan solo controlando el tráfico de vida silvestre. Hay otros problemas por resolver. “Todavía nos queda la pérdida del hábitat y la disminución de las presas que consume el jaguar, que lo obliga a seguir recorriendo áreas más extensas y teniendo más probabilidad de conflicto con personas”, comenta el director de la DGBAP, Enzo Aliaga. En junio del año pasado, Mongabay Latam informó sobre la ausencia del jaguar en la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UPCN) Santa Cruz La Vieja, justamente por el crecimiento de la frontera agrícola y la consecuente deforestación de la zona.

Un estudio publicado en el 2018 por Leonardo Maffei —junto a otros investigadores— sobre la situación del jaguar en Bolivia señala que el avance de las fronteras agrícolas y ganaderas es la razón principal por la que el hábitat del jaguar pasó de abarcar un 75% del territorio nacional a poco más del 50%. “La perspectiva a mediano plazo es que esta área se reduzca más drásticamente por políticas de Estado relativas a la seguridad alimentaria que promueve la expansión productiva”, alerta la investigación.

Asimismo, los grandes incendios registrados en el 2019 afectaron gran parte del territorio que recorre el jaguar. Panthera, la organización mundial de conservación de felinos salvajes, calculó que al menos 500 jaguares adultos murieron o fueron desplazados por los incendios en Brasil y Bolivia. El jefe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Maikol Melgar, cita una investigación realizada por la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, uno de los más dañados por los fuegos. “Se identificó que 2.8 millones de hectáreas habían sido arrasadas, lo que significa un 16.5% del territorio del jaguar en el ecosistema chiquitano, en Santa Cruz”, precisa el funcionario.

Frente a este panorama de riesgos, han empezado a aparecer varias iniciativas promovidas desde el Estado, con apoyo de entidades privadas, universidades y científicos independientes. El primer paso fue la creación de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, un espacio para hacer más fácil el intercambio de información y la toma de decisiones. El resultado fue la publicación de un Plan de Acción para la Conservación del Jaguar.

Otra propuesta que se encuentra como anteproyecto en el Ministerio de la Presidencia de Bolivia es la creación de Ley de Protección de los Animales, la primera de su tipo en el país. “Necesitamos cambiar el código penal para hacer efectivas sanciones más drásticas a delitos como el tráfico de partes de jaguar”, dice Aliaga. En estas modificaciones propuestas por el anteproyecto de ley se considera al biocidio animal, que tiene una pena máxima de 15 años de cárcel.

Una parte esencial de esta lucha incluye la protección de las áreas naturales protegidas. En Bolivia, la mayoría de investigaciones que han podido hacer un monitoreo de larga data sobre el jaguar se encuentran en estos espacios, que en el país altiplánico llegan a 22. Un ejemplo de este trabajo es el que realiza WCS en el Parque Nacional Madidi, donde han podido monitorear la población de jaguar desde hace 20 años, en áreas donde los taladores habían arrasado con gran parte del bosque.

Rob Wallace, uno de los investigadores de WCS en este proyecto, comenta que en cada intervención tienen más o menos 100 estaciones con cámaras trampa.  En uno de estos espacios, ubicado entre los valles de los ríos Tuichi y Hondo, encontraron resultados sorprendentes. Mientras en el 2001 obtuvieron una densidad de medio jaguar por 100 kilómetros cuadrados, en el 2008 aumentaron a dos y en el 2014 entre 5 a 6 jaguares. Hace unas semanas pudieron terminar de procesar los datos recogidos por las cámaras trampa de ese punto y observaron hasta 9 jaguares por 100 km2, es decir, más del doble del promedio sudamericano (4 por 100 km2).

Aunque Wallace precisa que los resultados recientes son de un solo punto en el Madidi, es de todas maneras una evidencia alentadora de la importancia de las áreas protegidas en la conservación de la vida silvestre. “Es claro que lo primero que debemos fortalecer es la protección en estos espacios”, añade el científico.

La situación en Bolivia es esperanzadora, ya que según el director del Sernap, Maikol Melgar, el jaguar se encuentra dentro de doce áreas protegidas en Bolivia. En total son más de 20 millones de hectáreas que aseguraría al menos un 70% de la presencia de la especie, asegura una investigación hecha por Operación Jaguar. Sin embargo, los peligros siguen presentes. Por eso, la siguiente misión que han asumido los científicos bolivianos es que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza apruebe en su próximo congreso la Moción 106 presentada por Bolivia, que pide elevar la categoría global de protección del jaguar de Casi Amenazada a Vulnerable.

El artículo original de Vanessa Romo fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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