Una red de corrupción dedicada al tráfico de madera va quedando al descubierto en Madre de Dios. Una historia que se empezó a conocer el 25 de agosto cuando la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios realizó un megaoperativo en Puerto Maldonado y Cusco para desbaratar esta organización.
El resultado, hasta el momento, ha sido la detención de 19 personas y 14 de ellas acaban de recibir la orden de prisión preventiva por 36 meses. Pero no son todos, en total son 29 personas entre funcionarios del gobierno regional, jefes y efectivos policiales, trabajadores de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y fiscales especializados en materia ambiental las que figuran en la carpeta fiscal.
El esquema que ha logrado perfilar la DIVIAC, luego de cuatro años de investigación, revela el papel que cumplía cada uno de los integrantes de esta organización. Una cadena que iba desde conseguir los documentos fraudulentos para legalizar la madera de origen ilegal hasta los pagos de sobornos de quienes estaban encargados de los puestos de control en las carreteras, por donde cada día transitan los vehículos que transportan este insumo.
Los puestos de control fueron clave para esta red de corrupción. La carpeta fiscal indica que los funcionarios investigados del gobierno regional cobraban por cada vehículo que lograba pasar y que además los mismos trabajadores pagaban una cuota para mantenerse en sus puestos.
A esto se suma, la participación de fiscales que se encargaban de liberar la madera en caso de que esta fuera incautada. Mongabay Latam tuvo acceso a un documento que involucra a las dos fiscales relacionadas con esta red de corrupción con denuncias sobre hechos ocurridos en La Pampa en el 2018. Se trata de acusaciones por favorecer a mineros ilegales.
El fiscal del caso, Dionisio Quicaño, de la Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, le dijo a Mongabay Latam que para este caso fueron decisivas las escuchas telefónicas y el seguimiento que hizo la Policía a los investigados, además de los documentos que sustentan los delitos cometidos. “Es un caso complejo que involucra a una organización criminal con redes en todos los sectores que podrían ayudarlos a obtener información sobre las investigaciones”.
¿Cómo lograban pasar la madera?
¿Cómo lograban pasar la madera?
El fiscal Quicaño comenta que aún falta detener a 12 personas incluidas en la carpeta fiscal. No obstante, agregó que esta mafia involucra a más personas. “En esta ocasión nos hemos centrado en tres grupos definidos: los comercializadores; los tramitadores o blanqueadores, que consiguen los documentos fraudulentos para que la madera ilegal pueda salir de Madre de Dios y los funcionarios. El grupo central, que son los tramitadores, se encargan de corromper a los funcionarios del gobierno regional, la policía, la SUNAT y otros”.
Entre 1500 y 2000 soles era la tarifa que se cobraba por cada vehículo cargado con madera para asegurar su traslado entre el bosque de origen y su destino final. Ese era el monto fijado por quienes se dedicaban al blanqueo de la madera. Un grupo de ocho personas eran las encargadas de conseguir los planes operativos y las guías de transporte forestal (GTF) fraudulentas que permitían el traslado de la madera.
Estas personas a quienes la fiscalía ha denominado comercializadores y tramitadores tenían contacto directo con los funcionarios que debían combatir esta ilegalidad.
De las 29 personas involucradas en esta red de corrupción, 12 son funcionarios del gobierno regional y nueve de ellos trabajaban en los tres puestos de control de las carreteras de Madre de Dios: El Triunfo, Unión Progreso y Palmeras.
“Los encargados de los puestos de Control Forestal de la DRFFSMDD [Dirección Regional de Flora y Fauna Silvestre de Madre de Dios], a cambio de dinero, no registran la documentación ni verifican el volumen ni especie de madera transportados, favoreciendo el tráfico ilegal de recursos naturales”, dice en el documento fiscal que describe cómo funcionaba el mecanismo para transportar la madera ilegal.
“Hay personal de esta dirección que está incluido en ‘Los hostiles de la Amazonía’”, lamenta Harry Pinchi, actual gerente regional Forestal y de Fauna Silvestre que asumió el cargo en reemplazo de Robert Richard Nishida Añez, uno de los principales implicados en esta red de corrupción.
Pinchi dice que la mayoría de los involucrados en ‘Los hostiles de la Amazonía’ estaba laborando en esa dirección cuando él asume el cargo. Pero agrega que realizó por lo menos dos denuncias sobre guías clonadas desde que inició su segunda gestión el 23 de junio. Pinchi tuvo el mismo cargo en un período anterior que terminó en diciembre de 2019.
En este esquema elaborado por la Fiscalía y la Policía, Robert Nishida —exgerente regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios— ocupaba un puesto clave. Su mención es constante en las interceptaciones telefónicas que contiene la carpeta fiscal y que dan cuenta de qué función tenía cada uno de los personajes involucrados en la red.
“Ejecuta actos de adhesión personal y material en favor de la organización criminal, sometiéndose a los propósitos de esta, aprovechando su cargo de funcionario para designar servidores en los puestos de Control Forestal que ‘faciliten’ los actos ilícitos, es decir, el transporte y comercialización de producto forestal maderable con los consecuentes actos de corrupción que ello significa, motivado por los donativos que recibió como actos de corrupción”, se explica en el documento de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Para ello —se explica en el documento— mantenía contacto permanente con Edith Huaricancha Arenas, conocida como ‘Yayita’, que según la Policía era quien lideraba la red de ‘blanqueo de madera’ en Madre de Dios, así como con los otros blanqueadores de esta red.
Según las interceptaciones telefónicas, material que forma parte de la carpeta fiscal, Nishida no solo recibía dinero de quienes se encargaban del transporte de la madera ilegal, sino también de los funcionarios que estaban a cargo de los puestos de control, quienes le pagaban para permanecer en sus cargos.
Los pagos provenientes de la mafia de tráfico de madera a quienes permanecían en los puestos de control iban entre los 50 y 100 soles por cada vehículo que pasaba. Pinchi explica que en los puestos de control se debe verificar que la carga del vehículo esté consignada en las guías de transporte forestal (GTF). Sin embargo, como el sistema es manual, era sencillo no cumplir con esta función sin que quede rastro de la omisión del personal del gobierno regional.
“Nunca se implementó un sistema electrónico para controlar las GTF”, señala Pinchi y asegura que ahora se ha iniciado ese proceso en coordinación con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Pinchi agrega que fue justamente Nishida quien se opuso a esa medida de control.
El exdirector del Serfor, Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, que denunció en una entrevista con Mongabay Latam haber sido removido de su cargo por presiones del sector forestal, señaló que durante su gestión se avanzó con la propuesta de implementar en los puestos de control un módulo para verificar las GTF, pero no se concretó. “Se tienen que establecer un modelo para que se conviertan en verdaderos puestos de control, no lo que son ahora, peajes donde los ilegales pagan para que pase la madera”.
Gonzales-Zúñiga señala que son más de 130 puestos de control forestal en todo el Perú. “Con esa cantidad no debería transitar la madera ilegal, pero no funcionan”, reitera y añade que parte del plan que quedó frustrado con su salida consistía en tener apenas una decena de puestos de control, aunque estratégicos con la implementación tecnológica necesaria para que cumplan su función. “El caso de Madre de Dios es igual que el de Ucayali y Loreto, y de esas regiones proviene el 80 % de la madera en Perú”.
Fiscales detenidas acusadas de beneficiar a mineros ilegales
Fiscales detenidas acusadas de beneficiar a mineros ilegales
En este esquema de corrupción también han participado fiscales especializados en Materia Ambiental. Su labor no era directa dentro de la red, pero no por ello deja de ser relevante, pues se encargaban de liberar las cargas que eran decomisadas por la misma fiscalía en intervenciones contra la tala ilegal.
La fiscal Nelly Ruth Colque Valdivia, quien en el 2019 fue trasladada de la FEMA a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, y Zoila Rodulfo Castillo, fiscal provincial de la FEMA de Madre de Dios, fueron detenidas el 10 de setiembre como parte del operativo iniciado por la DIVIAC dos semanas antes.
“La corrupción esta enquistada en todos lados. No es un tema de especialidad, es del sistema en general. Es decepcionante que personas que deben perseguir el delito, se involucren en estas redes criminales”, dice el Procurador Público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán.
Guzmán también señala que los funcionarios involucrados enfrentan varios delitos conectados entre sí con un solo objetivo que era el tráfico de madera. “Se debe tener una mirada integral del caso y de lo que significa esta organización criminal, pues existe una multiplicidad de delitos”.
El Procurador señala que se trataba de un modus operandi de las fiscales intervenidas, ya que su labor consistía en liberar las cargas de madera incautada en operativos policiales y fiscales. “Nuestro trabajo es enfrentar la corrupción caiga quien caiga”.
Los documentos de la fiscalía revelan que ambas fiscales recibieron prebendas para archivar los casos en los que se incautaba madera ilegal y liberar estas cargas. Así se menciona, por ejemplo, que la fiscal Nelly Colque recibió botellas de whisky por su cumpleaños.
En cuanto a la fiscal Zoila Rodulfo, según el parte fiscal, en junio del 2018 recibió un juego de muebles a cambio de devolver a los ilegales la carga que había sido decomisada por el gobierno regional. Las fiscales no solo recibieron objetos a cambio de beneficiar a los ilegales, sino también dinero.
Pero Colque y Rodulfo no solo han sido denunciadas por estos actos ilegales en coordinación con la red de tráfico de madera. Un documento de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, al que Mongabay Latam tuvo acceso, revela que, en marzo de 2019, ambas fiscales fueron denunciadas por participar en presuntas irregularidades durante las investigaciones realizadas contra mineros ilegales que operan en la región Madre de Dios.
Según el documento, las fiscales habrían adulterado actas de intervención originales y constatadas por el personal policial, con el fin de favorecer a los mineros ilegales procesados en el Poder Judicial.
Fueron tres casos ocurridos en el año 2018 en La Pampa, zona ubicada en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, considerada el centro de la minería ilegal en Madre de Dios.
En los tres casos, se trataba de mineros ilegales que fueron encontrados cometiendo el delito, sin embargo, la fiscal Colque tomó como excusa que las actas tenían errores y las modificó relatando hechos distintos. En las tres ocasiones escribió que los detenidos estaban realizando actividades preparatorias del delito lo que finalmente redujo sus penas.
El documento concluye que estas acciones son un “grave riesgo” para la aplicación del Plan Integral de Lucha y Erradicación de la Minería Ilegal 2019 – 2021.
El abogado especializado en medio ambiente, César Ipenza, lamenta que se presenten estos casos en la fiscalía de medio ambiente. “Es una vergüenza y no debe haber impunidad”. Ipenza agrega que para combatir la corrupción en la FEMA se debe implementar mejores órganos de control dentro de esta institución, así como replantear el sistema de intervenciones de las fiscalías y trabajar bajo un modelo por resultados. “Pese a todos los esfuerzos que se hacen, hasta ahora tenemos pocas sentencias por delitos ambientales”.
El lunes 21 de setiembre, ambas fiscales fueron puestas en libertad luego de que no se aprobara el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía y en su lugar se ordenara comparecencia restringida.
El fiscal Octavio Ramos, de la Fiscalía Superior Penal de Madre de Dios, a cargo de los casos de Colque y Rodulfo, lamentó la decisión del juez pues sostiene que existían suficientes elementos para que se ordene la prisión preventiva. “La Fiscalía tiene clara su posición y considera que existen suficientes elementos de convicción para estimar que estas dos fiscales han cometido delitos”. El fiscal Ramos agregó que apelarán la decisión del juez.
Sobre las denuncias contra estas dos fiscales, ocurridos en el 2018 en La Pampa, el fiscal Ramos, también está a cargo de estos casos, señaló que aún están en investigación, y agrego que se trata de hechos similares a lo que ha ocurrido con el tráfico de madera.
“Para nosotros que estamos en el sistema de administración de justicia es muy preocupante que profesionales que se comprometen a luchar contra estos delitos que afectan los recursos naturales se vean involucrados una organización criminal. Causa desazón y un rechazo profundo por estos actos”, dijo Ramos.
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La participación policial
La participación policial
La jueza Judith Nelly Atapaucar, del Juzgado de investigación Preparatoria de Emergencia de Tambopata, determinó que Robert Nishida y los suboficiales de la Policía Bernardino Figueroa Mayta y Edgar Barriento Sánchez enfrenten el proceso en libertad.
Las decisiones judiciales que hasta el momento han dejado fuera de prisión a siete personas, no detienen las investigaciones sobre su participación en los hechos delictivos descritos, explican fuentes policiales. Sin embargo, estas esperan que el fiscal demuestre la responsabilidad de todos los acusados, puesto que se trata de una investigación que ha tomado varios años y cuenta con las pruebas suficientes contra los involucrados. En esta ocasión —como indica la Policía— no se trata de taladores ilegales que ingresan al bosque a cortar madera madera, sino de funcionarios que se encargan de legalizar los documentos para la comercialización de la madera ilegal, así como de policías que facilitan su transporte.
Los policías tenían una labor dentro de esta maraña de corrupción. Hasta el momento han sido involucrados siete efectivos policiales, entre ellos el jefe del Departamento Policial de Medio Ambiente, Hugo Florián Pretel, y el jefe del Departamento de Policía de Carreteras, Carlos Noriega Astucuri. Ambos fueron puestos en libertad luego de que su abogado presentara una apelación ante el juzgado. La Policía de Medio Ambiente no se ha pronunciado sobre la participación de Florían Pretel en este caso.
Como parte de las investigaciones se descubrió que uno de los tramitadores, es decir, una de las personas que se dedicaba a conseguir los documentos falsos, se movilizaba en un vehículo inscrito a nombre del comandante Florián Pretel.
El documento fiscal también revela que este comandante ha evitado la intervención de dos vehículos cargados de madera de procedencia ilícita, cuyos documentos habían sido tramitados por Edith Huaricancha. Los camiones detenidos en diciembre de 2019 llevaban cedro —una especie protegida— escondida entre el resto de madera ilegal.
En las llamadas telefónicas interceptadas se escucha, en más de una oportunidad, cómo los efectivos policiales ayudan a los traficantes de madera a impedir el decomiso de la carga, además que informan sobre intervenciones que se van a realizar. Una de las personas mencionadas en estos audios es Carlos Noriega Astucuri, jefe del Departamento de Policía de Carreteras.
La investigación policial del caso de ‘Los hostiles de la Amazonía’ empezó a partir de las denuncias realizadas en el año 2016 sobre deforestación en la Concesión para la Conservación Los Amigos, a cargo de Conservación Amazónica (ACCA), como detalló Mongabay Latam en la primera entrega de este caso. Fueron casi cuatro años siguiendo la pista a los funcionarios, entre ellos quienes asumían el cargo más alto de la gestión forestal en la región.
Los integrantes de esta presunta red criminal enfrentan hoy ocho delitos entre ellos organización criminal, tráfico de influencias, tráfico ilegal de productos forestales maderables y cohecho, que puede llevarlos a la cárcel hasta por 15 años.
La versión completa de este reportaje fue publicada por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.
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