Hace nueve meses, Abdón fue uno de los 40 indígenas de la comunidad nativa Flor de Ucayali, selva del Perú, que ingresaron por última vez hasta el límite de su territorio con el caserío Santa Sofía. Esta zona, situada al noreste del pueblo, hoy en día es un violento enclave de narcotráfico y tala ilegal. Los sembríos de hoja de coca avanzan sobre el bosque primario mientras el brazo armado de los narcotraficantes tiene replegados a los shipibo conibo que antes lo conservaban. El año pasado, la dirigencia de Flor de Ucayali denunció la incesante deforestación, las amenazas de muerte en el lugar, y esto motivó una inspección de la fiscalía. Abdón y los otros comuneros pudieron acceder a su convulsa frontera como parte de una delegación que acompañó a las autoridades. Pero nada ha sido una solución.
Para el momento de la diligencia -9 de septiembre del 2020- los shipibo conibo llevaban más de dos años sin entrar con normalidad a ver el estado de los árboles de tornillo (Cedrelinga catenaeformis), cachimbo (Cariniana domestica) o huairuro (Ormosia coccinea) cercanos a su hito. Cuando los miembros del Comité de Monitoreo de Flor de Ucayali intentaban ingresar a la zona eran obligados a presentar sus documentos de identidad ante sujetos con pistolas que transitaban entre el bosque y los cocales. Algunos comuneros entrevistados para este reportaje indican que lo mismo ocurría con los shipibo conibo que llegaban hasta allí para cazar o pescar en el río Utiquinía. Les exigían, además, no quedarse en el bosque ni cruzar a Santa Sofía más allá de las 4 p.m. a riesgo de ser echados a balazos.
Abdón recuerda que, aunque amedrentados, él y sus vecinos dedicados a la caza todavía conseguían recorrer este sector de bosque dañado. Fue así como una tarde, a mediados del 2020, siguieron el rastro de botellas y latas desperdigadas entre los árboles hasta que hallaron una poza para la elaboración de cocaína y los puntos donde se preparaban los insumos. Los guió también el fuerte olor a ácido y combustible que emanaba del laboratorio de droga. Aquella vez, además de la terrible depredación forestal, a los comuneros indígenas les estalló en el rostro la forma cómo el río que llega a su pueblo era contaminado con residuos químicos.
“Si salen y viene la policía, los únicos responsables serán ustedes. Y van a desaparecer con sus familias”, dice Abdón impostando la voz amenazante de uno de los hombres que, pistola en mano, resguardaba la poza.
Mongabay Latam rastreó a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW) el aumento progresivo de desbosque, por lo menos, desde el 2019. En el último año fueron registradas 4012 alertas de deforestación —cada alerta equivale aproximadamente a dos canchas de básquetbol— en Flor de Ucayali. Estas señales de daño forestal fueron el punto de partida para el desarrollo de esta investigación.
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Un bosque de problemas
Flor de Ucayali está a la margen derecha del río Utiquinía, en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. Es uno de los 30 pueblos indígenas que forman parte de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau). Aquí viven unas 70 familias de la etnia shipibo conibo dedicadas a la agricultura. Esta comunidad tiene un territorio titulado de casi 21.800 hectáreas desde 1987. De este espacio, 21.125 hectáreas (94% del territorio) están cubiertas por selva tupida. Flor de Ucayali cuenta con un permiso forestal para aprovechar 15.896 hectáreas, aprobado el 12 de julio del 2018, cuyo plan general de manejo está vigente. Es decir, puede aprovechar en este ámbito, por ejemplo, sus bosques secundarios con fines comerciales e industriales.
Para llegar al centro de la comunidad desde Pucallpa, capital de Ucayali, hay que viajar siete horas en deslizador. Del pueblo mismo, los shipibo podían entrar de dos maneras al área que hoy está deforestada. La primera, realizando un trayecto a pie de ocho horas; y la segunda, navegando el Utiquinía por tres horas hasta Santa Sofía para luego caminar dos horas más hacia el bosque. Julián, uno de los integrantes del Comité de Monitoreo de Flor de Ucayali, narra a Mongabay Latam que este grupo de vigilancia forestal acostumbraba desarrollar su labor ejecutando la segunda forma de acceder. Pero cuando los narcotraficantes empezaron a controlar el área y las amenazas se tornaron recurrentes, el comité optó solo por hacer la caminata desde la comunidad hasta dos kilómetros antes del área de cocales.
“Con un monitoreo por puntos estimamos que la deforestación pasaba de las dos mil hectáreas”, apunta Julián. “Llegar hasta las chacras de coca significa ya no regresar”, remarca con evidente temor. Esta crisis ha obligado a que, por el momento, los shipibo conibo ya no visiten esa parte de su territorio y eviten hacer nuevas denuncias por temor a las represalias.
El presidente de la Feconau, Miguel Guimaraes, explica que entre las comunidades agrupadas en esta base indígena, Flor de Ucayali es la más afectada por la deforestación a causa del narcotráfico. Otros pueblos adscritos a Feconau como Sasa (awajún), o Chachivai y Korin Bari (ambos shipibo conibo), también registran el mismo flagelo aunque en menor tiempo y magnitud.
Las primeras incursiones de madereros ilegales que buscaban expandir sembríos de coca en la frontera noreste de Flor de Ucayali se remontan, aproximadamente, al 2006. Eso es lo que recuerda Julián, y que se trataba de grupos reducidos con permanencia esporádica. Sin embargo, la falta de patrullajes de las autoridades estatales y no haber fijado oportunamente los linderos comunales, según reconoce este miembro del comité de monitoreo, permitieron la invasión paulatina de cocaleros, taladores y narcotraficantes. Él asegura que los ilegales en esta zona operan coludidos con habitantes del caserío Santa Sofía, conformado por colonos procedentes de Huánuco, Junín y Cusco.
“Ellos son quienes los albergan y les facilitan el acceso a nuestro bosque”, acusa.
Los shipibo conibo sostienen que el movimiento delictivo en esta parte de la selva amazónica se agudizó a partir del 2018. Antes de las amenazas y restricciones que les imponían en su propio bosque, ellos empezaron a detectar el creciente riesgo por el desplazamiento constante de deslizadores cargados de galoneras con combustible. Vecinos del sector dicen que todos los días tres de estas embarcaciones transportan los depósitos por el Utiquinía mientras otras tres regresan para trasladar más. Al comenzar la pandemia, la zona ya era casi inaccesible. Esto propició —según fuentes de la zona— que el tránsito de los deslizadores que llevaban gasolina e insumos se duplicara. Los shipibo prefieren no hablar sobre el tema.
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Investigación trunca
Debido a los alarmantes cálculos de deforestación y las amenazas de muerte que habían sufrido comuneros como Abdón, los dirigentes de Flor de Ucayali presentaron la denuncia que determinó la inspección fiscal del 9 de septiembre del 2020. La diligencia estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, Randol Ventura Tadeo, quien llegó al bosque acompañado por miembros de la Policía Ecológica, representantes de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali (Goreu), dirigentes de la Feconau y una nutrida comitiva de vecinos del pueblo afectado.
La abogada Linda Vigo, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y asesora de la Feconau, relata a Mongabay Latam que el fiscal Ventura tuvo una actitud reacia desde el inicio y que, pese a encontrar un área forestal devastada y gente operando en el lugar, “se hizo de la vista gorda”. El caso fue archivado en enero de este año por la causal de falta de identificación. “Dicen que cuando no se identifica al responsable, lo archivan. Es cierto porque debe estar identificado o individualizado; pero ellos cuentan con la policía especializada en Materia Ambiental que pudo haber investigado. Este es un caso complejo y emblemático”, subraya la abogada.
A fines del año pasado, el IDL, Feconau, la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (Fepikecha) y la organización internacional Forest Peoples Programme (FPP) elaboraron un informe acerca de la violencia contra los defensores de derechos humanos en cuatro comunidades indígenas amazónicas. En el documento, enviado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, las organizaciones denunciaron que durante la inspección fiscal en Flor de Ucayali se pudo visibilizar una “inmensa y devastadora deforestación”, además de sembríos de hoja de coca, y que las actas levantadas por el representante del Ministerio Público dieron cuenta de menos depredación de la observada.
De acuerdo con el informe, luego que se le consultara al fiscal encargado por las acciones que iba a tomar, este respondió que “no vio cocales porque no conoce la hoja de coca; y que además fue a hacer una inspección por materia ambiental, no siendo su competencia hacer nada por la presencia de sembríos de hoja de coca” [sic].
La defensa legal de la comunidad presentó un recurso de queja de derecho contra el archivamiento para que un fiscal superior vuelva a examinar los hechos y efectúe una nueva diligencia. No obstante, el caso también fue archivado en esta segunda instancia con lo cual concluyó definitivamente. El abogado del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, Álvaro Másquez, adelanta que reunirán nuevas evidencias con el objetivo de interponer una próxima denuncia y que las investigaciones sean reabiertas. “Hay un grupo de gente involucrada en estos delitos pero la fiscalía prefiere irse por el lado simple y archivar el caso sin lograr siquiera dar con un posible responsable”, precisa el especialista legal.
En una entrevista con Mongabay Latam, el fiscal provincial de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, José Guzmán Ferro, señaló que, luego de la inspección en la zona, su despacho informó y envió copias a la fiscalía antidrogas competente para que ejecute una intervención pues, en efecto, se halló deforestación y cocales. Además, que si bien hallaron personas en el lugar, estas no se encontraban sembrando o sacando hojas de coca sino estaban ubicadas al lado de los cultivos. “Entonces, ¿cómo sindicarles esto? ¿a quién se le va a sindicar?”, cuestiona el fiscal.
Mientras tanto, los comuneros sienten que el incremento de la dinámica delictiva y el desbosque los están arrinconando lentamente en su propio territorio. Así lo considera también el coordinador de incidencia de Forest Peoples Programme en Perú, Matías Pérez Ojeda del Arco. La negación o invisibilidad de lo que ocurre por parte de las autoridades, sostiene, ha generado un gran temor en toda la comunidad.
“Se rompe el paradigma de que la titulación resuelve los problemas de una comunidad. Este caso cuestiona la verdadera protección efectiva territorial que pueda tener un pueblo indígena titulado en la Amazonía peruana. Si va a existir una comunidad nativa titulada pero abandonada, es posible que los colindantes inicien actividades ilegales y se complique todo”, afirma.
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Depredación y amenazas
La grave depredación del bosque de Flor de Ucayali fue ratificada en un estudio desarrollado por la Oficina de Catastro y Monitoreo de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (Gerffs) del Gobierno Regional de Ucayali. De acuerdo con el análisis, entre el 2001 y el 2018 se perdieron 529.46 hectáreas de bosque. El 2019 la deforestación llegó a 119.86 hectáreas y el 2020 alcanzó 213.41 hectáreas. Es decir, el desbosque en el 2020 casi duplicó lo registrado durante el 2019. El estudio de la Gerffs confirmó las proyecciones de los shipibo conibo de Flor de Ucayali, pues da cuenta de un recrudecimiento de la deforestación a partir del 2018, cuando hubo 63.92 hectáreas de bosque devastado.
La deforestación en la comunidad shipibo conibo de Flor de Ucayali ha crecido exponencialmente durante la pandemia. Imágenes: Global Forest Watch.
A través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, Mongabay Latam pudo encontrar que estas alertas aumentaron por lo menos cinco veces más en el 2020 con respecto al 2019. Aunque la deforestación comenzó con fuerza en julio hasta diciembre, fue en setiembre del año pasado cuando se registró el pico de estas alertas, con 1219. Esto sucedió en medio de la pandemia.
Lo que se observó en la plataforma de Global Forest Watch es que esta deforestación ha continuado en 2021, específicamente desde abril. Además de la zona noreste de la comunidad, han empezado a aparecer alertas en la parte sur de esta. En junio se concentraron la mayor cantidad de alertas del año hasta el momento: 242. En total, entre 2020 y 2021, las alertas de deforestación dentro de Flor de Ucayali fueron 4012.
Para la jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, la pandemia del Covid-19 ha tenido una fuerte incidencia en los trabajos de supervisión y control de las entidades competentes: Ministerio Público o funcionarios del gobierno regional, por ejemplo. Ella sostiene que la ausencia de las instituciones del Estado en estas zonas alejadas del país es uno de los factores para que se les vaya cerrando el paso a las comunidades dentro de sus ámbitos y, en consecuencia, queden en peligro frente a eventuales invasores.
“Hay comunidades que cuentan con título, como Flor de Ucayali, pero están solas y desprotegidas. Si bien tienen sus mecanismos de protección internos, las actividades ilegales son muy graves. Los taladores ilegales suelen tener actitudes violentas y el narcotráfico es la actividad ilícita más cruel en muchos sentidos. La ausencia de las instituciones del Estado competentes en diversas zonas del país y la lejanía son factores que juegan a favor de estas actividades ilícitas y de la violencia que ejercen en las áreas indígenas”, indica Nelly Aedo a Mongabay Latam.
Dirigentes de la Feconau detallan que tras la emisión de los informes que corroboraron la alarmante crisis en su tierra participó de una mesa de trabajo con representantes del Ministerio Público, la Policía, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), en Pucallpa. Ahí pidieron una nueva constatación del daño en el bosque de Flor de Ucayali.
A inicios del 2021 mientras los shipibo conibo realizaban un nuevo patrullaje cerca de las zonas de depredación, un maderero les increpó que sabía bien los nombres de quienes habían hecho las denuncias: “A nosotros no nos va a costar nada dispararles”, gritó. Los comuneros cuentan que los narcotraficantes se dedican a extraer madera en el tiempo que esperan una próxima cosecha de hoja de coca. “Así se sienten los dueños de toda esta zona”, señalan.
Ramiro es uno de los comuneros de Flor de Ucayali que vivía con el temor de que los taladores y cocaleros próximos a Santa Sofía lo llegaran a identificar como uno de los vecinos que había promovido la inspección fiscal y que buscaban un nuevo peritaje. La angustia incluso lo hacía pensar en huir del pueblo. En esos días de incertidumbre, un grupo de sujetos llegó a la comunidad en bote y al bajar hicieron varios disparos al aire. “Si vuelven a ir, nadie va a salir vivo”, recuerda Ramiro que los desconocidos gritaban en medio del estruendo de cada balazo. A la semana siguiente, atacaron su chacra y su casa. “Yo estaba ahí con mi familia, nadie resultó herido de milagro”, indica.
Al presidente de la Feconau le enviaron por celular una serie de fotografías donde aparecían hombres descuartizados y sufriendo torturas. Junto con las imágenes le mandaron también este mensaje: “Sigue con lo que estás haciendo y te va a pasar lo mismo”. Ocurrió cuando la federación indígena empezaba a impulsar una nueva visita de las autoridades a la zona deforestada. Por eso tuvo que mudarse de Flor de Ucayali. Sin embargo, en ninguno de los lugares donde permanece de forma temporal puede sentirse seguro. Dice que semanas atrás dos hombres a bordo de una camioneta preguntaron por él, sin dar mayor razón, cerca de uno de los sitios donde estaba viviendo.
La Defensoría del Pueblo ha identificado que entre el 2013 y lo que va del 2021 hubo 20 casos de amenazas a líderes y comuneros indígenas en diversas zonas del Perú. Nelly Aedo explica que se trata de casos individuales y colectivos. En cuanto a Flor de Ucayali, la amenaza representa una cuestión colectiva pues ha sido para toda la comunidad, de acuerdo con la abogada Linda Vigo. Según la Defensoría del Pueblo también, las regiones que concentran el mayor número de indígenas amedrentados por taladores, narcotraficantes y mineros ilegales son Amazonas, Ucayali y San Martín. Y los pueblos indígenas más afectados son los asháninkas, cacataibos, shipibo conibo, awajún y wampís.
Entre el 2013 y el 2021, además, la Defensoría del Pueblo registró 25 asesinatos contra defensores indígenas y ambientales. Nueve de estos sucedieron entre el 2020 y 2021, durante la pandemia, y corresponden a los casos de Arbildo Meléndez, Benjamín Ríos, Gonzalo Pío Flores, Lorenzo Wampagkit, Roberto Pacheco, Jorge Muñoz Saavedra, Herasmo García Grau, Estela Casanto y, recientemente, Marcos López Huanca. En esta relación no figura, entre otros, Santiago Vega Chota, indígena cacataibo de la comunidad nativa Sinchi Roca (Ucayali), asesinado en julio del 2020. Nelly Aedo lo precisa así:
“Los casos registrados por la Defensoría del Pueblo son aquellos de los que la institución ha tenido conocimiento mediante una queja a través de los medios de prensa. Pero no necesariamente son los únicos”.
Magnitud del peligro
El coronel PNP Luis Pacheco Cornejo, jefe de la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro) en Pucallpa, indica a Mongabay Latam que los datos acerca del espacio cocalero y los índices de deforestación en Flor de Ucayali evidencian una zona de fabricación de droga. Comunidades como esta, apunta, no solo son vulnerables a la invasión de colonos sino también por la capacidad económica que tienen las mafias para poder captarlos. El oficial detalla que en estos casos las redes criminales operan de manera independiente con cada elemento que conforma su cadena delictiva: agricultores (cocaleros), brazo armado, fabricantes de cocaína en los laboratorios, así como traficantes de insumos y de la droga.
“Para cada uno de estos aspectos funcionan diferentes redes criminales con dinámica, modalidad y rutas distintas. Las actividades son independientes y eso hace todo complejo. No es que una sola organización maneje toda la cadena de valor”, señala. Y agrega que, al ser círculos más cerrados, se torna más difícil el trabajo de identificar quiénes tienen los roles más importantes en estas bandas.
La Dirandro Pucallpa informa que los distritos de Callería, Masisea, Yurúa, Purús y Padre Abad son los que tienen mayores índices de deforestación y, dentro de estas jurisdicciones, las comunidades nativas de Santa Rosa, Santa Ana, Chachivai, Santa Clara de Uchunya y Flor de Ucayali. En febrero, la Gerffs del Gobierno Regional de Ucayali reportó que durante el 2020 la deforestación en este departamento alcanzó 42.463 hectáreas. Más de 23.000 hectáreas de esta depredación se ubican en bosques y concesiones forestales; y al menos 8.000 en comunidades nativas.
Los shipibo conibo de Flor de Ucayali no tienen certeza de que los narcotraficantes también hayan habilitado pistas de aterrizaje clandestinas en su pueblo. El informe regional de febrero, sin embargo, reveló que 46 narcopistas fueron detectadas en medio de bosques (11), comunidades nativas (13), concesiones forestales (12) y áreas no definidas de todo Ucayali (10). Solo en el último año la Dirandro Pucallpa incautó 1.960 kilos de droga, 71.797 litros de sustancias químicas y destruyó 69 laboratorios para la elaboración de cocaína.
“Cuando los pueblos indígenas hacen denuncias por deforestación, no son considerados los agraviados. El agraviado es el Estado. Entonces el Estado no los protege en campo y ni siquiera les permite acceso a la justicia al darles la posibilidad de ser considerados como agraviados. Es por eso que los casos se archivan y quedan en nada las denuncias”, opina Matías Pérez, de Forest Peoples Programme.
Dos de los comuneros de Flor de Ucayali que accedieron a declarar para este reportaje cuentan con garantías personales debido a las amenazas de muerte que han recibido. Para uno de ellos fue activado el Protocolo para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos. Mediante esta herramienta del Ministerio de Justicia se generaba una alerta para el resguardo policial del afectado y, si era necesario, su traslado a una zona segura. Sin embargo, ambos comuneros sostienen que esto nunca fue efectivo.
El pasado 22 de abril entró en vigencia el Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos como reemplazo del protocolo. En el tiempo que la primera herramienta duró (dos años) hubo 29 solicitudes de activación para la custodia de al menos 90 personas. El mecanismo ya en curso vincula a ocho sectores del Estado. En el caso de Flor de Ucayali, ya ha sido presentada una solicitud formal para la activación de este nuevo instrumento en favor de toda la comunidad incluidos tres líderes.
En medio de este convulso contexto, el pasado 1 de julio personal de monitoreo forestal del Gobierno Regional de Ucayali, representantes de la fiscalía en Materia Ambiental y antidrogas, la Policía y la Marina intervinieron en el área de cocales y depredación de Flor de Ucayali. El fiscal José Guzmán señala que se trató de una “comprobación escandalosa” de cómo la coca es sembrada en toda esa zona y ya ni siquiera de forma clandestina. En el lugar también fueron destruidas tres pozas de maceración de droga, insumos y chozas. La brigada de monitoreo, además, erradicó a mano al menos una hectárea de los sembríos ilícitos. Guzmán confía en que la ejecución periódica de estas intervenciones detenga la operación delictiva allí.
Por lo pronto, luego de esta acción, los shipibo conibo denuncian haber quedado en grave riesgo ante posibles represalias de los narcotraficantes y taladores. El presidente de la Feconau precisa que no ha habido una estrategia de seguridad para Flor de Ucayali y ningún patrullaje posterior por la zona. “Vinieron, destruyeron pozas, insumos y cocales, pero nuevamente dejan a los comuneros como carnada”, apunta.
La esperanza de los comuneros indígenas de este sector de la Amazonía recae ahora en la adecuada y rápida implementación del mecanismo de protección. Ellos saben que la defensa de su tierra y sus vidas seguirá siendo una lucha cruda y sin tiempo.
**Los nombres de algunos comuneros indígenas fueron cambiados por seguridad.
El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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