Perú: tráfico de madera no se detiene con la pandemia

El 23 de mayo, un tráiler cargado con 34 metros cúbicos de madera cumala pasaba inadvertido en la cochera de una estación de servicios, en el km 8.6 de la carretera Federico Basadre, en la ciudad de Pucallpa (Ucayali). Horas antes, el vehículo —con placas de rodaje D4T-928 / AAZ-994— se había detenido a recoger el cargamento en un aserradero del distrito de Manantay.

Cada paso de esta operación era seguido de cerca por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los oficiales habían sido alertados sobre la operación ilegal de varios aserraderos que, a pesar de las restricciones del estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, seguían transformando madera a puerta cerrada. Esta fue la primera irregularidad confirmada por los agentes de la Divincri.

El seguimiento policial se prolongó por dos días. El 25 mayo por la tarde, el tráiler abandonó la cochera y enrumbó por la carretera Federico Basadre con dirección a Lima. En la ruta, a 24 kilómetros de Pucallpa, el vehículo fue intervenido por oficiales de la PNP junto a un equipo de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali. Cuando las autoridades le pidieron al chofer la Guía de Transporte Forestal (GTF) —documento que autoriza el transporte y comercialización de la madera— se dieron con la sorpresa de que tenía el sello y la firma de un funcionario de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GERFFS) de Ucayali, área encargada de emitir esta documentación. Segunda irregularidad: ¿cómo pudo esta oficina emitir la autorización en plena emergencia?

Tras revisar con mayor detenimiento la documentación, las autoridades detectaron un tercer problema: la madera no fue transformada en el aserradero declarado en la documentación; esto lo corroboró la policía durante el seguimiento. El desenlace de esta historia: la madera valorizada en S/30 mil (aproximadamente US $8.400) fue inmovilizada y el chofer detenido.

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El origen de la madera

La FEMA de Ucayali no solo descubrió que la guía de transporte (N° 000777) fue adulterada y que el aserradero no coincidía con el declarado en la documentación, sino que el funcionario del Gobierno Regional de Ucayali, Roy Pinedo López, firmó los documentos sin haber verificado el origen legal de la carga.

¿Cómo lo supieron? El equipo de la fiscalía buscó el origen de la guía de transporte presentada por el chofer del tráiler y llegó a Aquamar Investments INC S.A.C. El representante legal de esta empresa se encargó de confirmarle a los fiscales, a través de una carta, que ellos nunca emitieron esa guía y que “cualquier documento oficial o particular donde se consigne dicha guía de transporte forestal es falsificado”.

Con esas pruebas, la fiscalía fue a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali para pedir explicaciones de porqué validaron un documento fraguado. Los fiscales recibieron como respuesta que una vez que reciben una de estas guías, confían en que los sellos y firmas son reales.

“Cuando un despachador llega con una GTF de origen, es el funcionario de esta gerencia el encargado de verificar la procedencia de la madera con su sello y firma…así está confirmando la legalidad de la madera”, añadió la fuente fiscal. Algo que por lo menos en este caso no se hizo y que traslada las sospechas a cada una de las autorizaciones emitidas en los últimos meses por la gerencia forestal de Ucayali.

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Guías recicladas

En las siguientes dos semanas a esta intervención, tres camiones más intentaron sorprender a las autoridades con la misma guía falsificada. Los casos se presentaron en las regiones de Ucayali, Huánuco y Lima.

El personal del puesto de control forestal El Rancho en Huánuco intervino, el 9 de junio, un vehículo que trasladaba 35 118 metros cúbicos de cumala, carga valorizada aproximadamente en S/44 mil (alrededor de US $12 300). Cuando el chofer presentó la guía de transporte, el N°000777 volvió a aparecer, así como el nombre de la empresa Aquamar Investment. La guía fraguada se utilizaba por segunda vez.

Los otros dos casos se reportaron en Ucayali y en Lima. En el primero, las autoridades incautaron un vehículo con más de 16 mil metros cúbicos de madera cumala en el distrito de Yarinacocha y, en el segundo, más de 33 mil metros cúbicos en el puesto de control forestal de Corcona, al ingreso de Lima. Los firmas y sellos de funcionarios de la gerencia forestal de Ucayali aparecían una vez más en la documentación presentada.

Mongabay Latam insistió con Marcial Pezo Armas, director de Gestión Forestal y Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali, para que responda sobre los presuntos vínculos de los funcionarios a su cargo con los cargamentos de madera ilegal movilizados, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Pezo Armas volvió al cargo de director forestal, en enero de 2019, con la gestión del actual gobernador regional, Francisco Pezo Torres. En el año 2013, durante su primera gestión, Pezo fue el funcionario al que los líderes asháninkas de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, ubicada cerca de la frontera con Brasil, alertaron sobre el tráfico ilegal de madera que ocurría en sus territorios. Uno de esos dirigentes, Edwin Chota Valera, fue asesinado junto a otras tres personas en septiembre del 2014 por taladores ilegales.

El funcionario, además, tiene investigaciones fiscales en su contra por presuntas irregularidades al momento de otorgar autorizaciones forestales. Actualmente, Pezo tiene pendiente cuatro investigaciones en la primera y segunda FEMA de Ucayali por el presunto delito de responsabilidad por otorgamiento ilegal de derechos. Estos delitos son cometidos por funcionarios que emiten documentos con información falsa. De ser responsable, puede recibir una pena no menor de tres años ni mayor de seis años.

Roy Pinedo López, cuya firma y sellos figuran en las guías falsificadas, fue señalado como responsable de autorizar el desembarco en un aserradero de la madera ilegal reportada por Chota, indica una investigación del portal Ojo Público. Pinedo es otro de los funcionarios que ha vuelto a la gerencia forestal en esta gestión.

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Extracción sin verificación

Pucallpa tiene una gran ventaja frente a otras ciudades importantes de la Amazonía, está conectada a través de más de 700 kilómetros de carretera con Lima. La capital peruana es el punto de destino de la mayor cantidad de madera del país para abastecer al mercado nacional y que tiene como destino la exportación. A lo largo de esta ruta, hay siete puestos de control forestal donde confluye el trabajo de la PNP, Sunat y la FEMA. Estos son los obstáculos que tienen que sortear las mafias de la madera, las mismas que se valen de guías de transporte forestal falsificadas que pueden conseguir en distintos puntos de Pucallpa, señalan fuentes consultadas para este reportaje por Mongabay Latam. Esta maquinaria ilegal no se detuvo ni con la pandemia.

“Aquí los únicos que pararon por la cuarentena fueron las autoridades del Estado como el Serfor y el Osinfor. Los ilegales continuaron talando y generando volúmenes importantes que sacaron de Ucayali sin controles. ¡Quién podía pagar, pasaba!”, dijo a Mongabay Latam un transportista de Pucallpa que prefirió que mantuviéramos su nombre en reserva.

Tras la transferencia de competencias a los gobiernos regionales, estos son autónomos sobre las acciones relacionadas a sus recursos forestales y de fauna silvestre. Es decir, tienen a su cargo, por ejemplo, la verificación en campo y la exclusividad para otorgar los títulos habilitantes que permiten aprovechar el bosque.

Sin embargo, están obligados por ley a enviar la información actualizada sobre los títulos otorgados y los planes de manejo para que el personal del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) realice también la verificación en campo. El problema es que esto, en la práctica, no siempre ocurre.

El procurador Público del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio Guzmán, indica que la supervisión en campo que realiza el Osinfor es la única manera de acreditar fehacientemente la legalidad de la madera.

“El riesgo actual es que un gran volumen de madera provenga de títulos habilitantes que no han podido ser supervisados y que no podrán ser supervisados este año por el Osinfor, sobre todo en Loreto, Ucayali y Madre de Dios”, precisa Guzmán. El procurador añadió que en enero solicitó tanto al Osinfor y al Serfor información sobre cuántos funcionarios de los GORE han incumplido con enviar los datos actualizados de los títulos habilitantes otorgados, pero dijo que aún no ha recibido una respuesta. “¿Si no transparentan la información cómo parar los camiones? No hay forma”, declaró Guzmán.

Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga, exdirector del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), quien fue retirado intempestivamente de su cargo en junio de este año, asegura que una de las principales resistencias que encontró durante su gestión para luchar contra la tala ilegal y el tráfico de madera provino de los gobiernos regionales, precisamente los de Loreto y Ucayali. Sostiene, además, que uno de los temas que causó más recelo fue la propuesta del Serfor que apuntaba a intervenir en los puestos de control forestal.

“Hay más de 165 garitas de control forestal en todo el país pero más que cumplir un rol de control, son como un peaje. Lo que hicimos fue analizar cuántos de esos puestos de control eran los cruciales e identificamos seis. El más importante de ellos es el de Corcona que está en la entrada de Lima y los otros están entre Loreto, Ucayali y Madre de Dios, que son las regiones de donde sale el 80% de la madera de todo el país”, señala Gonzales-Zúñiga.

El exfuncionario precisó que las autoridades nacionales estaban alertadas sobre la extracción ilegal de madera durante la cuarentena en estas tres regiones. De acuerdo a su versión, al día siguiente de que el Gobierno iniciara la fase 1 para la reactivación económica, tanto en Ucayali como en Madre de Dios había un promedio de 100 camiones llenos de madera listos para salir al mercado nacional.

“Lo que ha ocurrido durante la cuarentena ha sido tremendo. Informamos al Ministerio de Agricultura (sector al que está adscrito el Serfor) que había gente trabajando ilegalmente en los bosques y sin control, y que eso era un mensaje de debilidad del gobierno a los delincuentes pero no atendieron este llamado. Nuestra propuesta fue que no se reactive el sector forestal en estas regiones debido al elevado número de contagios por COVID-19, pero vemos que eso no es lo que han decidido”, precisa Gonzales-Zúñiga.

Tras la separación de Gonzáles-Zúñiga del Serfor, los gerentes regionales forestales de Loreto, Kenji Terán Piña; de Ucayali, Marcial Pezo Armas y de Madre de Dios, Robert Nishida Añez firmaron un pronunciamiento en conjunto donde respaldaban la decisión del Gobierno y saludaban la designación del viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria, Carlos Ynga, como nuevo Director Ejecutivo del Serfor. De los mencionados funcionarios forestales, el único que no continúa en el cargo es Robert Nishida. En una radio local el gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo, dijo que decidió el cambio para cambiar la imagen del sector forestal en su región.

Mongabay Latam buscó la versión del Serfor respecto a los planes de la nueva gestión del director encargado de la institución, sobre la intervención en los puestos de control forestal y la coordinación en los próximos meses con los gobiernos regionales, pero no hubo respuesta alguna hasta el cierre de este informe.

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Los pasivos de la reactivación económica

El titular de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre del Osinfor, Ildefonzo Riquelme, detalló que durante la cuarentena obligatoria la institución se dedicó a recabar información de las obligaciones de los titulares de las concesiones, así como permisos o autorizaciones forestales para verificar algún incumplimiento.

“Estamos realizando la revisión y actualización de nuestros procedimientos para poder incorporar medidas de supervisión remotas con el uso de tecnologías…Estamos tramitando la aprobación de nuestro protocolo de seguridad y salud para el trabajo de campo ante el Ministerio de Salud. Con ese visto bueno, podremos retomar las inspecciones presenciales, priorizando situaciones de riesgo y denuncia”, manifestó Ildefonzo Riquelme.

Mientras tanto, el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, presentó el plan de reactivación económica forestal Loreto 2020. Con este plan, el GORE pretende generar 150 mil puestos de trabajo y reactivar 169 concesiones forestales en la región con una inversión de S/13 millones. Esta presentación en la que también participó el gerente forestal, Kenji Terán, se realizó en el local de Inversiones La Oroza, empresa investigada por tráfico ilegal de madera en el caso Yacu Kallpa en el año 2015.

El GORE Loreto ha establecido como medida excepcional, además, que hasta el 31 de diciembre se van a exceptuar las inspecciones oculares previas para aprobar los títulos habilitantes. Esta decisión, detalla el documento, está ligada a la emergencia sanitaria del COVID-19 y busca frenar el peligro de contagio de su personal.

“Esta reactivación inicia justamente porque es una necesidad de la región iniciar sus actividades basado en la trazabilidad legal de la madera y en los productos diferentes a la madera”, declaró durante la presentación el gerente forestal Kenji Terán.

Julia Urrunaga, directora de Programas Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), quien ha investigado durante años el proceso de ‘blanqueo’ de madera en el país, advirtió que con la suspensión de la inspección ocular para otorgar los títulos habilitantes se elevará indefectiblemente el porcentaje de madera ilegal en la región.

“No han podido controlar la ilegalidad ni con los esfuerzos en marcha para implementar completamente la norma y ahora nos dicen que esto no ocurrirá cuando están reduciendo los estándares. Muchas de las empresas madereras no han tenido el interés para aplicar la norma y ahora cómo les creemos que aplicarán todos los protocolos”, dice Urrunaga.

El 3 de agosto, durante su exposición ante el Congreso para solicitar la cuestión de confianza, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció que el Gobierno ejecutará un programa de inversión en el sector forestal de más de S/400 millones (unos US$ 112 millones) con miras de crear 56 mil nuevos empleos e impulsar una inversión privada de US$ 500 millones en los próximos cinco años.

¿Quién garantizará en este escenario la legalidad de la madera extraída?

El artículo original de Francesca García Delgado fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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