(Editorial) Ojos bien cerrados

El día de ayer publicamos una entrevista al defensor del Pueblo (i), Eduardo Vega Luna, en la que resaltó la irresponsabilidad en la que está incurriendo el Congreso al demorar la elección de su sucesor y al convertirla en una simple repartija de poder político. La importancia de la defensoría es enorme y una muestra –entre varias– de lo que pone en juego el Congreso con su imprudencia es que este es prácticamente el único organismo oficial que fiscaliza en alguna medida la obligación estatal de facilitar el acceso a la información pública.

A pesar de que hace ya diez años existe una ley de transparencia que obliga a las entidades de la administración a revelar información sobre su gestión, el cumplimiento de la misma deja mucho que desear. Para muestra un botón: solo en el 2011 la defensoría recibió 1.166 quejas ciudadanas contra entidades que no cumplían con esta ley y en lo que va del 2012 ya ha recibido 600.

Esa, por supuesto, no es la única evidencia de que en nuestro país la burocracia cultiva la cultura del secreto. La defensoría, además, recientemente emitió un revelador informe sobre el cumplimiento de la obligación de publicar información en el portal de transparencia de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales durante el 2011. En él analizó si estas entidades cumplieron con publicar en dicho portal sus normas, documentos de gestión e información sobre su presupuesto, adquisición de bienes y servicios, actividades oficiales, entre otros datos. Según dicho informe, a pesar de que ha habido una mejora general en el cumplimiento de tales obligaciones, son aún varios los casos de gobiernos provinciales y locales que prefieren trabajar en la sombra.

Solo el 77% de los gobiernos regionales, por ejemplo, publica información presupuestal y únicamente el 69% publica información sobre prácticas de buen gobierno (que incluye el proceso de presupuesto participativo, las audiencias de rendición de cuentas y las actas del Consejo de Coordinación Regional o Local). En el caso de las municipalidades provinciales, el problema es todavía mayor: el nivel de cumplimiento en ambas categorías es solo de 65% y 49%, respectivamente. Y cuando vemos el detalle del porcentaje de cumplimiento por cada entidad, más de un caso escandaloso salta a la vista. Las municipalidades provinciales de Abancay, Cajamarca, Callao, Cusco y Tambopata, y los gobiernos regionales de Moquegua y Tumbes, solo por citar algunos casos, cumplen el 0% de sus deberes de transparencia en materia de adquisiciones y contrataciones.

¿Por qué el Estado, tan presto a sancionar a los ciudadanos que incumplen las leyes, no es el primero en cumplirlas y enseñar con el ejemplo? Pues, por un lado, porque a todo funcionario público le conviene tratar de cerrar los ojos de la ciudadanía para que esta no pueda ver los casos de ineficiencia o corrupción. Y, por otro, como señala el defensor del Pueblo, aún cuando la ley de acceso a la información pública es buena, no hay cómo hacerla cumplir. Y es que, cuando una entidad incumple las obligaciones que dicha ley establece, al ciudadano afectado no le queda más que iniciar un larguísimo y costoso proceso judicial para reclamar sus derechos. En pocas palabras, se trata de una ley sin sanción, sin dientes.

Por este motivo, la defensoría ha presentado un anteproyecto de ley para crear una autoridad nacional que fiscalice que las entidades estatales cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y no le falta razón: así como existe un Indecopi que sanciona a las empresas que mienten o que ocultan información relevante para los consumidores, debería existir un organismo similar e independiente que proteja a los ciudadanos de aquellos funcionarios estatales que hacen lo propio, ofreciendo la posibilidad de reclamar mediante un proceso administrativo expeditivo, imparcial y de bajo costo.

Esta reforma, en todo caso, está en manos del Congreso. Ojalá que en esta oportunidad el Parlamento sí se ponga serio y demuestre que no tiene problemas en permitir que los ciudadanos se quiten las vendas que muchas burocracias colocan en sus ojos.