El 3 de diciembre se inicia la etapa oral de la demanda por la delimitación marítima con Chile que el Perú ha planteado ante el tribunal de La Haya.
Como se sabe, Chile argumenta que tanto la Declaración de Santiago de 1952, entre el Perú, Chile y Ecuador, como un convenio pesquero que el Perú suscribió con Chile en 1954, son tratados de límites marítimos, por cuyo efecto el paralelo se convirtió en el límite efectivo entre ambos países.
El Perú, por su parte, sostiene que ni la Declaración de Santiago ni el convenio de 1954 son tratados de límites, porque su finalidad no fue la de fijarlos, sino la de afirmar la soberanía de los tres países sobre 200 millas mar adentro y ordenar zonas de tolerancia pesquera, respectivamente. Agrega, además, que la declaración recoge el criterio del paralelo solo para el caso en que haya islas, lo que únicamente es aplicable a la frontera marítima Perú-Ecuador.
Abona, adicionalmente, a la tesis del Perú la Convención del Mar. Este tratado establece la línea equidistante entre las costas como el límite marítimo entre países, si es que no hay tratado previo. Si bien el Perú –increíblemente– no ha ratificado hasta la fecha esta convención (una omisión que debería subsanarse cuanto antes), el principio que ella recoge es el de la costumbre internacional, y es el que han usado los fallos de la corte de La Haya en casos similares.
La etapa oral presenta un riesgo para ambos países: los políticos extremistas u oportunistas que, a cada lado, intentarán usar los argumentos de los abogados (quienes, naturalmente, tratarán de ser enfáticos en sus posiciones) para caldear los ánimos y llevar agua para sus molinos. Tanto en el Perú como en Chile debemos ser conscientes de esto y estar preparados para hacer oídos sordos, manteniendo la mirada en lo importante. Y lo importante es que esta es la última controversia abierta que permanece entre los dos países y que ambos hemos acordado que la manera de resolverla es la civilizada: sometiéndola a un tribunal imparcial. Luego, lo coherente es que para los dos el problema acabe con la resolución de este tribunal, sea esta cual fuere, y que, a partir de ahí, podamos concentrarnos en construir juntos hacia adelante, ya sin piedras en el camino.
Es muchísimo lo que ambas partes podemos ganar de este futuro conjunto. Por ejemplo, en el 2011 el intercambio comercial entre ambos países sumó US$ 4.000 millones, apenas algo menos que el intercambio del Perú con todos los países de la comunidad andina sumados. Por su parte, la inversión privada peruana en Chile, antes muy pequeña, suma ya más de US$ 7.000 millones, mientras la chilena en el Perú está en los US$ 12.000 millones. Ahora incluso tenemos empresarios peruanos y chilenos que arman expediciones conjuntas en busca del mercado asiático, aprovechando que las ofertas de ambos países son complementarias.
Una vez resuelta la delimitación marítima, no solo los empresarios, sino los propios estados podrán sumar sus plataformas para desarrollar estrategias comunes público-privadas de penetración del enorme y creciente mercado de la China, la India y otros países. Entonces será también finalmente posible un proceso de convergencia regulatoria y de políticas entre los dos países en temas bancarios, bursátiles, pesqueros, laborales, educativos y demás, y una integración fronteriza Tacna-Arica mucho más fuerte que incluya la venta de energía y que incorpore a Bolivia en el desarrollo conjunto.
También la integración social y cultural, ya en marcha, tendrá el camino despejado después de La Haya. En este momento la mayor cantidad de turistas que vienen al Perú son chilenos. Al mismo tiempo que viven en el país sureño más de 150 mil peruanos que han llevado consigo nuestra cultura, transformando, por ejemplo, la manera de comer de los chilenos y hasta, en algunos casos, su religiosidad, con la adhesión creciente que concita en el pueblo chileno la procesión del Señor de los Milagros.
En suma, ambos países tenemos mucho que ganar en impedir que en este proceso de cierre de nuestra última controversia se produzcan nuevas heridas. La controversia de La Haya, de acá hasta que la corte resuelva y con más razón luego de ello, debe de quedar en La Haya.