Arequipa y Ancash fueron declarados en emergencia por intensas lluvias

El Poder Ejecutivo declaró hoy en estado de emergencia varios distritos de las provincias de los departamentos de Arequipa y Ancash, por el plazo de sesenta días, para la ejecución inmediata de medidas de excepción y rehabilitación ante la continuidad de las lluvias.

AREQUIPA Se trata de los distritos arequipeños de Andaray y Cayarani, de la provincia de Condesuyos; Chaparra, Atico, Bella Unión, Huanuhuanu, Jaqui y Chala, de la provincia de Caravelí; así como Aplao y Ayo de la provincia de Castilla, precisa el Decreto Supremo Nº 052-2013-PCM, publicado hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

La disposición abarca también a los distritos de Alca, Huaynacotas, Cotahuasi, Pampamarca, Quechualla, Sayla y Tauría, de la provincia de La Unión; Cabanaconde, de la provincia de Caylloma; y Nicolás de Piérola, de la provincia de Camaná.

ANCASH En el caso de Ancash, el estado de emergencia comprende a los distritos de Mangas, de la provincia de Bolognesi; Huaraz, Olleros, La Libertad y Pira, de la provincia de Huaraz; San Marcos y Huachis, de la provincia de Huari; Mancos, de la provincia de Yungay; y Pueblo Libre y Huata, de la provincia de Huaylas.

Del mismo modo, a los distritos de Piscobamba, Lucma y Llumpa, de la provincia de Mariscal Luzuriaga; Pallasca, de la provincia del mismo nombre; Cashapampa, de la provincia de Sihuas; San Luis, de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald; Tapacocha, de la provincia de Recuay; Santa, de la provincia de Santa; y Pariahuanca, de la provincia de Carhuaz.

El considerando del Decreto Supremo Nº 053-2013-PCM, precisa que las intensas precipitaciones pluviales que se registran ha incrementado el caudal de los ríos y sus afluentes, produciendo deslizamientos de tierras y desbordes de ríos, que han dañado viviendas, infraestructura vial y de salud.

Las acciones de respuesta y rehabilitación de las zonas afectada serán ejecutadas por el Gobierno Regional de Arequipa, gobiernos locales involucrados, Instituto Nacional de Defensa Civil, ministerios de Transportes y Comunicaciones, Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y demás instituciones públicas.

Las medidas que aplicarán pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.