Demanda de consumidores a Telefónica rumbo a Corte Suprema

El juicio entre Telefónica del Perú y la asociación de consumidores Instituto del Derecho Ordenador del Mercado (IDOM), iniciado en el 2013, todavía no ha terminado. El operador ganó en agosto la segunda instancia, pero la demanda ha sido elevada a la Corte Suprema.

En mayo del año pasado el Poder Judicial había declaró nula, en primera instancia, la renovación por 18 años y 10 meses de la concesión de telefonía móvil de Telefónica del Perú a pedido de la asociaciones de consumidores.

La sentencia establecía además que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debía ordenar un mecanismo para dar en concesión la banda, es decir se podía convocar una nueva licitación para el espectro en la que competirían Telefónica con otros operadores.

La citada sentencia fue apelada por Telefónica, quien en su momento dijo que “vulnera abiertamente la legislación peruana que rige las telecomunicaciones”.

La segunda sala que revisó el caso, tras la respectiva audiencia, determinó revocar la sentencia apelada y declarar infundada la demanda.

Paul Castro, presidente del Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios del Perú (CONACUP), informó que han presentado un recurso de casación, es decir han pedido a la Corte Suprema que revise ambos fallos y tome una decisión definitiva sobre el asunto.

El siguiente paso, explicó, es que se admita la casación y resuelvan, lo cual puede llevar máximo un año. Eventualmente alguna de las partes podría pasar el caso al Tribunal Constitucional si no está de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema.

MATERIA EN DISPUTA

​La demanda fue presentada en el 2013 a nombre de la asociación de consumidores Instituto del Derecho Ordenador del Mercado (IDOM) con el objetivo de anular la resolución ministerial en la que se aprobó los contratos de renovación de concesión de telefonía móvil a Telefónica.

El grupo español tenía un contrato firmado por el Estado para brindar el servicio de telefonía móvil y cuando venció la concesión (2011 y 2012) procedió a pedir una renovación, la cual fue concedida por el MTC a inicios del 2013.

IDOM argumenta que el contrato inicial no incluía una cláusula de renovación, por lo que pide que se anule la citada renovación y se haga una nueva licitación del espectro asignado a Telefónica.

El MTC y el operador aseguraron ante los magistrados que la ley vigente de la época sí contemplaba la posibilidad de renovar la concesión sin necesidad de realizar una nueva licitación.

Un primer juzgado le dio la razón a los consumidores, una segunda instancia se la da al MTC y Telefónica. Ahora corresponde que la Corte Suprema decidir sobre el particular.

Mientras dure el proceso el operador continuará ofreciendo el servicio, pues se trata de un servicio público que no puede ser suspendido por disputas legales.

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