Congreso: Las propuestas económicas del Ejecutivo a la espera de ser debatidas

El jueves pasado, el Congreso aprobó, en el primer pleno de la nueva legislatura, un proyecto de ley presentado en abril para establecer la aplicación de la cláusula de excepción de las reglas fiscales. El proyecto era de carácter urgente, pues permite ampliar el déficit fiscal para atender los gastos derivados del fenómeno de El Niño costero, pero tuvieron que pasar tres meses para que fuera aprobado. A similar escenario se enfrentan otras 16 propuestas sobre asuntos económicos enviadas por el Ejecutivo desde setiembre del 2016, que todavía no cuentan con dictamen en las comisiones correspondientes.

De los proyectos de ley del Ejecutivo que aún no cuentan con el consentimiento del Parlamento, el Gobierno ha resaltado en las últimas semanas la importancia de tres debido a su impacto esperado en la economía: la creación de una agencia que facilite el acceso a predios para el desarrollo de proyectos de inversión, el incentivo al empleo juvenil y cambios normativos en la fiscalización laboral.

ANHELADA APIP
En mayo, el Parlamento derogó el Decreto Legislativo N° 1333, que buscaba facilitar el acceso a predios para proyectos de inversión. Tras ello, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó una nueva propuesta el 28 de julio, que ahora excluye a los inmuebles situados en territorios de propiedad de comunidades indígenas, motivo planteado por Fuerza Popular y Frente Amplio para oponerse a la iniciativa.

El proyecto de ley N°1718 plantea la creación del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Obras de Infraestructura Priorizadas (APIP). Esta entidad tendrá como propósito principal reducir de 679 a 280 días la entrega de terrenos requeridos para proyectos de infraestructura, sostiene el Gobierno.

“Se plantea promover el trato directo antes que la expropiación, dando un incentivo económico hasta del 20% sobre el valor del inmueble”, explica Mauricio Santa Cruz, gerente del Área Legal de EY Perú.

El economista César Peñaranda recuerda que el principal factor para el retraso de proyectos es, precisamente, la liberación de terrenos, lo que a su vez conlleva sobrecostos y la firma de adendas. “Hay que aprobar [la ley], pero sobre todo supervisar su ejecución”, puntualiza.

Mientras que Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research Perú, considera que el citado proyecto tendrá un impacto macroeconómico a corto plazo, al ayudar a dinamizar los grandes proyectos de infraestructura.

EMPLEO Y FISCALIZACIÓN
El Gobierno también remitió en marzo el proyecto de ley N° 1114 para promover el empleo juvenil, empero aún está pendiente su debate en las comisiones de Trabajo y Economía del Congreso. La propuesta, a la que se oponen gremios sindicales, plantea que el Estado subsidie el aporte a Essalud (9% de la remuneración mensual) mediante un crédito tributario, para fomentar la contratación formal de jóvenes entre 18 y 29 años.

“Los jóvenes reciben todos los beneficios y no se puede remplazar a un trabajador estable con un joven. Es pura creación de empleo formal”, explica el abogado laboralista Jorge Toyama.

Perea dice que la norma “es una opción interesante”, pero considera necesario un mayor análisis sobre el costo que se trasladará al Estado, estimado en S/54 millones anuales.

El incendio en la galería Nicolini motivó que el Gobierno acelere el fortalecimiento de la fiscalización laboral en el país. El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ha dicho a este Diario que se requiere una reorganización de la Sunafil. Y eso establece el proyecto de ley N°1722 que Kuczynski entregó al Congreso en su mensaje a la nación.

Pierre Mendoza, gerente del Área Laboral de PwC, dice que es positivo que la iniciativa busque centralizar en la Sunafil la inspección laboral, tarea que hoy comparte con los gobiernos regionales y el Ministerio de Trabajo.

Toyama precisa que con el cambio propuesto, la Sunafil podrá intervenir en las microempresas, en las que existe la mayor informalidad.

Pero los nuevos alcances de Sunafil no llegarán a mucho si no se le brinda un mayor presupuesto, opina José Ignacio Beteta, director de Contribuyentes por Respeto. “La transferencia del personal fiscalizador de los gobiernos regionales no es suficiente. Se necesitan más recursos”, advierte.

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