Alcaldía para delinquir, por Federico Salazar

‘El Uno’, así llamaban al alcalde de La Victoria. Era el número uno de una banda delincuencial que había ingresado a la Municipalidad de La Victoria.

Esta organización criminal se dedicaba al cobro de cupos a los ambulantes y a los choferes de camiones del Mercado de Frutas. Obtenían 25 millones de soles al año solo con este delito.

Hay cuatro homicidios vinculados a esta mafia. Habría asesinado por encargo a tres sujetos, y matado a la hija de 2 años de uno de ellos. Es probable que se tratara de una lucha entre mafias de cupos.

De hecho, uno de los asesinatos se atribuye al ‘financista’ del alcalde-delincuente, Alexander Peña Quispe, no habido.

El caso de La Victoria no es el único. Solo en Lima hay otros seis alcaldes con similar perfil. No hablamos solo de sobornos, sino, principalmente, de maquinarias establecidas para la comisión de delitos como usurpación agravada, sicariato, extorsión, robo, fraude, lavado de activos, entre otros.

No es gente que cayó en la tentación de la corrupción. Se trata de delincuentes que planearon entrar a un partido político, ganar unas elecciones y tomar los respectivos gobiernos locales para delinquir a través de las instituciones.

Escandaliza, pero no sorprende. Varios presidentes son investigados por soborno y extorsión. ¿Cabe duda, en este momento, por ejemplo, de que Alejando Toledo se haya disfrazado de demócrata para simplemente delinquir desde el primer día?

La delincuencia se ha instalado en nuestras instituciones. Se instaló en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en el Consejo Nacional de la Magistratura. Desde este último colocaba a sus ‘amigos’ en el PJ y el MP.

En un audio, el ex juez superior Walter Ríos trata de contactar al alcalde-delincuente de La Victoria. Estaba por tejerse, en ese caso, otra red criminal de intercambio de favores.

El caso de La Victoria no es único y no es reciente. Revela, ante todo, la quiebra del sistema de elección de autoridades. Revela, además, el desentendimiento de estos problemas por las autoridades políticas, de sucesivos congresos y gobiernos nacionales.

Los que son elegidos parecen no interesarse en resolver el problema de las instituciones. En muchos casos entran para aprovecharse del cargo; en el mejor de ellos, para solo administrar lo que se les pone por delante.

Desde que se conoció el asesinato por linchamiento del alcalde de Ilave, en el 2004, no se ha hecho nada. No sorprende que en el 2017 murieran asesinados el ex alcalde de Arapa (Azángaro), Puno, y el ex alcalde de San Román, Puno, dentro del penal de Yanamayo, nada menos.

No olvidamos el asesinato del alcalde de Casma, en el 2012; del alcalde de Samanco, en el 2015; y del alcalde de Yaután, en el 2016, para hablar de Áncash. Son, todos, asesinatos vinculados a mafias de corrupción.

Estos asesinatos son la punta de iceberg de la corrupción municipal. ¿Ha habido algún político que haya dicho que esto no puede continuar? ¿Algún grupo político ha levantado la bandera de la reforma institucional?

¿Cuántas reformas se han debatido en el Congreso en relación a esta evidencia de quiebre del sistema de elección y administración municipal? ¿Alguien dijo que esto debe motivar un cambio en la ley electoral, la ley de partidos o en la ley de municipalidades?

No hay propuestas porque no hay interés en resolver o no hay entendimiento del problema o no hay idea de qué hacer.

Los alcaldes-delincuentes se aprovechan del sistema electoral y municipal. Las bandas se fijan el propósito ya no solo de corromper a los funcionarios, sino de convertirse, ellos mismos, en autoridades.

Se requiere una reforma de las instituciones electorales, partidarias, municipales, penales e incluso constitucionales para cerrar el paso a estas bandas. Necesitamos reforzar los sistemas de vigilancia ciudadana, de denuncia pública y de publicidad de la vida partidaria.

Que no lleguen más bandas delincuenciales a las instituciones del Estado. La clave, en todos los casos, es la transparencia de los actos de gobierno; pero también, y sobre todo, la vigilancia ciudadana.

Limitar el poder: esa es la clave.