Editorial: Lo mínimo indispensable

A las autoridades públicas no siempre les es fácil motivar a los empresarios a invertir. Los factores fuera de su control son muchos –como el contexto internacional o el ciclo de precios– y los que están dentro de su control pueden ser difíciles de mover –como la infraestructura, el mercado laboral o el ambiente de negocios en general–. Cuando impulsar la inversión privada se pone entonces cuesta arriba, los gobiernos tienen siempre una carta presta a ser usada bajo la manga: la inversión pública. Con ello apuntan en ocasiones a darle dinamismo a la economía, si lo demás falla. Debería ser el camino fácil.

Decimos “debería” porque esta labor relativamente simple no parece estar al alcance de las actuales autoridades. A pesar de los esfuerzos, la inversión pública cayó 30,6% en mayo –lo que implica una ejecución de apenas S/1.860 millones en comparación con los S/2.682 millones del mismo período el año pasado–. Esta sería la mayor caída en la inversión pública desde octubre del 2016.

La responsabilidad es compartida. Al mes de mayo, el gobierno central –que incluye los ministerios– tenía un avance de 16,3%, menos de la mitad de lo previsto a estas alturas del año. Dos ministerios, de hecho, no habían ejecutado ni un sol de lo programado para la inversión en el año.

Sin embargo, la mayor parte de la caída se explica en el desempeño de los gobiernos subnacionales. En concreto, las municipalidades registraron una caída de 61% en mayo. Su ejecución de presupuesto, cerrado el quinto mes del año, llegaba a tan solo 18,6% de lo que tienen planeado hasta diciembre.

Es justo reconocer que la inversión pública se suele reducir en el primer año de gestión de las autoridades locales (aproximadamente 20% de contracción para el 2011 y 2015, por ejemplo), en una combinación de cambio de prioridades políticas, falta de continuidad de proyectos anteriores e inexperiencia. No obstante, esta última debilidad, como hemos comentado en anteriores ocasiones, se ha visto agravada por el impedimento a las autoridades subnacionales de reelegirse. Y, en consecuencia, las cifras negativas de este ciclo político son también más bajas de lo normal. En esto, el populismo del Legislativo tiene también una cuota de responsabilidad.

La incapacidad para ejecutar los presupuestos de inversión pública tiene consecuencias directas sobre la economía. Según la Unidad de Análisis Económico de este Diario, “la economía en los primeros cinco meses hubiera podido crecer a un ritmo promedio de 2,7% y no de alrededor de 2% como se ha observado” si únicamente los sectores Transporte, Salud y Educación hubiesen mantenido los mismos niveles de inversión del 2018.

Más importante que las consecuencias económicas, sin embargo, es que el retraso de la inversión pública mantiene abiertas las enormes brechas que el Estado tiene la responsabilidad de cerrar. Colegios, caminos, agua y saneamiento, postas y hospitales, comisarías y un gran etcétera se hacen esperar entre la población no por falta de recursos, sino por falta de organización y capacidad para ejecutarlos. La lentitud de la reconstrucción del norte es tan solo una imagen más de la misma parálisis que afecta a ministerios, gobiernos regionales y municipalidades al momento de invertir adecuadamente y a tiempo el presupuesto que tienen a cargo. Es decir, su tarea más elemental.

Si el Ejecutivo espera apoyo popular para reformas políticas que pueden resultar abstractas y poco tangibles para el ciudadano promedio, podría empezar por ganar su buena disposición haciendo lo mínimo que le corresponde hacer con el dinero que recauda de los esforzados contribuyentes: gastarlo apropiadamente. Eso, de hecho, debería ser la parte fácil.
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