Jorge Barata y las campañas que aún no se investigan

Jorge Barata, el ex director de Odebrecht en el Perú, repartió dinero a manos llenas en nuestro país. Así lo ha manifestado él mismo al Ministerio Público, tras afirmar que su empresa aportó a las campañas electorales de políticos como Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, y a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

Sus declaraciones fueron conocidas el 28 de febrero, día en que rindió su testimonio en Brasil ante el fiscal peruano de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, quien investiga los aportes a la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2011.

Este testimonio, señalaron fuentes del Ministerio Público a El Comercio, llegó de manera oficial a Lima el viernes pasado y fue puesto a disposición de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones. Posteriormente, será entregado al fiscal Pérez, quien lo incorporará como elemento probatorio en el caso que tiene a su cargo.

A los pocos días de la diligencia en Brasil, Pérez dispuso realizar operaciones de allanamiento en Lima.

El local de la Confiep fue intervenido por un presunto aporte de US$200 mil, así como las viviendas de los ex ministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Todos ellos fueron señalados por Barata como los intermediarios de la entrega de US$1 millón para la campaña de Keiko Fujimori.

En el Congreso de la República, especialmente desde la bancada fujimorista, se reclamó realizar las mismas acciones con los otros implicados en esta trama de corrupción política.

En su declaración, Jorge Barata ratificó la frase “apoyamos a todos”, que meses antes su jefe, el ex CEO Marcelo Odebrecht, había manifestado a la fiscalía del Perú.

Barata dijo que, además de la campaña de Fujimori, entregó US$700 mil a la de Toledo (vía Avi Dan On) del 2011, US$200 mil a la de García en el 2006 (vía Luis Alva Castro), US$300 mil a la de PPK en el 2011 (vía Susana de la Puente) y US$3 millones a la campaña por el No a la revocación de Susana Villarán .

Sin embargo, fuentes en la fiscalía indicaron que Pérez no puede iniciar investigaciones por estos casos.

La razón de ello es porque el magistrado solo tiene facultades para actuar en la investigación a Fujimori, Fuerza Popular o personas vinculadas al partido. Esto se debe a que, según la Resolución 2683-2017-MP-FN de agosto del 2017, los casos de lavado de activos relacionados al Caso Lava Jato deben ser vistos por el Equipo Especial Anticorrupción Lava Jato, a cargo del fiscal Hamilton Castro.

En el Ministerio Público explican que cuando se expidió esa resolución, Pérez no había sido designado fiscal de lavado de activos, tampoco tenía a su cargo el caso de Fuerza Popular y tampoco se conocían los aportes a otros partidos políticos. Esto último se supo recién en noviembre, tras la segunda declaración de Odebrecht.

Entonces, ¿qué sucederá con las declaraciones sobre los otros políticos? Esta situación la deberá definir el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, informaron fuentes del Ministerio Público.

Inicialmente, lo declarado por Barata que no esté relacionado al partido fujimorista debería ser remitido al Equipo Especial Anticorrupción; sin embargo, esto requiere que los fiscales de este grupo firmen un acuerdo de no incriminación comprometiéndose a no iniciar acciones penales contra Jorge Barata, la empresa y sus funcionarios. De lo contrario, no podrán usar sus declaraciones.
El fiscal Pérez, por una obligación legal con la justicia de Brasil, firmó ese acuerdo y es el único autorizado para utilizarlas.

Las mismas fuentes indicaron que el Equipo Especial ya tiene varios casos complejos relacionados a los pagos de sobornos de Odebrecht, por lo que sumar ahora la entrega de dinero a las campañas electorales incrementaría la complejidad de las pesquisas. Indicaron además a este Diario que “el equipo especial no tendría ninguna oposición en que lavado de activos investigue ese aspecto”.

—Cambio de estrategia—
La otra opción es que el mismo fiscal Pérez u otro fiscal del área de lavado de activos se quede con las declaraciones de Barata sobre los otros políticos mencionados y abra nuevas carpetas de investigación. Para ello, ese nuevo fiscal también deberá firmar con Brasil el acuerdo de no incriminación contra Odebrecht.

El pasado viernes 9 de marzo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, mantuvo un cónclave con los principales fiscales anticorrupción del equipo especial, entre ellos Hamilton Castro y César Zanabria; por el lado de lavado de activos estuvo su coordinador, Rafael Vela.

En esa reunión se delineó una estrategia para replantear la forma de llevar a cabo las investigaciones fiscales vinculadas a Lava Jato.
“Debo señalar que, conforme a las leyes procesales vigentes, no se permite acumular las investigaciones en un solo equipo investigador y acusador. No obstante, se reorientará el nivel de coordinación necesario”, dijo Sánchez tras ese encuentro.

La medida pretende fortalecer a los dos equipos de investigación que se han abocado a las pesquisas de los actos de corrupción y lavado de activos que involucran a la clase política y empresarial.