Extorsión y sicariato: los millones que amasan estos sujetos amenazando a pequeñas y medianas empresas

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La segunda edición del estudio “Las economías criminales y su impacto en el Perú” (2022), realizado por la organización CHS Alternativo, bajo la autoría del exviceministro del Interior, Ricardo Valdés; el exministro del Interior, Carlos Basombrío y el sociólogo Dante Vera, señala que estas organizaciones criminales que se dedican a la extorsión, podrían recaudar anualmente hasta S/1.961 millones amenazando a pequeñas y medianas actividades económicas.

Basombrío indicó a El Comercio que la extorsión, la misma que implica cobrar por “protección” y “acceso al trabajo” en determinados ámbitos, se ha convertido actualmente en el principal delito de crimen organizado en el Perú en términos de masividad.

“La dificultad del Estado para frenarla es notoria, la impresión que tengo es que esto va en alza rápidamente”

Además, comentó que la cifra de ganancia ilícita corresponde a centenares de organizaciones criminales.

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La extorsión se presenta en los cobros de cupos a obras de construcción civil, que usualmente son contra los trabajadores. También el cobro de cuotas, que afecta directamente a los empresarios que ejecutan las obras. De igual manera esto aplica para bodegueros, comerciantes, transportistas, entre otros que se ven obstaculizados para desarrollar sus labores en las zonas que los hampones tienen bajo su control.

Todo esto sucede día a día en las ciudades del Perú, mientras se realizan las compras del mercado, se usa el transporte público, se camina por puentes abarrotados de ambulantes y se cruza por los frontis de grandes construcciones. Este delito está a la orden de los delincuentes y a simple vista del ciudadano de a pie.

El exjefe de la región policial Callao y Nororiente, Cluber Aliaga Lodtmann, relató que las bandas de extorsión a obras de construcción civil se iniciaron en la provincia constitucional chalaca y luego se fueron expandiendo a lo largo de todo el territorio peruano. Esto sucedió principalmente en grandes ciudades costeras como Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Piura, Tumbes, Ica, entre otras.

“Perú era un país donde había mucho robo, pero pocos muertos. Actualmente estamos viendo que los códigos del hampa, que respetaban la vida de terceros, han cambiado. Los delincuentes peruanos no eran afines a matar a diestra y siniestra, ahora podemos ver que están copiando códigos de otros países más violentos como el caso de Venezuela y esto se refleja en la influencia de sus bandas delictivas en el territorio nacional”, detalló.

Como parte de sus modalidades, estas bandas también efectúan el secuestro de vehículos para exigir un pago a modo de rescate a los propietarios; el “chalequeo”, que es un cobro por un “servicio de seguridad” contra amenazas que genera la misma organización. Finalmente, y quizá la más común, la extorsión telefónica. El mecanismo de acción de esta es a través de llamadas o mensajes de textos amenazando a las víctimas para que realicen pagos en una cuenta bancaria.

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Para Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, los pequeños y medianos emprendedores, como motores económicos del país, son los más afectados porque tienen menos capacidad de protegerse.

“El objetivo principal (de los extorsionadores) es extraer la riqueza generada lícitamente por estas personas. Es importante que cuando midamos la extorsión no se pierda de vista su carácter predatorio que, a diferencia de otras actividades ilegales, se afecta la propiedad y los esfuerzos de otras personas que están tratando de ganarse el pan de cada día”, comentó.

El último domingo, este Diario publicó un informe que detalló los distritos con mayor incidencia de crímenes por encargo de setiembre 2022 a enero 2023. Entre ellos figuraba San Juan de Lurigancho con 32 casos, el Callao (21), San Martín de Porres (16), San Juan de Miraflores (12) y Ate (11).

“La cifra de estos crímenes sería un indicativo para identificar dónde se produce con mayor incidencia la extorsión, puesto que luego el sicariato es el producto de la expansión de una economía ilegal como la mencionada”,

Rubén Vargas, exministro del Interior.

Asimismo, enfatizó en que el gobierno debe fortalecer las unidades especializadas de la policía (que existen) para construir estrategias que enfrenten el problema.

“Hay unidades que necesitan ser repotenciadas, fortalecidas y que se les asigne el presupuesto suficiente. Necesitan trabajar en el marco de una estrategia frente a este tipo de criminalidad organizada (...) donde los factores más importantes para enfrentarlos son la inteligencia humana y electrónica”, dijo.