Hoy el ex presidente de Argentina, Fernando De la Rúa (gobernó de 1999 2001), recibirá sentencia por presuntamente haber sobornado a miembros del Senado para aprobar la controversial Reforma laboral del 2000.

La polémica de esta reforma se centraba, entre otros aspectos, en extender a un año el periodo de prueba laboral. Esto permitía que durante doce meses los trabajadores puedan ser despedidos, sin que su empleador le deba indemnización alguna.

La fiscalía argentina, representada por la fiscal Sabrina Namer, solicitó seis años de prisión para De la Rúa en caso sea encontrado culpable. La denuncia del posible soborno fue hecha por el ex secretario parlamentario, Mario Pontaquarto, conocido por la prensa argentina como el arrepentido al ser el que que develó el hecho.

Pontaquarto, dijo al tribunal que él mismo manejó los cinco millones de pesos (en ese momento equivalente a 5 millones de dólares), con el que se sobornaría al Senado.

Por su parte, en el transcurso del proceso judicial que ha durado un año y cuatro meses las defensas, incluida las del ex mandatario De la Rúa, las del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del ex jefe de la Secretaría de Inteligencia, Fernando de Santibañes, han sostenido que el relato de Pontaquarto permitió montar una operación política.

Los senadores a los que Fernando de la Rúa habría prometido pago, fueron Augusto Alasino y Alberto Tell, ambos involucrados en el proceso que culminaría hoy con la sentencia que comprobará si hubo o no sobornos en la aprobación de la reforma laboral hace 13 años.