El juez instructor del caso de corrupción en torno al yerno del rey Juan Carlos I de España, Iñaki Urdangarin, impuso hoy una fianza de 8,1 millones de euros (10,9 millones de dólares) contra éste y su ex socio Diego Torres, al considerar que practicaron una actividad delictiva premeditada.

El magistrado José Castro de los juzgados de Palma de Mallorca dio a ambos imputados un plazo de cinco días para pagar la fianza y les advirtió de que, en el caso de no abonar dicha suma, se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla, según un auto de más de 500 páginas emitido por el tribunal.

Castro confirmó así el importe de la fianza que habían solicitado a finales de noviembre la fiscalía y el sindicato Manos Limpias, que integra la acusación particular en el caso por el presunto desvío de fondos públicos al llamado Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro creada por el esposo de la infanta Cristina y su ex socio.

En su auto, el juez consideró que los imputados se pusieron de acuerdo para rentabilizar la influencia que se derivaba del parentesco de Urdangarin con la familia real, y que se les hacía ver a los potenciales clientes del Instituto Nóos que había innumerables ventajas de prestigio y económicas en el hecho de contar con la colaboración de un miembro de la Casa Real.

Según el texto, Urdangarin y Torres fundaron Nóos para aparentar que no perseguían fines lucrativos y acceder a fondos públicos mediante convenios, rodeándose además del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas. Castro estimó además que los responsables de los gobiernos regionales que firmaron contratos con Nóos tomaron decisiones arbitrarias e injustas al margen de cualquier expediente administrativo con el fin de beneficiar a personas concretas.

UNA TERCERA PARTE MÁS La suma solicitada por la fiscalía como fianza de responsabilidad civil y confirmada ahora por el tribunal equivale a los fondos públicos recibidos por Nóos de los gobiernos regionales de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007, unos 6,1 millones de euros, más una tercera parte.

El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, había expresado a mediados de este mes su oposición a la fianza, alegando que todos los contratos firmados por Nóos eran correctos y que el yerno del rey sólo ocupaba una función representativa en el instituto. Además, el abogado había calificado la suma solicitada por la fiscalía de exagerada y dijo no saber si su cliente puede hacer frente a ella.

Urdangarin, de 45 años, es el primer miembro de la familia real española imputado ante la Justicia, algo que ha causado graves daños a la imagen de la monarquía.

CARLOS GARCÍA REVENGA El juez Castro citó el martes a declarar como imputado también al secretario personal de las infantas Cristina y Elena, Carlos García Revenga, que constaba oficialmente como tesorero del Instituto Nóos. García Revenga deberá personarse en los juzgados de Palma el próximo 23 de febrero, día en el que también declarará Urdangarin.

En un comunicado publicado en su página web, la casa real anunció que mantendrá a García Revenga en su cargo de asesor y secretario de las infantas, y que no tomará ninguna decisión sobre él antes de su comparecencia ante el juez.

La Casa de Su Majestad el Rey no tomará decisión alguna en su ámbito de responsabilidad sin haber antes conocido y valorado la declaración de don Carlos García Revenga, indica el texto, señalando que la citación para declarar no especifica cargo alguno, que pudiera justificar medidas inmediatas por parte de la casa real.

La semana pasada, Revenga se declaró inocente y pidió comparecer ante el juez de instrucción, señalando que, pese a su condición de tesorero de Nóos, nunca tuvo firma autorizada en sus cuentas, ni poder de decisión en la gestión de las mismas ni en su contabilidad.

Además, a través de un comunicado, aseguró no haber recibido nunca ningún tipo de remuneración de la entidad.