Casi una hora y media después de la en el Congreso argentino, se registraron este viernes incidentes entre las fuerzas de seguridad y quienes se manifestaban contra las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

Como ya ocurriera el miércoles y el jueves, los otros dos días en que la Cámara de Diputados debatió sobre la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el intento de manifestantes de pasar a la calzada -límite establecido por el protocolo ‘antipiquetes’ del Ministerio de Seguridad- llevó a los agentes de las distintas fuerzas federales desplegadas a actuar con dureza.

Gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes volvieron a ser empleados contra los activistas, algunos de los cuales lanzaron botellas contra los efectivos motorizados.

En tanto, los manifestantes, muchos con la cara tapada con pañuelos, rompieron la vereda para usar proyectiles o tiraron palos y botellas a la Policía. También prendieron fuego a un contender de basura, lo que derivó en la presencia de bomberos, y un colchón en la calle.

Tras la aprobación en general de la ley en Diputados, los manifestantes habían desafiado el protocolo de seguridad al cortar la avenida colindante al Congreso, pero la Policía los obligó a liberar la calle y se quedaron en la plaza aplaudiendo para protestar contra la aprobación de la ley en el congreso.

La tensión es permanente este viernes porque las fuerzas de seguridad -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval Argentina- no ceden en la defensa del espacio público, con la presencia de un camión hidrante.

Durante los tres días de debate se repitió la tensión entre los manifestantes y los agentes de seguridad, que actuaron siguiendo las estrictas indicaciones del protocolo de seguridad implantado por el Gobierno de Javier Milei, deteniendo personas y cargando contra las personas movilizadas y empleando balas de goma, camiones hidrantes y gas pimienta para reprimirlos.

Pero el accionar policial en la Plaza del Congreso durante el debate de la ‘Ley Ómnibus’ ha sido ampliamente criticado por la izquierda, por el peronismo y por organismos independientes como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que pidió que se investigue la posible comisión de delitos por parte de las fuerzas de seguridad intervinientes.