Recientemente, el Ministerio Pblico allan varios inmuebles de propiedad del gobernador regional del Callao, Flix Moreno, y solicit su prisin preventiva por supuestamente haber recibido US$4 millones de la empresa Odebrecht como soborno para obtener la concesin de la Va Costa Verde. Nueve meses atrs, en julio del 2016, lex Kouri, quien tambin fue gobernador regional y alcalde provincial del Callao adems de candidato a alcalde de Lima, fue condenado a cinco aos de prisin por el delito de colusin agravada, al haber asignado a la empresa Convial la concesin de la Va Expresa Callao por un monto de US$32 millones.
Hoy lex Kouri purga condena en el penal Piedras Gordas. Otra ex funcionaria del Gobierno Regional del Callao, Gioconda Tripi, fue hace pocas semanas capturada tras ser sentenciada a cuatro aos de prisin por el delito de negociacin incompatible. Siendo funcionaria regional, Tripi simul la contratacin de un servicio de reproduccin de discos compactos por S/160 mil.
Qu tienen en comn lex Kouri, Flix Moreno y Gioconda Tripi? Adems de ser procesados por delitos contra la administracin pblica, Kouri y Moreno han sido fundadores y directivos del Movimiento Chim Pum Callao, y Tripi fue una activa y reconocida militante de dicha organizacin poltica. Aunque en las ltimas elecciones, la ex funcionaria postul al Congreso por el partido Peruanos por el Kambio. Por aos, Chim Pum Callao ha sido el movimiento poltico hegemnico en el puerto y sus candidatos han ganado reiteradamente las elecciones en casi todos los distritos chalacos, adems de la municipalidad provincial y el gobierno regional. Los tres casos son poltica y judicialmente indignantes especialmente para la poblacin del Callao, a la vez de aleccionadores para todo el pas.
En un contexto en el cual urge una reforma electoral efectiva que dignifique la poltica y nos provea de garantas para la transparencia y la probidad de los partidos y sus dirigentes y candidatos, los casos de Kouri, Moreno y Tripi ofrecen lecciones importantes que podemos aprovechar. Se trata de personas que postularon a cargos de eleccin popular trayendo consigo procesos penales por la supuesta comisin de delitos contra el Estado. Lamentablemente, la situacin se repite en mltiples casos gracias a la permisividad de la ley vigente y a la debilidad de las organizaciones polticas. Es indispensable, pues, elevar los estndares para postular a cargos de eleccin popular.
Tanto la Asociacin Civil Transparencia como la Comisin Presidencial de Integridad y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han propuesto prohibir la candidatura de personas condenadas por corrupcin y otros delitos. La propuesta del JNE incluye a quienes se encuentren con prisin preventiva. Pero vayamos ms all e imaginemos qu hubiera pasado si la seora Gioconda Tripi resultaba elegida congresista y era encontrada culpable: el Poder Judicial hubiese tenido que pasar por el largo e impredecible proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria para poder condenarla. Para evitar estos casos, Transparencia ha propuesto que a los congresistas que resulten condenados por delitos cometidos antes de su eleccin se les levante la inmunidad de forma automtica.
El caso de Chim Pum Callao sin ser el nico ilustra adems la relevancia de la recomendacin de la Comisin Presidencial de Integridad orientada a establecer un rgimen de responsabilidades y sanciones que comprenda tanto a los autores directos de actos ilcitos como a quienes pudieran encontrarse comprometidos a partir de los cargos directivos que ocupen en las organizaciones polticas. Soy de la opinin de que la reforma electoral contemple restricciones para que organizaciones como Chim Pum Callao o el Movimiento Cuenta Conmigo, fundado por el encarcelado ex presidente regional de ncash Csar lvarez, participen en procesos electorales, dados los graves delitos en los que se encuentran comprendidos sus fundadores y dirigentes mximos.
La proximidad de las elecciones municipales y regionales es una razn poderosa para que la reforma que finalmente apruebe el Congreso incluya medidas efectivas a fin de elevar los requisitos para postular a cargos de eleccin popular, as como para controlar el financiamiento de la poltica.