Debate: ¿Se debe eliminar la inmunidad parlamentaria?

A FAVOR

El fin de la inmunidad

- Enrique Valderrama -

Vocero para temas de juventud de la Alianza Popular

La lista de candidatos al Congreso para Lima Metropolitana por parte de Alianza Popular ha renunciado a la inmunidad parlamentaria, además de levantar su secreto bancario y reserva tributaria. Este gesto ha desatado amplia polémica en diferentes espacios de análisis y no han faltado quienes lo critiquen de manera superficial sin entrar a los temas de fondo.

En la presentación de la fórmula presidencial encabezada por Alan García en Miraflores y en el mitin inaugural de la Alianza Popular en San Juan de Miraflores, se lanzó un concepto importante que fue el retorno a la buena política. 

Es decir, devolver a la política nacional el prestigio del que gozaba hace algunas décadas y que la misma sirva de nuevo para conectar los intereses, sentimientos y anhelos de la gente con la posibilidad de progreso concreto y la modernidad en un ambiente de honestidad. 

Este enfoque se ha visto vapuleado con especial ahínco en los últimos cinco años, tras la evidente ineficiencia y ruina moral de la actual administración.

En tiempos en los que el Parlamento goza de muy poca confianza (es una de las instituciones más rechazadas por el pueblo), tenemos que plantear puentes o métodos con los cuales empezar a recuperar la credibilidad de esta institución a los ojos de millones de peruanos. 

Hoy buena parte de la ciudadanía solo ve disputas y escándalos en el primer poder del Estado. Es por eso fundamental dar signos tangibles de que nuestra vocación es, en efecto, hacer que retorne la buena política.

En la Alianza Popular entendemos que la juventud peruana valora la transparencia y la limpieza en el actuar público. Por ello, uno de los escollos que evita mejorar la percepción de la ciudadanía en general –y de los jóvenes en particular– son los privilegios que ostentan algunos funcionarios. 

La inmunidad parlamentaria es, pues, en tiempos de afirmación democrática, un mal signo de nuestros políticos, pues se ha convertido en un escudo para aquellos congresistas que no quieren responder por sus actos y evitan someterse a la ley.

Esta no es una propuesta demagógica. Es recoger la inquietud ciudadana de llevar al Parlamento la propuesta de modificatoria constitucional que permita un actuar honorable de nuestros representantes. Es un compromiso con refundar, a base de nuevas actitudes, la política en el país.

La Alianza Popular basa su mensaje y propuesta en la seguridad, el empleo juvenil y el retorno de las obras. A estos conceptos se suma la defensa frente a los abusos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), de los intereses en las tarjetas de crédito y ahora la apuesta también por una decidida cruzada a favor del fin de los privilegios y de la impunidad.

Este gesto de la Alianza Popular debiera servir para que las demás fuerzas políticas prometan al Perú un mejor Congreso, uno en el cual los representantes no sean diferentes ante la ley que el resto de peruanos. 

Ojalá los demás candidatos sigan esta línea. Aunque sea poco probable, esperamos que se sumen al inicio del fin de la inmunidad parlamentaria.

EN CONTRA

Renuncia parlamentaria

- Javier Valle-Riestra -

Abogado constitucionalista

Soy aprista, pero eso no me impide discrepar con decisiones del partido. Veo en la prensa que postulantes al Congreso por Alianza Popular renuncian a su futura inmunidad.

Todo esto, que es una conquista plurisecular del derecho parlamentario, se derrumba si se materializa en la próxima legislatura esa posición contrarreformista. Los postulantes están equivocados en esta postura. Tenemos el riesgo, si no obtenemos mayoría congresal, de quedar a merced de las iras gobiernistas o de las eventuales mayorías congresales. 

En el Perú, desde la Carta primigenia de 1823, se ha reconocido la inmunidad. La doctrina sostiene varios puntos inviolables: los congresistas representan a la nación y no están sometidos a mandato imperativo y cada representante es mandatario de todos los ciudadanos de la república. 

Tenemos, también, prerrogativas parlamentarias, como son la inviolabilidad parlamentaria. Es decir, la no responsabilidad del diputado por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, la inmunidad parlamentaria, que versa sobre cómo un congresista no puede ser procesado ni preso salvo el caso de delito flagrante, que se refiere a aspectos penales. 

Así, se protege al congresista frente a cualquier prisión, a través de determinado proceso o fuera de este. No es fácil perseguir a un parlamentario y así debe ser para evitar vendettas. Del 2001 al 2004 se produjeron 31 peticiones de revocamiento de la inmunidad respecto a 20 congresistas. El Parlamento declaró inadmisible 14 e infundadas 17. 

Para el Tribunal Constitucional, la democracia representativa se halla recogida como verbigracia en diversos artículos alusivos a la representatividad y a la inviolabilidad parlamentaria. Según estos textos, los congresistas no son responsables ante autoridad u órgano jurisdiccional alguno. A esto debemos agregar la inmunidad.

Alan García ha sostenido que los compañeros que resulten elegidos en las próximas justas deben renunciar a su inmunidad. Pura ilusión. Los postulantes no pueden renunciar por varias razones. Porque los derechos constitucionales no son renunciables, más aun los referidos al primer poder del Estado. Esa inmunidad no está consagrada por los textos. Existe como inherente a la función, ya que sería iluso ser un representante expuesto a juicios comunes. 

Hay que releer la Constitución y entender por qué el Parlamento es el primer poder del Estado. Lo es porque de allí provienen todas las normas. Es así aquella una posición efectista. 

No todo lo que está en la Constitución es constitucional, pero hay temas, como el ‘sub iúdice’, que no son necesarios que se encuentren escritos, reitero, ya que la primacía de los derechos humanos y los derechos políticos no necesitan escritura. 

El artículo 93 de la Constitución no puede así ser eliminado. De hacerlo, recurriendo espuriamente a una reforma constitucional, el contenido de esa norma subsistiría.La inmunidad y la irresponsabilidad tienen una jerarquía preconstitucional y supraconstitucional. Son irrenunciables. No hundamos al Parlamento.