Espíritu de cuerpo, por Carlos J. Zelada

Quienes hemos pertenecido a algún grupo religioso sabemos que una de las invocaciones más frecuentes en casos de conflicto es la de velar por la unidad del grupo, cuidando el “espíritu de cuerpo”. La que parece ser una herramienta idónea en espacios de fe, puede tener resultados catastróficos si se traslada al marco estatal de la protección de los derechos fundamentales.

La reciente polémica suscitada por el Decreto Legislativo 1323 parece estar teñida de un torpe “espíritu de cuerpo”, que revestiría de fe un asunto estrictamente técnico. Se ataca la constitucionalidad de su artículo 1 señalando que el Ejecutivo habría excedido el alcance de la “seguridad ciudadana” y el “combate de la violencia de género” –que fueron objeto de delegación de facultades legislativas– al incorporar términos como la orientación sexual y la identidad de género. Básicamente, al Gobierno le dieron la mano y –por proteger a la población LGTBI– se habría ido hasta el codo. Después de escuchar algunas declaraciones de miembros de la bancada fujimorista, parece que son ellos los que no tienen claro el alcance de lo que delegaron.

¿Qué es seguridad ciudadana? En sencillo, es un marco conceptual que permite a los estados adoptar políticas públicas que enfrenten la violencia, con énfasis en la prevención y el control de los factores que la generan. Hablamos de una obligación jurídica de adoptar medidas concretas que permitan que todos los ciudadanos disfruten de sus derechos humanos libres de violencia. Un deber urgente cuando estamos ante una población sistemáticamente discriminada.

Ser sexualmente diverso y visible en el Perú es peligroso. En el 2016, la Defensoría del Pueblo señaló que la población LGTBI vivía una “situación de especial vulnerabilidad”. Fuentes no oficiales señalan que desde el 2008 se habrían cometido al menos 99 asesinatos motivados por la orientación sexual e identidad de género de sus víctimas. Y no hablamos de meros delitos comunes, estamos ante actos especialmente crueles y de alto contenido simbólico que envían un mensaje de advertencia a quien pertenezca al colectivo homosexual o trans.

¿Y este panorama se relaciona con el combate de la violencia de género? Sin duda. El género es el conjunto de roles y expectativas cultural e históricamente condicionados que exige que las identidades, expresiones, comportamientos y cuerpos sean sexualmente armónicos con el sistema binario hombre/mujer. Cuando una persona no encaja en ese molde, por ejemplo, por ser LGTBI, suele seguirle un acto violento. Tal como ha señalado recientemente la Comisión Interamericana, esta violencia se dirige a las demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo o a las expresiones de “feminidad” percibidas en hombres o “masculinidad” en mujeres. Esta violencia se puede manifestar también en el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad encargados de hacer cumplir la ley amparados en normas sobre la “moral y las buenas costumbres”. Puede tomar la forma de violencia médica ejercida contra personas cuyos cuerpos difieren de los estándares socialmente aceptados. Cuando hablamos de legislar en seguridad ciudadana para combatir la violencia de género, hablamos entonces de medidas que permitan explicitar las dimensiones antes invisibles pero urgentes de la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

El Decreto Legislativo 1323, además de ser concordante con la facultad delegada por el Congreso, es también parte de una obligación mayor de garantía asumida por el Perú en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Años atrás la Corte Interamericana señaló que “la presunta falta de un consenso […] sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido”. 

Quiero creer que estas vidas no valen menos para cierto sector de la política peruana. Esta es la obligación de garantía que el fujimorismo quiere derogar. Espero equivocarme y que, en el pleno de los próximos días, la bancada mayoritaria decida no hacer de nuevo espíritu de cuerpo con la discriminación.