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La trampa ideológica de la formalización, por Lissette Aliaga Linares

“Aunque la idea de promover estos proyectos no es en sí mala, la formalización con atajos y sin garantías conlleva altos costos económicos y sociales”.

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Los peritos realizarán una verificación técnica para saber si el fuego fue causado por una negligencia o una omisión a las normas de seguridad.

“El apresuramiento de la formalización trasladó la precariedad a los mercados y galerías comerciales”. (Foto: Archivo El Comercio).

Los peritos realizarán una verificación técnica para saber si el fuego fue causado por una negligencia o una omisión a las normas de seguridad.

Ya se ha discutido cómo la esclavitud laboral fue la causa de la muerte de al menos dos jóvenes durante el incendio en la galería Nicolini en Las Malvinas. Al margen de la razón específica del incendio, hay más por indagar en torno a las condiciones que han permitido que una galería comercial se convierta en un lugar de trabajo de alto riesgo. Me atrevo a sugerir como razón la trampa ideológica de la formalización.

Toda intervención que se etiquete como formalizadora se percibe como solución y, por ello, poco se cuestionan sus medios y fines. Apostar por ella significa que los informales asuman sus responsabilidades pagando impuestos y cumpliendo las normas respectivas –que, suponemos, funcionan en su propio beneficio–. Pero en este camino nada está garantizado, salvo la fe en progresar de quienes se formalizan.

Hernando de Soto fue el primero en promover la formalización del comercio ambulatorio, agilizando el traslado de vendedores ambulantes a sus propios mercados o centros comerciales. Desde la década de 1970, su equipo notó que los comerciantes ambulantes construían mercados a un paso más acelerado que los municipios. En 1985, el Instituto Libertad y Democracia había calculado que estos proyectos tomaban 17 años en concretarse y que generalmente estaban apropiadamente construidos.

Desde la primera década del 2000, la gestión metropolitana y varios municipios distritales tomaron esta propuesta y aceleraron el traslado de los vendedores a los mercados y galerías a dos o tres años, un lapso políticamente conveniente. No olvidemos que la reubicación del campo ferial Las Malvinas fue una de las victorias de la primera gestión de Castañeda.

La réplica de esta política en varios distritos de Lima ha sido motivo de reelección de más de un alcalde. Con poca inversión –salvo en los pocos casos donde se rehabilitaron los espacios públicos– autoridades locales lograron probar su eficiencia y dieron una alternativa a los comerciantes que se comprometieron con estos proyectos, dejando atrás la incertidumbre del trabajo en la calle.

Sin embargo, el apresuramiento de la formalización trasladó la precariedad a los mercados y galerías comerciales. Muchos de estos centros no tenían la infraestructura mínima para operar al inaugurarse, y en varios casos están mal ubicados. Por ejemplo, Polvos Azules, a la salida de la Vía Expresa, no facilita la instalación de paraderos y las calles a su alrededor no permiten estacionamientos adecuados para sus clientes.

No hay trámite burocrático que pueda rectificar la deficiente planificación urbana alrededor de proyectos como estos. La mayoría de ellos fueron promovidos, asesorados y avalados por la gestión municipal correspondiente con el apuro de cumplir con la fecha pactada y probar el logro del alcalde de turno.

Los comerciantes saben muy bien que la formalización cuesta y con papel en mano defienden su inversión. No sorprendió que el presidente de la galería Nicolini, Hugo Sulca, declarase que tenían certificados de Defensa Civil para el complejo y cada uno de los puestos. Fueron los comerciantes quienes compraron los terrenos –muchas veces adquiridos a precios muy por encima de su valor de mercado, ya que la especulación del suelo es formal– y los construyeron con planes aprobados por el municipio. Pero su condición de microempresarios formales tampoco les sirvió para proteger su propiedad, pese a los reclamos presentados ante la municipalidad. Cuando compraron su terreno, los aires le seguían perteneciendo a la empresa Alicorp y esta los vendió a otros terceros. ¿No es esta también una práctica formal en materia de bienes raíces para construir edificios cada vez más altos?

Hay poco interés por conocer qué hay detrás de estos procesos de formalización. Suficiente fue mostrar una calle libre de ambulantes. Aunque la idea de promover estos proyectos no es en sí mala, la formalización con atajos y sin garantías conlleva altos costos económicos y sociales, los cuales terminan pagando trabajadores inocentes, sus familias y aquellos que se suponían eran sus mayores beneficiarios.

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