Todos a la cárcel, por Santiago Roncagliolo

Todos los ex presidentes peruanos vivos están investigados o condenados por delitos. Eso habla muy mal de los políticos. Pero muy bien de la justicia.

Mirado con perspectiva histórica, nuestro prontuario presidencial muestra cierto progreso. Los gobernantes de antes, mataban. Los de ahora, roban nomás. Un presidente del siglo XX, el general Francisco Morales Bermúdez, fue procesado en un tribunal italiano por delitos de lesa humanidad, aquella costumbre de la Guerra Fría. Los del siglo XXI, por aprovechar los recursos públicos para beneficio privado, práctica frecuente de la democracia liberal. Alberto Fujimori, el gobernante del cambio de milenio, cumple condena por las dos cosas.

Lo que no cambia en ningún caso es el sectarismo de sus amigos. El día en que la ex pareja presidencial Humala-Heredia fue sentenciada a prisión preventiva, sus seguidores se manifestaron en las calles para acusar de fujimoristas a fiscales y jueces. Muchos de ellos sostienen que no se puede encerrar a Humala si no se encierra también a García y a Keiko. La cuestión es que las fuentes de Odebrecht, hasta el momento, solo han dado fechas y cifras concretas sobre el primero.

¿De verdad vamos a pedir sentencias contra sospechosos porque “todo el mundo sabe que son corruptos”? Con la lógica de “todo el mundo sabe que son terroristas”, hace unas décadas, se asesinaba a estudiantes, sindicalistas y trabajadores. Para evitar ese salvajismo es que existen los poderes judiciales, que acusan cuando hay indicios precisos y condenan en base a pruebas, no cuando “todo el mundo sabe”. Con gran frecuencia, los que supuestamente saben, odian al acusado, qué casualidad.

En la esquina contraria, ante la detención de los Humala, Keiko celebró con orgullo la “independencia” del Poder Judicial. Debería celebrarla también cuando se trata de la condena contra su padre, contra el que pesan evidencias abrumadoras. Muchos crímenes de Alberto Fujimori –como la matanza de Barrios Altos– salían en los medios cuando se cometían. Y el presidente, en vez de investigarlos, mandaba a acosar a esos medios. Por no mencionar la atenta consideración de su gobierno hacia la “independencia” del Poder Judicial.

La política de la paja en el ojo ajeno no es exclusividad peruana. En Brasil, la izquierda llama al ‘impeachment’ contra Dilma Rousseff “golpe de Estado”, pero considera admirables las acusaciones de la fiscalía contra Michel Temer o la defenestración de Fernando Collor de Mello. En Colombia, algunas voces de derecha defienden que los fondos de Odebrecht para el partido de Álvaro Uribe fueron menos corruptos que para el de Juan Manuel Santos. Y así.

Lo cierto es que, en la mayoría de países, el problema es que los políticos nunca van a la cárcel, aunque lo merezcan. En otros, como Venezuela, solo van los de un partido, que entran y salen por orden de otro partido. Que la justicia peruana exija cuentas a cuatro ex presidentes de tendencias diversas es una muestra de independencia y de igualdad ante la ley. Los políticos ahora sabrán que pueden ir presos por meter la mano en la caja. Eso queremos, ¿o no lo queremos?

Respetar al Poder Judicial, por supuesto, significa también aceptar que, si los Humala ganan la apelación y salen libres, o si Fujimori está muy enfermo y abandona la prisión, o si Alan sale indemne de la investigación por la concesión del Metro de Lima, será porque la ley los respalda, no por alguna teoría de la conspiración.

Los políticos defienden a los suyos. Normal. Pero a los ciudadanos nos conviene defender las decisiones de la justicia, que es el mejor freno a los excesos del poder.