Castillo de naipes, por Fernando Rospigliosi

Por una curiosa coincidencia, los supuestos logros de la lucha anticorrupción que encabeza el presidente Martín Vizcarra se desplomaron simultáneamente como un castillo de naipes. El único postulante a la nonata Junta Nacional de Justicia (JNJ) que había sobrevivido a las pruebas fue cuestionado por los propios negligentes examinadores, horas antes de su solemne juramentación, para terminar renunciando poco después. Un fiasco sin atenuantes, como editorializó El Comercio (27.6.19). Y el desmedidamente publicitado acuerdo con Odebrecht quedó en entredicho luego de que se conocieran las evidencias descubiertas por un periodista ecuatoriano: la empresa brasileña había pagado en el Perú sobornos por cinco obras no confesadas en ese acuerdo.

En realidad, era inverosímil que Odebrecht hubiera abonado coimas solo por las cuatro obras que los muy comprensivos, benévolos y complacientes fiscales peruanos aceptaron para suscribir un convenio que fue calificado como lesivo a los intereses peruanos por algunos analistas (ver, por ejemplo, los varios artículos de Manuel Romero Caro en “Gestión”).

Un argumento muy usado por los fiscales y el coro de la coalición vizcarrista que los alienta y respalda es que no había otra opción que aceptar lo que ellos quisieran declarar. Es decir, tomar los mendrugos que se dignaban entregar. Los valientes y estrictos magistrados, que tan enérgicamente se comportan con algunos investigados y testigos, demoliéndolos mediáticamente por anticipado con la complicidad de ciertos periodistas y medios, y luego encarcelándolos y presionándolos para que declaren lo que a ellos les interesa que atestigüen, son delicadamente comedidos cuando se encuentran con los mayores corruptores de la historia moderna del Perú.

No hay que olvidar que habiendo estallado el escándalo Lava Jato en Brasil, todos los funcionarios de Odebrecht implicados en la corrupción pudieron salir del Perú y vender sus propiedades. Y a todos se les exonera de responsabilidad en las actas que se firman después de cada declaración en Brasil, que estipulan que las autoridades peruanas “se comprometen expresamente a no procesar civil, administrativa o criminalmente” a esos testigos “ni a cualquiera de las empresas del grupo Odebrecht”.

Aunque estando ya en Brasil no se les puede extraditar –la Constitución de ese país no lo permite–, sí se les podría entablar un proceso para que los juzguen allá y, eventualmente, los sentencien. Pero lo más importante, el mecanismo de presión decisivo, son los activos que la empresa tiene en el Perú y que valen miles de millones de dólares. Eso es lo que realmente le importa a Odebrecht, es lo que quiere salvar.

Sin embargo, el gobierno y los fiscales, generosamente, no han utilizado esta herramienta. Al contrario, como contraprestación a su supuesta voluntad de colaboración y cooperación se les permitió vender la hidroeléctrica de Chaglla por US$1.400 millones a una empresa china (“Gestión”, 25.4.19).

Tampoco los fiscales han utilizado el hecho de que los brasileños habían mentido y de que su embuste había quedado en evidencia. Odebrecht declaró en el acuerdo que firmó en Estados Unidos que habían pagado US$29 millones de sobornos en el Perú. Era falso. Desde hace meses se sabe que es mentira, que solo a Alejandro Toledo le habían entregado más de US$30 millones (eso no se acaba de descubrir). Eso hubiera bastado para demostrar que actuaban de mala fe, que no se podía confiar en lo que decían y que había que cambiar el acuerdo. No lo hicieron.

Nada pudo quebrantar la confianza de los crédulos fiscales peruanos en Odebrecht y sus funcionarios.

Ahora resulta que, de acuerdo con lo descubierto por un periodista ecuatoriano del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Odebrecht pagó unos US$9 millones en coimas por otros cinco proyectos (ver Óscar Libón y Milagros Salazar, Convoca.pe, 25.6.19). De ellos, poco más de US$3 millones por el Gasoducto Sur Peruano en el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia, a personas identificadas con los impenetrables seudónimos de ‘Princesa’ (US$900.000), ‘Magali’ (US$450.000) y ‘French’ (US$500.000).

Pero tampoco hay que ser tan severos. Hay que reconocer un asunto en el que los fiscales han demostrado su eficacia y valía: los dos principales líderes de la oposición al gobierno de Martín Vizcarra han desaparecido de la escena. Keiko Fujimori está presa, sin acusación todavía, y Alan García se suicidó antes de ser detenido y humillado, sin más evidencia que las declaraciones no comprobadas aún de un colaborador que fue presionado con la amenaza de cárcel para él y su hijo. Esa es razón suficiente para que sigan recibiendo el apoyo de la coalición vizcarrista.

En suma, la reforma de la justicia que fraguó e impuso el gobierno es, hasta ahora, un fiasco. Y los faraones de la corrupción siguen indemnes, a pesar de que mienten y engañan descaradamente.