Fiscal bajo sospecha, por Federico Salazar

El fiscal supremo Pedro Chávarry votó a favor de ratificar su elección como fiscal de la Nación. No solo eso, juró ante sí mismo y por sí mismo.

Hizo lo que hizo, a pesar de los audios en que aparece en conversaciones con el juez supremo suspendido César Hinostroza Pariachi.

En un audio Chávarry acepta hacerle un favor. Debía tramitarle una constancia de archivamiento de denuncias fiscales contra él. El juez quería viajar a los Estados Unidos.

La juramentación ante sí mismo invalida el mandato. Además, recibir la solicitud de Hinostroza bastaría para impedir que asuma el cargo de fiscal de la Nación. La cabeza del Ministerio Público no puede estar en manos de alguien que tiene estándares morales y funcionales distendidos.

El señor Chávarry no cree que usar su cargo público para favorecer a un amigo, por encima de cualquier otra persona, tenga algo de malo. Para él es aceptable que una de las más altas funciones públicas sirva para hacer favores personales.

¿O es que cualquier ciudadano puede pedirle al fiscal de la Nación en funciones (en ese momento) que se convierta en su tramitador personal?

Mientras es investigado, Chávarry no puede ser fiscal de la Nación. Para ese cargo no solo se necesita tener certificados y condecoraciones. Se requiere, sobre todo, probidad. No puede ser una persona cuestionada.

La legitimidad no se reduce a la legalidad. Se sostiene, sobre todo, en la justicia del ejercicio. ¿Es justo que una persona que debe ser investigada investigue a las demás? ¿Es justo que una persona que debe ser investigada se constituya en la cabeza del órgano encargado de investigar el crimen?

El fiscal Chávarry fue elegido por aclamación como fiscal de la Nación. Luego se conocieron los audios, por lo que el fiscal de la Nación saliente convocó a junta de supremos. Y Chávarry votó… ¡por el mismo Chávarry!

Un magistrado que, a pesar de los cuestionamientos, vota por sí mismo no es confiable. La confianza en los magistrados es parte de la certeza que debe darnos la administración de la justicia.

La seguridad jurídica no solo es un asunto de estabilidad de las normas. Es, también, certidumbre sobre la imparcialidad de los magistrados. Es, pues, certeza sobre la idoneidad de quien administra la justicia.

La Constitución garantiza la función jurisdiccional solo “mientras [los magistrados] observen conducta e idoneidad propias de su función” (art. 146, inc. 3).

Los fiscales son responsables en casos “que los hagan desmerecer en el concepto público” (art. 22 de la Ley Orgánica del MP).

¿Merece el fiscal Chávarry “el concepto público”? ¿Es alguien cuya conducta está libre de cualquier desmerecimiento en la apreciación pública? ¿Su conducta resulta, acaso, incuestionable?

Tiene que hacerse una investigación sobre el nuevo fiscal de la Nación. Antes de ese resultado, sin embargo, sabemos que él cree que puede imponerse, con su propio voto, a la ley. Eso lo descalifica como idóneo para el cargo.

Los ciudadanos tenemos derecho al debido proceso. Eso quiere decir que tenemos derecho a que nos investiguen y nos juzguen autoridades que tengan el concepto de la ley más alto que el concepto de sí mismos.

El país está harto de la corrupción. Para enfrentarla tenemos que tener autoridades incuestionadas e incuestionables. Chávarry nos ha dado evidencia de que no es persona idónea ni para el cargo ni para el momento. Es persona cuestionada y cuestionable.

El ratificado fiscal de la Nación podrá decir que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Es cierto en el caso de un proceso judicial. No es cierto en el caso de la apreciación pública, de la que dependen su cargo y su autoridad.

La presunción de inocencia es un mandato para los jueces, no para la opinión pública. En un cargo tan alto no debe haber dudas sobre la imparcialidad.

Chávarry ha obtenido el cargo, pero no la legitimidad. Al contrario, se ha hecho acreedor del rechazo ciudadano y la ciudadanía tiene todo el derecho de expresarlo.