¿Recortando derechos laborales?, por Elmer Cuba

Según el INEI, en el 2017 la población económicamente activa (PEA) empleada era de casi 16,5 millones de personas. De esta, cerca de 3,8 millones corresponden al área rural y los otros 12,7 millones al área urbana.

La cantidad de trabajadores independientes es enorme. Su participación es de cerca del 36,9% del total. En este segmento del mercado, al no existir un vínculo laboral de dependencia, no se puede hablar propiamente de informalidad de la relación laboral. Aunque la mayoría de independientes no tiene RUC y, por lo tanto, no declara ni paga impuestos a la renta. En cierto sentido, son informales desde el punto de vista tributario, aunque no necesariamente son evasores de impuestos. Muchos de ellos, así estuviesen registrados y declarasen ingresos, estarían exentos del impuesto a la renta. Por ejemplo, con la UIT en S/4.200, y al ser de 7 UIT el tramo no imponible de impuesto a la renta, los independientes con ingresos mensuales menores a S/2.450 no pagarían impuestos en el 2019. Aun así, vale la pena que obtengan el RUC con fines de seguimiento que puede ayudar en el futuro a diseñar mejores políticas públicas.

Por su parte, los trabajadores dependientes privados (incluyendo los trabajadores familiares no remunerados y las empleadas del hogar) son cerca de 50,5% del total. Los asalariados públicos llegan al 8,6% y los empleadores al 4%.

Ahora bien, solo el 37,8% de los asalariados dependientes privados se mantiene dentro de un régimen laboral formal. Ya sea dentro de la Ley General del Trabajo, los regímenes especiales de la micro y pequeña empresa, el régimen agrario, el de construcción civil o el de empleadas del hogar.

Ello lleva la cifra del empleo informal dependiente a cerca del 62,2% del total. Como mencionamos, no se puede hablar propiamente de informalidad en la relación laboral de un independiente. Si la tuviese, dejaría de estar en la categoría de independiente.

Las cifras oficiales muestran que la mayoría de trabajadores dependientes se mueve en el ámbito de la informalidad. Pero esta última no es muy alta en las grandes y medianas empresas, apenas llega al 9,2%. Mientras que en la microempresa llega al 80% y en la pequeña empresa al 74%.

Es entonces en estos ámbitos donde se deben mejorar las normas laborales y tributarias. Adecuarlas a la realidad empresarial y laboral. Las que tenemos no están funcionando y podrían estar provocando un uso inadecuado de mecanismos como el RUS para eludir la tributación y las normas laborales.

Además, convengamos en que la llamada “Ley General del Trabajo” no es tan general como se pretende desde el nombre. En esa línea, el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) no tiene en la mesa a la mayoría de trabajadores del país. ¿Puede proponer medidas para mejorar la formalización a la que ciertamente es casi ajena? ¿Puede fijar la remuneración mínima cuando los interesados no están en la mesa?

Sin embargo, hay un espacio para mejoras. Este pequeño segmento formal presenta una distorsión que ha debilitado tanto a la clase trabajadora como al propio movimiento sindical. El famoso fallo del Tribunal Constitucional (TC) para proteger al trabajador individual de un despido ha llevado a un sesgo en favor de contratos a plazo fijo, en detrimento de los contratos a plazo indeterminado. Ello ha terminado afectando más a trabajadores jóvenes y a los de menor nivel educativo. Y le ha restado masa crítica al movimiento sindical. Paradójicamente, es el mismo TC el que ha recortado los derechos laborales. En la búsqueda de defender el puesto de trabajo ha terminado afectando a las grandes mayorías formales.

En resumen, ha llegado la hora de repensar todo el esquema regulatorio laboral y tributario para enfrentar la informalidad laboral en las micro y pequeñas empresas. Y que los trabajadores con contratos a plazo fijo ojalá se organicen para pedirle al TC que no les recorten el derecho al trabajo digno, con mejores remuneraciones y sindicatos más fuertes.