Política, regiones y políticas públicas, por Elmer Cuba

En octubre elegiremos a la quinta generación de gobernadores regionales. Podría ser una etapa de reflexión y discusión de si estamos ya en un diseño óptimo desde un punto de vista político y administrativo.

¿Acaso antes del 2002, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, no se podía avanzar en políticas de infraestructura y sociales porque no teníamos estructuras administrativas en todo el país? ¿Qué se quería resolver? ¿Cuál era el problema? ¿Han mejorado los servicios públicos gracias a la descentralización? ¿Qué hace exactamente un gobierno regional (GORE)? ¿Qué pasaría si no hubiese gobernadores regionales?

Sospecho que la descentralización ha tenido un aporte marginal al desarrollo del Perú desde el 2002, pero no tenemos el contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si, en lugar de autoridades regionales, hubiéramos tenido solo ministros y directores regionales en los sectores donde se han descentralizado funciones (educación, salud, entre otros)?

El objetivo intermedio detrás del proceso de descentralización y de regionalización era acercar el Estado al ciudadano, no solo repartir el poder político central. El objetivo final era, manteniendo su carácter unitario, ganar eficacia y eficiencia en los servicios públicos.

Por descentralización se entiende la transferencia de responsabilidades de gestión pública desde el poder central hasta el regional. Mientras que por regionalización se entiende la estrategia de organizar el territorio para hacerlo funcional a su desarrollo.

Las funciones son las obligaciones transferidas a los gobiernos regionales. Mientras que las competencias son la potestad de toma de decisiones en los temas regionales. Por ejemplo, un GORE no es competente para definir si va o no un proyecto minero.

En términos de corrupción, ¿cuántos de los ex gobernadores regionales están prófugos? ¿Y cuántos en prisión ya juzgados o con procesos abiertos? ¿Los dos gobiernos de César Álvarez en Áncash son un ejemplo de lo que puede volver a pasar?

Con la prohibición de la reelección se buscaba cortar la corrupción. El costo de esta norma es que corta también la carrera de políticos que pueden ser honestos y eficientes. En lugar de prohibir la reelección, una mejor solución sería tener una contraloría y un sistema judicial más eficaces. Mientras ello se alcanza, una solución intermedia podría ser permitir la reelección por un período más.

Cuando se inició el proceso de regionalización en el 2002 (para no ir hasta la década de 1980), siempre se buscó un menor número de regiones. Regiones más fuertes pueden proveer mejores servicios públicos y tener políticos de mayor gravitación nacional. También ayudan a descongestionar el sistema político y administrativo y pueden mejorar el acceso a servicios públicos.

Lamentablemente, ese intento fracasó estrepitosamente con el referéndum del 2005 que se opuso a la integración de regiones. En los siguientes años se albergaba aún la esperanza de conformar regiones más fuertes gracias a la aparición de diversas mancomunidades regionales y juntas de coordinación. Aunque, en realidad, estas no pasaron de ser acuerdos en función de un proyecto o beneficio específico. Así, había varias regiones que participaban en más de una junta de coordinación. Al final, con las nuevas autoridades se diluyeron los intentos.

La propuesta de regionalización política y administrativa no puede estar de espaldas al desarrollo de economías regionales. Son estas las que a la larga articulan los territorios.

La idea central es propiciar regiones económicas que puedan contrapesar a Lima. En el sur, el trío Arequipa, Puno y Cusco. Completan esta macrorregión Moquegua Tacna, Apurímac y Madre de Dios. En el norte, el trío La Libertad, Lambayeque y Piura. Completan esta macrorregión Tumbes, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. En el centro, Lima y alrededor de ella, Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho e Ica.

Estas tres macrorregiones tienen costa, sierra y selva, y masa crítica poblacional. El objetivo, finalmente, es dejar que los mercados de bienes y de trabajo configuren las nuevas regiones, antes que forzar la unión administrativa de los departamentos.