Editorial: Marco interesado

En una nota de prensa divulgada el domingo, el Frente Amplio ha anunciado algunos acuerdos aprobados por su Comité Ejecutivo Nacional en la asamblea extraordinaria del 6 y 7 de este mes. Entre ellos, llaman especialmente la atención los de “luchar por una nueva Constitución” y “ratificar la decisión del grupo parlamentario de presentar una nueva moción de revocatoria (sic) del presidente Kuczynski”, así como la “aprobación de la candidatura del congresista Marco Arana a la presidencia de la República”. Acuerdos que, como veremos, guardan una reveladora conexión entre sí.

Analicemos por un momento cada uno de ellos. El afán del Frente Amplio por una nueva Constitución no es reciente, pero a la mitad de un período gubernamental para el que se presentaron con esa propuesta en términos casi plebiscitarios y perdieron, resulta por lo menos extemporáneo. Máxime si, agotado el recurso persuasivo que desplegaron durante la campaña del 2016, ahora proponen ‘luchar’ por su objetivo.

La renovada intención de vacar al actual mandatario, por otra parte, obedece –según ha manifestado el parlamentario Arana en entrevistas y declaraciones de estos días– al hecho de que este ha concedido “un indulto negociado” a Alberto Fujimori, lo que constituiría un “exceso de la prerrogativa presidencial”. Y si bien lo primero es evidente, lo segundo es una valoración política, legítima por cierto, pero disfrazada de consideración legal.

Y, finalmente, la ‘aprobación’ de la candidatura del mismo Arana, sin que haya mediado un proceso interno de elección y cuando faltan tres años para los próximos comicios presidenciales, sugiere que esto último es en realidad la razón de todo. Una impresión que se ve confirmada más adelante, cuando la nota puntualiza que se ha ratificado, asimismo, “la decisión de buscar adelanto de elecciones en el marco de la lucha por una nueva Constitución” y que los congresistas del Frente Amplio “están dispuestos a dejar sus puestos en el Congreso en el marco general de nuevas elecciones”.

El Frente Amplio no solo quiere, pues, vacar al presidente. También quiere hacerlo con los vicepresidentes, los congresistas y la Constitución. Se diría que no le gustaron los resultados de las elecciones del 2016 y, simplemente, quiere otros. Y, en un prodigio de simplificación administrativa, ya tienen a su candidato para cuando este ‘reseteo’ del sistema que proponen se ponga en marcha. El marco de sus resoluciones, a decir verdad, luce bastante interesado.

El problema –para ellos– es que el texto constitucional y el orden institucional que quieren dejar sin efecto disponen una secuencia de acción un tanto distinta. Si ellos, en efecto, consiguieran las 26 firmas que se requiere para presentar la moción de vacancia y luego los 87 votos para aprobarla, lo que sucedería es que asumiría la presidencia el primer vicepresidente y, en su defecto (por renuncia o alguna otra desafortunada causa), el segundo. Los congresistas seguirían en sus curules (pues su cargo no es renunciable) y la Constitución que nos rige continuaría estando vigente. Y cualquier intento de alterar eso a través de una ‘lucha’ no sería otra cosa que un conato de golpe de Estado.

Es sintomático, de otro lado, que, sin ser el vocero de la bancada, quien haya asumido la representación principal del Frente Amplio ante los medios en esta coyuntura sea el ya candidato Marco Arana. El ‘que se vayan todos’ enarbolado por él en las actuales circunstancias puede sonarles a algunos muy a tono con manifestaciones políticas contemporáneas de otras latitudes, pero en esencia está tan reñido con el Estado de derecho como el “ya no es más el presidente de todos los peruanos” que Verónika Mendoza le dedicó recientemente a Pedro Pablo Kuczynski. Y, al igual que esa proclama, está teñido de un apetito personal por ser quien lo suceda.

Felizmente, la realidad se encargará a la larga de moderar esos apetitos. Parafraseando al poeta Antonio Cisneros, podríamos recitarles a Mendoza y Arana que es difícil respetar el Estado de derecho, pero se aprende.