Editorial 2: Conspiraciones inútiles

Dos integrantes de la actual representación nacional captaron ayer la atención de los medios y no precisamente por razones encomiables. Se trata de los congresistas Jorge Castro (Concertación Parlamentaria) y Roberto Vieira (no agrupado), quienes han sido, más bien, acusados de haber incurrido en conductas que podrían arrastrarlos al desafuero.

El primero de ellos ha sido denunciado por la ex funcionaria de su despacho Paola Alave, quien afirma que fue obligada a pagar, con su sueldo y durante seis meses, 300 soles por el alquiler de un local en Tacna –región por la que el parlamentario fue elegido– que él empleaba como oficina descentralizada. Además, ha aseverado la señora Alave, en dos oportunidades tuvo que aportarle al congresista 150 soles a manera de ‘diezmo’.

Al legislador Vieira, por otra parte, que debió someterse días atrás a un peritaje de voz en el contexto de la investigación que se le sigue por la presunta solicitud de una coima de US$25 mil a cambio de una indebida gestión ante el Ministerio de la Producción, se le ha atribuido en el propio informe pericial haber utilizado un registro que “no guarda relación con las características de una conversación fluida y espontánea”. Es decir, haber tratado de arruinar la prueba.

En sus descargos, los parlamentarios han hablado de falsedades y posibles trampas tramadas en su contra. Pero si bien las acusaciones, como siempre, tendrán que ser investigadas en las instancias correspondientes antes de saltar a conclusiones, la verdad es que el reiterado síntoma de legisladores sin demasiada identificación política comprendidos en imputaciones de desvergonzada trapacería es ya motivo de alarma. Si su eventual descrédito no tendría beneficiarios a la vista, es legítimo preguntarse quién podría estar interesado en inventarles denuncias sin asidero y hacerlos el centro de conspiraciones inútiles.