La contundente mayoría congresal que votó a favor de la confianza al Gabinete Martos dos días atrás ha generado la sensación de que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo han cesado. Que 115 de los 130 integrantes de la representación nacional le ofrezcan su respaldo al nuevo presidente del Consejo de Ministros y a su equipo sugiere, en efecto, que, después de las tormentas de los últimos meses, la sintonía entre los dos poderes estaría pasando por un buen momento.
Tal impresión, sin embargo, podría ser engañosa. Como se sabe, en la caída del Gabinete Cateriano, hace apenas diez días, pesaron tanto los intereses de un sector del Parlamento vinculado a los centros educativos bajo vigilancia de la Sunedu como las resistencias ideológicas a lo poco que queda del modelo económico de parte de otro. Y la verdad es que ninguno de esos dos factores de perturbación ha dejado de existir en el palacio de la plaza Bolívar.
De hecho, es legítimo plantear que cada uno de ellos es la razón principal por la que se han pedido las interpelaciones del ministro de Educación, Martín Benavides, y la titular de Economía, María Antonieta Alva, respectivamente. Mientras la primera de esas interpelaciones debe producirse hoy, la segunda es todavía una iniciativa pendiente de aprobación, pero el tono en que han aludido la gestión de la señora Alva los voceros de distintas bancadas hace pensar que es muy probable que aquello será solo un trámite de resultado previsible.
Ocurre, entonces, que quizás hayamos cambiado simplemente de un escenario de confrontación total entre Ejecutivo y Legislativo a uno de conflictos “focalizados” que, a la larga, podría desencadenar la misma consecuencia. Esto es, la de un bloqueo de las labores del Gobierno desde el Congreso en una coyuntura en la que las acciones rápidas son indispensables.
Por supuesto que el derecho de la representación nacional de ejercer sus funciones de fiscalización y contrapeso, aun en medio de la pandemia, no está aquí en tela de juicio. Lo que se tiene que verificar, no obstante, es la legitimidad de los motivos esgrimidos en cada caso para la interpelación y eventual censura de los integrantes del Gabinete comprendidos en las iniciativas que nos ocupan. La pregunta que corresponde hacer, por lo tanto, es si los cuestionamientos recogidos en el pliego interpelatorio al ministro Benavides y los que se anticipan a la ministra Alva tienen que ver con su desempeño en tanto responsables de las carteras que administran o, más bien, con los problemas de intereses y diferencias ideológicas que señalábamos antes.
En lo que concierne al titular de Educación, por lo pronto, la lectura del referido pliego hace evidente que se lo lleva al Parlamento por haber encabezado la Sunedu antes que por los asuntos en que pudiera haber marrado una vez que se ajustó el fajín. Y todo hace sospechar que con la titular del MEF lo que se pretendería sacudir sería esencialmente las bases de toda sensatez en la gestión de las finanzas del país, en lugar de averiguar, por ejemplo, por qué la distribución de los bonos para paliar los efectos de la cuarentena fue tan lenta y limitada.
En ese sentido, es fundamental que la prensa y la opinión pública estén pendientes del proceder del Congreso, tanto hoy, con ocasión de la interpelación al ministro Benavides, como en los próximos días o semanas cuando la que se ha solicitado para la ministra Alva eventualmente tenga lugar. De nada servirá el respaldo otorgado recientemente al equipo que conduce el primer ministro Martos si luego, por razones espurias, se busca entorpecer la acción del Ejecutivo en determinadas áreas. La confianza expresada dos días atrás en el voto mayoritario de los legisladores no puede ser un evento episódico o aislado; literalmente, tiene que extenderse.