Editorial: Inseguridad en el gasto

No solamente nos está ganando la delincuencia común. Nos está ganando, sobre todo, nuestra ineficiencia administrativa. Hace unos días, el congresista Juan Carlos Eguren (PPC) notó que hasta la fecha solo se había gastado 21,5% del presupuesto asignado para adquisición de activos no financieros (es decir, inversión) del Ministerio del Interior, según cifras del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Estos datos fueron luego cuestionados por Leoncio Delgado, viceministro de Gestión Institucional del mismo pliego. Delgado afirmó que el ministerio había ejecutado más de la mitad del presupuesto asignado a inversiones, y que el detalle de esto se podía encontrar en la base de datos del MEF “en el rubro de proyectos”. Lo cierto, sin embargo, es que la información oficial del Estado en el portal de transparencia respalda las afirmaciones del congresista Eguren y da cuenta de cómo, por ejemplo, de los S/.15 millones comprometidos en el 2015 para equipar a las Policía Nacional del Perú (PNP) en el Vraem a la fecha se ha invertido cero.

En el caso del Ministerio del Interior, los activos en los que se ha dejado de invertir en general son las comisarías, las oficinas, los laboratorios y otras instalaciones, así como en el equipamiento para que funcionen. En la situación de inseguridad ciudadana en que vivimos, resolver la incapacidad administrativa para la ejecución del gasto debe convertirse en prioridad.

Los gastos en activos no financieros relacionados con la reducción de los delitos por tráfico ilícito de drogas se han podido ejecutar hasta en 84,2% del presupuesto asignado, al momento. Los gastos respectivos relacionados con la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, solo en 21,1%. El Ministerio del Interior tiene que averiguar qué hace que funcione tan bien la ejecución presupuestal de activos para combatir el tráfico de drogas. Debe hacerlo para trasladar a la seguridad ciudadana esa misma capacidad administrativa.

En la PNP no se necesitan, pues, solo policías. Se necesitan, también, administradores que sepan luchar contra las barreras burocráticas. En el caso del sector Interior, ese déficit está costando que los delincuentes roben, asalten, extorsionen y acorralen a los ciudadanos, cuando no que los hieran o maten. Y del prometido ingreso del sector privado a través del mecanismo de Obras por Impuestos a la provisión de infraestructura para el sector aún no se ha escuchado mayor avance.

La Contraloría General de la República detectó, en una pequeña muestra, las necesidades clamorosas de las comisarías. En las de El Agustino y Villa El Salvador, por ejemplo, los chalecos antibalas, los cascos, pistolas y revólveres datan de hace veinte años. Y si esas son las condiciones de las comisarías en la capital, poco se puede esperar de las comisarías en lugares remotos del país.

El despliegue policial para la Reunión Anual de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial evidencia que sí se puede organizar a los efectivos. Se requiere, obviamente, un nuevo diseño de la distribución de su trabajo. No es fácil y hay que vencer muchos problemas, pero es claro lo que hay que hacer.

En el ránking elaborado por el congresista Eguren en relación con el retraso de ejecución presupuestal para la compra de activos, el Ministerio del Interior está en el puesto 17, solo por encima del Ministerio del Ambiente y del de Desarrollo e Inclusión Social. No es casual, tampoco, que el sector Justicia se encuentre en el puesto 16, con solo 22% de ejecución.

Resulta revelador que la administración de la justicia y la seguridad ciudadana sean de los sectores donde menos interés se pone en la ejecución de un presupuesto aprobado y para el que hay recursos. Ya no es la falta de ingresos lo que atenta contra las mejoras; es la falta de capacidad en el sector público para administrarlos.