Editorial: La inversión en el diálogo

Hace unos días, el Banco Central de Reserva anunció que la inversión privada empezará a recuperarse en el 2015. Aunque esta pudiese parecer una noticia auspiciosa, no deberíamos guiarnos solamente por los montos involucrados (que ascienden a US$31.000 millones), sino por el gran reto que significa lograr que estos proyectos se ejecuten a tiempo y se conviertan en una realidad para los peruanos. 

Así, por ejemplo, tendríamos que recordar que muchos de los paquetes de medidas que, en un intento por reactivar la economía, envió el Ejecutivo al Congreso con la finalidad de acelerar trámites y procesos para la inversión siguen aún esperando un voto favorable. Y el simple hecho de que estas iniciativas no sean aprobadas podría tener como consecuencia que muchos proyectos de infraestructura de vital importancia para el país queden entrampados en una maraña burocrática.

Por ello, para que nuestra economía vuelva a alzar vuelo es importante que el presidente aborde frontalmente el tema de la promoción de la inversión en el diálogo convocado para este lunes, pues en la medida en que el gobierno, junto con los principales partidos de oposición, no desarrolle una agenda consensuada, los proyectos corren el grave riesgo de naufragar, lo que afecta los bolsillos no solo de los empresarios, sino de todos los peruanos. 

Este consenso es, por cierto, relevante en este particular momento de nuestra historia, pues en ningún otro período se han adjudicado tantos proyectos como en el actual. Por ejemplo, solo en asociaciones público-privadas (APP), Pro Inversión adjudicó en el 2014 más de US$11.000 millones, lo cual representa un incremento de 134% respecto al 2013. Entre los proyectos más importantes se encuentran el gasoducto sur peruano, la línea 2 del metro de Lima, el aeropuerto internacional de Chinchero, el terminal portuario General San Martín de Pisco y la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos. Algunos de estos incluso ya empezaron a ejecutarse, pero aún tienen varios años por delante y otros deben empezar en el corto plazo enfrentando así una serie de barreras que generan demoras, poca predictibilidad y desconfianza.  

Entre los problemas que encuentran estos proyectos están, por solo citar un ejemplo, la liberación de terrenos debido a procedimientos innecesarios para que el Estado pueda obtener su propiedad o defectuosos diseños en los contratos de concesión. En estos últimos suele ocurrir que una vez que el Estado se compromete a entregar determinados terrenos, los procesos de expropiación suelen ser tan complejos y lentos que este termina siendo forzado a firmar una serie de adendas que lo único que logran es retrasar el inicio de la ejecución. Baste recordar, como ejemplos de esto, los proyectos de la segunda pista en el aeropuerto Jorge Chávez o la línea 2 del metro de Lima.  

A esto habría que sumarle, como ocurre particularmente con las líneas de transmisión y las vías nacionales, que el procedimiento para obtener derechos de servidumbre es también sumamente complejo. Esto porque la falta de claridad en los plazos, las reiteradas consultas a entidades involucradas y la excesiva discrecionalidad que tienen los sectores responsables los hacen túneles sin aparente salida. No podemos dejar de mencionar, además, los permisos en los gobiernos regionales, estudios de impacto ambiental y opiniones (vinculantes o no vinculantes) de diversos organismos estatales que muchas veces se manifiestan fuera de tiempo, no se pronuncian u opinan fuera de sus competencias. En esa línea, hace algunos días escuchábamos cómo el nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) declaraba a este medio que “el Ministerio del Ambiente solo sabe decir que no a las inversiones”. 

Por todo lo anterior, este diálogo es una oportunidad importante para voltear la página de los insultos y reflexionar sobre la importancia de la inversión para que nuestra economía siga creciendo. Lo que todos nosotros debemos entender es que estos proyectos van a acortar las brechas de infraestructura, generar empleo y elevar nuestra calidad de vida y, por ello, no deben ser tomados con ligereza. Sería penoso para todos los peruanos que, por unas rencillas políticas, se nos prive de estos grandes beneficios.