Editorial: Sálvese quien pueda

Ad portas de la segunda vuelta electoral, los representantes de Fuerza Popular (FP) y Peruanos por el Kambio (PPK) han centrado sus esfuerzos en atacarse entre sí –cuando no al plan de gobierno del contrincante– más que en exponer sus propuestas y la viabilidad de las mismas con claridad.

Dentro de los reducidos espacios disponibles para un verdadero intercambio de ideas como lo fueron los debates de los dos últimos domingos, tanto los bloques temáticos como los mensajes de apertura y cierre obviaron un tema tan cardinal como postergado por los últimos gobiernos: la reforma del sistema de justicia. 

Esto no quiere decir que temas como reactivación de la economía, descentralización y competitividad regional, o inversión en la infraestructura no sean trascendentales, pero omitir el componente de la necesaria reforma de la administración de justicia tiene un inevitable efecto obstaculizador para el crecimiento (no solo económico) del país. 

Conviene cuestionarse, por ejemplo, por qué a pesar de haber tenido un crecimiento anual promedio del PBI de 5,6% en los últimos diez años y ocupar la posición 50 (de 189 países) en el ránking Doing Business del Banco Mundial (2015), el Perú sigue siendo considerado un país de Tercer Mundo. ¿O por qué no llegamos a un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,83 como nuestros vecinos Argentina y Chile? Estamos seguros de que no hay una sola explicación a esta situación, pero algún inicio de respuesta podemos encontrar en aquella que dio el padre de un joven universitario baleado hace unas semanas a la interrogante de por qué no denunciaría el abominable delito: porque “al final no pasa nada”...

En nuestro país, el Poder Judicial y la justicia no son instituciones, son dos conceptos que solo habitan en el imaginario popular, y el primero de ellos, para gran parte de los ciudadanos, es sinónimo de corrupción. En efecto, según la Encuesta Nacional sobre Corrupción del 2015 de Proética e Ipsos, el Poder Judicial es percibido como la institución más corrupta del país (47%). Además, el 61% consideró que la corrupción de funcionarios y autoridades es uno de los principales problemas específicos del Estado. 

En una democracia, la calidad de la administración de justicia es un factor determinante tanto en el desarrollo humano como en el crecimiento del país. Por ejemplo, aquellos países percibidos como menos corruptos (según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional del 2015) son, coincidentemente, los que tienen un mayor nivel de ingresos per cápita e, inversamente, los más corruptos son aquellos con menores ingresos. Asimismo, los 25 países más ricos del mundo son también de los mejor evaluados por el Foro Económico Mundial en cuanto a independencia del Poder Judicial, con un puntaje por encima de 4,5 sobre 7 puntos posibles (a manera de referencia, el Perú tiene 2,8). Pero no es solo que los países más ricos tienen un mejor sistema judicial porque tienen más dinero, sino que la relación es causal hacia el otro lado. Trabajos internacionales estiman que si un país pasa de tener un Poder Judicial totalmente dependiente a uno totalmente independiente, su tasa de crecimiento del PBI se incrementa en 1,3 puntos porcentuales por año.

Pero esto trasciende el enfoque macroeconómico. Sin una correcta administración de justicia, los funcionarios corruptos saben que pueden hacer una carrera entera sin ser sentenciados; los ciudadanos sabemos que podemos ser asaltados o asesinados en cualquier esquina pues los delincuentes no serán atrapados o, si lo son, saldrán nuevamente a las calles en 24 horas; el pequeño empresario que será objeto de extorsiones y cuotas pues no tiene protección; el dueño de un carro que nada ganará denunciando al conductor que lo chocó y fugó; el informal que podrá seguir incumpliendo las normas; el periodista que podrá terminar en la cárcel por su sola opinión.

Y mientras las ofertas de quien podría ser nuestro próximo presidente se limiten a las superficiales recetas expuestas en el último debate, como “muerte civil a los corruptos” o “independencia de la procuraduría anticorrupción”, estaremos resignados a seguir viviendo en un país donde nadie está a salvo de “sufrir” la justicia.