Editorial: A pedido de la hinchada

El jueves de esta semana, el vocero de la bancada de Fuerza Popular (FP), Daniel Salaverry, anunció que los legisladores naranjas Bienvenido Ramírez y Maritza García habían sido retirados de la Comisión Permanente. En declaraciones a la prensa y a través del Twitter, precisó que la decisión obedeció a un “pedido mayoritario de congresistas” de su grupo parlamentario y a un acuerdo del pleno del mismo, adoptado el martes.

Como se sabe, esos dos parlamentarios fujimoristas integran, junto con otros ocho, el bloque que votó en abstención la moción de vacancia presidencial que se ventiló el pasado 21 de diciembre en el Legislativo, en abierta actitud de desobediencia a la instrucción partidaria. El fracaso de la moción supuso un duro golpe político para la lideresa de FP, Keiko Fujimori, y motivó que, en la referida reunión de bancada del último martes, se resolviera someter a los diez congresistas a un proceso disciplinario. Ocho de ellos, cabe recordar, estuvieron presentes en esa reunión y, tras dar sus razones para actuar como actuaron en medio de una atmósfera previsiblemente tensa, se retiraron. Según se supo, la decisión de iniciarles el proceso disciplinario se tomó luego de su salida, pero con las supuestas garantías de que tendrían un ‘debido proceso’. Es decir, señalamiento expreso de los cargos que enfrentan, derecho a la defensa y evaluación individual de cada caso antes de determinar qué sanción merecen o si acaso merecen alguna.

Pese a que se ha afirmado que se trata de una medida cautelar hasta que se decida su destino en la bancada, el retiro de los parlamentarios Ramírez y García de la Comisión Permanente tiene todo el aspecto de ser ya una sanción y un adelanto de juicio; máxime si los argumentos que se esgrimen para explicarlo son del tipo: “Si ellos se han coludido con la corrupción, obviamente no suman a la bancada” (Hector Becerril). O si se alega una presunta responsabilidad de esos dos congresistas de haber incurrido en “actos infraternos” y de desconocimiento del liderazgo de Keiko Fujimori (Luz Salgado). Apunta en ese mismo sentido, asimismo, la circunstancia de que ellos hayan sido, después de Kenji, los más desafiantes en sus declaraciones públicas sobre la dirigencia partidaria. ¿O se ha separado a todos los congresistas sometidos al proceso disciplinario de las comisiones a las que pertenecen?

Llama la atención, por otra parte, que al aludir al origen de la iniciativa el legislador Salaverry –que, en tanto vocero de la bancada, fue quien tuvo que hacerla efectiva– mencione un impreciso “pedido mayoritario de congresistas de FP”, que sería como decir que la separación se ha producido a pedido de la hinchada.

Cierto es que luego ha aparecido un documento firmado por más de 50 miembros del grupo parlamentario expresando esa demanda, fechado el 9 de enero, y que Salaverry sostiene que, en realidad, la decisión fue sometida a consideración del pleno de la bancada en la reunión del martes y fue aprobada por unanimidad. Ramírez y García no se habrían enterado, afirma, porque se retiraron de la cita antes de que terminase. Pero es curioso que a lo largo del miércoles nadie de FP diera cuenta de la determinación (la noticia, como apuntábamos al principio, recién se divulgó el jueves).

No se discute aquí, debe quedar claro, el derecho de cada bancada de asignar y retirar a los representantes que les parezca a cada comisión, sino la condición de condena anticipada y tumultuosa que dan la impresión de tener estos retiros en particular. Una condición que va obviamente a contramano del apego al ‘debido proceso’ declarado por quienes han impulsado la medida.

El respeto a la institucionalidad, podría reclamarles alguien, empieza por casa.