El indulto en campaña, por Patricia del Río

En la campaña del 2011 era casi un suicidio plantear el indulto de Alberto Fujimori. Y no era para menos. Fujimori había llegado al Perú, extraditado de Chile, en setiembre del 2007. En diciembre de ese mismo año, empezó un largo juicio en que los peruanos vimos a testigos, colaboradores eficaces, y víctimas, dar detalles de las múltiples maneras en las que se quebró la ley durante el régimen fujimontesinista. Ni el grito del padre de la hoy candidata de Fuerza Popular, clamando inocencia, ni los esfuerzos de sus abogados pudieron evitar la retahíla de condenas que le fueron cayendo. A Fujimori se le condenó a seis años de prisión por haber allanado ilegalmente una vivienda para robar videos que supuestamente lo relacionaban a la corrupción; a siete años por entregarle ilegalmente 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos; a 25 años de cárcel por su participación mediata en los casos de Barrios Altos y La Cantuta; a seis años de prisión por cargos de soborno, espionaje telefónico y la compra irregular de un medio de comunicación. Finalmente, el año pasado el ex presidente de la “honradez, tecnología y trabajo” recibió una condena de ocho años por comprar la línea editorial de los diarios chicha. En resumen, a Alberto Fujimori lo condenó la justicia por robar, sobornar, chantajear y permitir que otros mataran. Así de grave.

Qué ha pasado hoy, cinco años después. Judicialmente, no mucho, la sentencia ha sido ratificada en todas las instancias pertinentes. Políticamente sí ha corrido mucha agua bajo el puente: Keiko Fujimori perdió las elecciones del 2011, el fujimorismo inició una campaña que intentaba demostrar lo precaria que era la salud de Alberto Fujimori (¿se acuerdan de la foto convaleciente en cama?) y Ollanta Humala le negó el indulto al ex mandatario.

Así las cosas, Alberto Fujimori llega a la campaña del 2016 mucho más viejo e igual de culpable que a la de hace cinco años. La ciudadanía ha desarrollado hacia él un sentimiento de lástima (hay que decirlo) que hace que poco más del 50% apruebe su indulto. Sin embargo, esta realidad, que debería ser evaluada con frialdad, por un equipo de médicos independientes, ha entrado en campaña, y ha evidenciado las contradicciones y conveniencias de nuestros candidatos a la presidencia. 

Por un lado, está Keiko Fujimori, quien tiene la postura más complicada: ella que ha clamado siempre por la inocencia de su padre y que sostiene que la sentencia es fraudulenta se niega rotundamente a indultarlo. Es decir, como no le conviene electoralmente, se rehúsa a dejar en libertad a quien ella considera que solo cometió “errores”. 

Por otro lado, están los oportunistas que buscan votos fujimoristas: Lourdes Flores, Daniel Urresti y Nano Guerra García quieren mandarlo a casa con arresto domiciliario. Más cautos y esquivos, César Acuña y Alejandro Toledo señalan que están dispuestos a evaluar en su debido momento la figura del perdón.

Ya sea con entusiasmo o con pudor, lo cierto es que el tema de la posible libertad del presidente más corrupto de la historia del Perú ha dejado de ser un tema de conciencia, un tema de humanidad que debe tener la evaluación más limpia y objetiva de todas, para convertirse en una oferta de campaña. En una moneda que compra votos y simpatías a costa de la historia de nuestro país. Y, hay que decirlo también, a costa de los derechos de un ser humano, que nos caiga bien o mal, merece que su libertad no se oferte a mejor postor como quien ofrece agua para todos o precios bajos para las amas de casa.