Congreso cambia la Ley Forestal que promovería la deforestación: claves de los cuestionamientos

El proyecto de ley, que reunía tres iniciativas presentadas por parlamentarios de Perú Libre, Acción Popular y Alianza para el Progreso desde el 2021, había sido observado por el Ejecutivo en agosto del año pasado al considerar que ponía en riesgo la protección de los bosques, la biodiversidad y, especialmente, en los derechos de los pueblos indígenas. En marzo se volvió a debatir y se archivó, pero el jueves regresó repentinamente a la agenda del Pleno tras el pedido de reconsideración de la congresista fujimorista Nilza Chacón Trujillo.

Tras un debate en el que participaron apenas tres congresistas, el proyecto se aprobó con 69 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones. María Zeta Chunga (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Agraria, defendió la propuesta legislativa al señalar que permitía dar estabilidad del sector agrario y garantizar su seguridad jurídica. Sin embargo, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, advirtió que las modificaciones desconocen el derecho a la consulta previa y significa una amenaza a zonas de protección y conservación ecológica.

Al respecto, la Confiep había instado al Congreso a la discusión y análisis del mencionado proyecto. En una carta enviada el miércoles al presidente del Parlamento, Alejandro Soto, se resalta que iniciativas como estas no solo “garantizan la seguridad jurídica a los agricultores ya establecidos, sino que también procuran una armonización necesaria con normativas internacionales, como la reciente normativa europea de importación cero deforestación”.

En ese sentido también resaltaron “el enfoque equilibrado de estas propuestas legislativas no promueve la deforestación futura ni afecta áreas forestales intactas, sino que busca regularizar actividades ya existentes en terrenos degradados”. No obstante, hay muchas críticas también.

El proyecto aprobado modifica el procedimiento de la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) y las autorizaciones de cambio de uso para actividades agropecuarias. En concreto se modifican dos artículos: en el artículo 29 se establece que los bosques de producción permanente ya no serán establecidos por el Ministerio del Ambiente (Minam) sino por el de Agricultura (Midagri). Mientras que en el artículo 33 también se cambia que la aprobación de la zonificación forestal ya no sea por el Minam sino por Midagri, en base a un expediente técnico elaborado por el Gobierno Regional y opinión previa de Minam.

Asimismo, en sus disposiciones complementarias transitorias, se suspende la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha advertido que en la práctica se legitima la deforestación porque permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, incumpliendo compromisos internacionales ante el cambio climático. En un pronunciamiento, indicaron que, al sustituir la clasificación de tierras por una simple declaración legal y eliminar lo estudios de clasificación, se permite que “las tierras forestales y de protección dejen de ser automáticamente patrimonio forestal de todos los peruanos y entren al régimen agropecuario para ser legalizadas en favor de quien las deforestó”.

SPDA recordó que, de acuerdo con datos del Ministerio del Ambiente (Minam), la pérdida de bosques alcanzó para el 2020 una superficie mayor a 200 mil hectáreas. “El 80% de este territorio fue destinado para la agricultura y ganadería, pese a que no eran tierras aptas”, indicaron,

La asociación Conservación Amazónica (ACCA) también ha levantado su protesta al advertir que representa una amenaza para la institucionalidad forestal y compromete el equilibro del bosque amazónico. Mientras que la organización indígena Aidesep, que reúne a 2.439 comunidades nativas, 109 federaciones y 9 organizaciones regionales, cuestiona que la aprobación se haya realizado “entre gallos y medianoche, y aprovechando la crisis política y social que enfrenta el país”. En un comunicado, denunciaron que se ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas y pone en grave riesgo a los bosques frente a amenas de tala ilegal, agricultura y minería ilegal, tráfico de tierras, entre otras. Recordaron que precisamente por la defensa de los bosques hay más de 30 líderes indígenas asesinados en los últimos años.

“Lo más lesivo de esta modificatoria es el cambio de uso de tierra con fines forestales y de tierras con fines de protección para fines agropecuarios, que se realizaba de manera excepcional y cumpliendo reglas técnicas. Sin embargo, ahora se podrá realizar cambios “legalmente” sin respetar criterios técnicos, haciendo impune el atentado contra los bosques, que nos protegen de los impactos de la crisis climática”, denunciaron.

A esto se suma un pronunciamiento ciudadano, que incluye a los exministros de Ambiente Manuel Pulgar Vidal y Gabriel Quijndría, en el que se alerta que es posible que también se apruebe el proyecto de reapertura del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), “que continuaría la impunidad de la minería ilegal”.

Para tener una idea del impacto en los bosques por la minería ilegal, solo en Madre De Dios se perdieron entre enero y febrero de este año más de 166 hectáreas de bosque. Mientras que, según el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP), solo en 2021 y 2022 se estima una deforestación minera de 11.200 hectáreas en el corredor minero que cuenta con un total de 498.296 hectáreas.

Para Juan Manuel Benitez, exministro de Agricultura, la Ley Forestal actual requería ajustes porque permitía la deforestación “legal” mientras establecía restricciones sobre cambios de uso de suelo, limitando el desarrollo agrícola. “Desde el 2011, cuando se aprobó la ley, se han perdido 1,8 millones de hectáreas de bosque así que no ha sido la solución para controlar la deforestación. La ley actual tiene un mecanismo para deforestar de forma legal. Si se tiene una tierra con bosque en pie, pero el suelo es agrícola se puede deforestar hasta un 70%. En Perú tenemos 10 millones de hectáreas deforestadas, pero solo 2 millones se usan para agricultura. Hay 8 millones que exceso de tierra que no se usa”, dijo a El Comercio.

En su opinión, la puesta en valor de las tierras donde ya no hay bosque mejorará las condiciones de miles de familias que se dedican a la producción de café, cacao, palma aceitera, entre otros. “La única forma de luchar contra la deforestación es la pobreza. Lo que arrastra a las personas a actividades ilegales es la falta de oportunidades. Se hace una defensa desde lo ambiental sin mirar los otros dos componentes de la sostenibilidad, que son el desarrollo social y económico”, señaló.

De todas formas, considera que en la modificación sí era necesario incluir algunos “candados” para asegurar que no se titulen nuevos bosques para que no sea un incentivo a la deforestación. “No se necesita más titulación de tierras porque hay 8 millones de hectáreas ya deforestadas que están disponibles. No se tiene que tocar un solo árbol más”, añadió.

Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional de Café (JNC), coincide en la necesidad de cambiar la normativa vigente para facilitar la titularidad de pequeños productores. “La norma forestal implicaba una expropiación a los pequeños productores que habían heredado las fincas de sus padres o abuelos, pero que por diversos factores y limitaciones del Estado no se titulaban”, dijo a este Diario.

Esto, añadió, va en línea con la exigencia de la Unión Europea (UE) para que los productos agrícolas como el café cuenten con garantía de que no provengan de zonas deforestadas, y que sean tierras reconocidas por el Estado.