El diálogo se mantiene pero el conflicto continúa en el lote 192

Hace 21 días no se produce ni un solo barril de petróleo de los 10.000 que abastece diariamente el lote 192 (en Loreto), considerado la reserva de crudo más importante del país. Desde el 18 de setiembre, cientos de indígenas pertenecientes a 16 comunidades nativas mantienen tomadas las instalaciones de Frontera Energy (empresa operadora del lote).

Dos días antes de que iniciara esta medida, el Gobierno rechazó el pedido de realizar un proceso de consulta previa frente a un futuro contrato de explotación petrolera de 30 años en el mencionado lote. Según ha explicado el Ejecutivo, “hasta la fecha no existe una nueva medida administrativa en el lote 192” que justifique una consulta ante posibles afectaciones.

—Los motivos de la protesta—
Esta historia tiene varios matices. Por un lado, los nativos representados en cuatro federaciones de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre exigen la consulta previa, al considerar que es la mejor herramienta para asegurar la remediación ambiental (tras el impacto de 40 años de actividad petrolera) y una garantía para comprometer al Gobierno a cumplir con un plan de desarrollo de la zona que, según dicen ellos, no ha sido cumplido con el mismo ritmo con que se impulsaron esas promesas.

En este contexto, las relaciones de las comunidades con el Gobierno se han agravado por los constantes derrames de petróleo en la selva. Petro-Perú asegura que varios de estos derrames han sido provocados por terceros, aunque lo mismo indican las comunidades de estas zonas.

“El paro continúa porque las propuestas que trajo a Andoas la comisión del Ejecutivo no fueron aceptadas por el pueblo. Ellos quieren que el Gobierno les garantice una consulta sobre el nuevo contrato”, dijo a El Comercio el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino.

El líder indígena cuestionó que el Ejecutivo justifique la negativa a la consulta previa en el hecho de que no haya nuevas afectaciones, pues, según dijo, las consecuencias de los derrames de petróleo son palpables. “Días después de que llegó la comisión, se registró un nuevo derrame. Aún tenemos las consecuencias en las comunidades de 12 de Octubre, Antioquía y José Olaya”, comentó Chino.

—Postura oficial—
La reunión que menciona Chino se realizó el sábado 28 de setiembre en la comunidad de Nuevo Andoas entre los dirigentes indígenas y una comisión liderada por el viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha.

En la cita, que tuvo paradójicamente como escenario el aeródromo de Andoas (hoy tomado por los indígenas), se estableció una metodología de trabajo entre el Ejecutivo y las comunidades. De hecho, en las últimas dos semanas ambas partes han intercambiado borradores de propuestas en favor de las comunidades, en el radio de influencia del lote 192. Aún no se llega a un consenso.

“Estamos explicando en un diálogo abierto el proceso y la oportunidad de la consulta previa. Para ello estamos unificando criterios y conceptos para entender las percepciones sobre los escenarios que requieren consulta previa. Mantenemos permanente coordinación con los apus y los asesores de las comunidades para garantizar el respeto a los derechos y la integridad de las personas durante la medida de protesta adoptada”, declaró Fernández-Concha a este Diario.

Tras la toma de las instalaciones del lote 192, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) asumió directamente el tratamiento del conflicto. Antes, las conversaciones a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) no evitaron que estallara la protesta. A inicios del año, las federaciones de los ríos Pastaza y Corrientes enviaron formalmente ante este sector el pedido para realizar un nuevo proceso de consulta previa. Según la versión de las comunidades, la decisión se tomó tras conocer que informalmente se habrían iniciado los preparativos para un nuevo contrato por 30 años para la exploración y explotación en el lote.

El 9 de junio, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Minem respondió que en este caso no aplica un proceso de consulta previa, debido a que continúa vigente el contrato de servicios con Frontera Energy. Es decir, no hay una nueva medida administrativa (contrato) que varíe los términos ya autorizados por las comunidades en el proceso de consulta previa del 2015.

Esta postura fue confirmada el 15 de setiembre por el Viceministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, que declaró improcedente la apelación presentada por las comunidades. El propio viceministro Alfredo Luna dijo que se había actuado “de forma técnica y legal”.

Por su parte, Ángela Acevedo, directora general de la oficina de Derechos de los Pueblos Indígenas del Mincul, comentó que esta decisión no implica una negativa ante un futuro proceso de consulta. De acuerdo con su explicación, la consulta previa procede solo ante una nueva medida administrativa, que en este caso se concretaría con una propuesta de decreto supremo que defina los nuevos términos del contrato.

—Aumenta la tensión—
Días atrás, la empresa Frontera Energy quebró su reserva para expresar su preocupación por los 120 colaboradores que aún no pueden salir de la zona, debido a la toma del aeródromo de Andoas, puerta de ingreso al lote. La empresa ha solicitado a las autoridades que se garantice el ingreso de un vuelo para el recambio de personal.
Frontera Energy mantendrá su contrato de explotación hasta febrero del 2019, el mismo que se prolongó por unos meses más por el cierre del Oleoducto Norperuano, tras los constantes derrames de petróleo registrados entre este y el año pasado.

La situación en el lote, además, forzó una aclaración pública de la empresa estatal Perú-Petro que, a través de un comunicado, sostuvo que no se han definido todavía las condiciones del contrato en el lote, como se estuvo especulando.

-Consulta previa y pasivos ambientales-

Cuestionaron consulta
El 2015, el gobierno del ex presidente Ollanta Humala anunció que se había aprobado la consulta previa sobre el lote 192. El acuerdo se selló con la firma de dos de las cuatro federaciones que participaron en el proceso. Dirigentes nativos como Carlos Sandi (de la cuenca del río Corrientes) y Alfonso López (de la cuenca del Marañón) desaprobaron el cierre de esa consulta y consideraron que el Ejecutivo había impuesto condiciones. “Esta no es una lucha a favor de ninguna empresa, sino por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas que han sido vulnerados por 40 años”, dijo en su momento Sandi.

Pasivos de Pluspetrol
Al término de su contrato de explotación, en agosto del 2015, la empresa Pluspetrol Norte dejó el lote 192 (antes llamado lote 1AB). Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la empresa abandonó la zona sin cumplir con la remediación ambiental ordenada por esta entidad. De acuerdo con las autoridades, se han registrado más de 2.000 pasivos ambientales y 92 sitios contaminados producto de la actividad que realizó esta compañía.