JNJ: Fiscalía realiza diligencias en cevichería y gimnasio donde trabajaron funcionarios cuestionados

El Ministerio Público acudió a los locales de la cevichería “La tremenda corte” y el gimnasio “Millenium” como parte de las investigaciones por presuntas contrataciones irregulares dentro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En redes sociales, informaron que la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima realizó una inspección de documentos e incautación de estos mismos en los locales vinculados a funcionarios que ingresaron a trabajar en la Dirección de Servicios Disciplinarios de la JNJ.

“En ambos establecimientos se ha solicitado la planilla de trabajadores durante los años 2020 - 2023, así como el acta de constitución de empresa de cada local comercial, entre otra documentación que pueda acreditar la contratación de dicho personal en la JNJ”, informó el Ministerio Público.

El reportaje de “Punto final” emitido este domingo 19 de noviembre reveló que unos trabajadores de la junta habrían ingresado a trabajar de manera irregular al presentar todos antecedentes laborales similares, empezando por Frank Fernández Echevarría .

Este analista presentó en su currículum vitae una constancia de trabajo como abogado de la cevichería “La tremenda corte” y trabajador del área legal de “Millenium”. Poco después, se comenzaron a realizar otras contrataciones de otros extrabajadores de los dos locales.

Johan Castillo de la Cruz, fundador de “La tremenda corte”, obtuvo una orden de servicio y un contrato CAS entre 2021 y 2022. Al finalizar su contrato, su hermana Linda Castillo de la Cruz fue contratada en la JNJ. Ella, pareja de Frank Fernández, también fue abogada de “La tremenda corte” y “Millenium”. Casos similares se detectaron en Claudio Valdera y Rayan Calderón, ambos extrabajadores del área legal de “Millenium”.

Ante este reportaje y el inicio de las investigaciones fiscales, la JNJ ordenó “el desplazamiento” de la jefa de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, Marielka Nepo Linares, y de tres servidores contratados bajo el régimen CAS hasta que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios culmine la investigación, además de la revisión de todos los contratos CAS y de locación de servicios efectuados en esta área.

Además, informó que se ha dado por terminado el contrato de la locadora de servicios mencionada en el reportaje, y que otras tres “personas aludidas” han dejado de laborar en la institución entre diciembre de 2021 y agosto de 2023.