"Es un mal precedente que hayan blindado a César Hinostroza"

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Richard Acuña criticó la decisión adoptada, por mayoría, en la Comisión Permanente que excluyó el presunto delito de organización criminal de los cargos contra el suspendido juez supremo César Hinostroza.

"Es un mal precedente como Parlamento que hayan blindado a Hinostroza cuando existen audios que lo involucran directamente. [...]  Lo cubrieron y no fue considerado parte de una organización criminal. Esto perjudicará la investigación que se lleva en Fiscalía", sentenció el legislador en su cuenta de Twitter.

En la Comisión Permanente, se decidió que se votaría, uno por uno, cada infracción constitución y denuncia penal que el informe consideraba contra César Hinostroza. Casi todas fueron aprobadas por voto unánime, pero solo ocho congresistas votaron a favor de acusar al juez supremo por la presunta comisión de delito de organización criminal.

"APP no quedó satisfecho con lo que significó la votación de cada uno de los casos, iniciando con el señor César Hinostroza. Ha sido lamentable que ayer, el partido de Gobierno con Fuerza Popular haya definido que él no sea considerado como parte de una organización criminal", declaró el congresista a RPP.

En total, fueron 18 los congresistas que votaron para que se rechace esta imputación contra César Hinostroza, la mayoría de Fuerza Popular y el Apra.

El parlamentario de APP consideró que esta decisión pone en riesgo la investigación que llevan a cabo dos fiscales del Callao contra la banda Los Cuellos Blancos del Puerto y que consideraban a César Hinostroza como uno de los cabecillas de esta organización criminal.

"Ayer se ha tomado una mala decisión que podría determinar que el Congreso está cubriendo (a César Hinostroza)", concluyó.

Richard Acuña se refirió también a la actitud de su colega Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio, quien primero votó en contra del delito de organización criminal para luego cambiar su voto.

Contra César Hinostroza se aprobaron infracciones constitucionales, por lo que se admitió la decisión de destituirlo e inhabilitarlo de cargos públicos por 10 años. También procedieron las denuncias por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.